Juicio por contrabando contra 12 ex guardias civiles

En un clima de expectaci¨®n comenz¨® ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra 12 ex guardias civiles y otros 14 ciudadanos acusados de delitos relacionados con el contrabando de tabaco. Los hechos ocurrieron entre los a?os 1982 y 1984 en la zona de O Grove (Pontevedra), y los delitos imputados son los de contrabando, cohecho, malversaci¨®n y simulaci¨®n de delito, en el caso de los civiles, y prevaricaci¨®n y falsedad en documento oficial, por parte de los guardias civiles. El fiscal solicita penas de prisi¨®n que totalizan 260 a?os.

Asimismo pide 204 a?os de inhabilitaci¨®n especial para los miembros del instituto armado y multas que ascienden a 58 millones de pesetas. En este caso se encuentran procesados 14 guardias civiles, pero dos de ellos est¨¢n en rebeld¨ªa.En la sesi¨®n de la ma?ana declararon seis paisanos y cinco ex guardias civiles. De los primeros s¨®lo dos reconocieron su participaci¨®n en operaciones de contrabando. Afirmaron que hab¨ªan tomado parte en una descarga a cambio de una determinada cantidad de dinero sin m¨¢s implicaciones. Los guardias civiles que declararon rechazaron los delitos que se les imputan, circunstancia que se contradice con lo recogido en el sumario instruido a?os atr¨¢s.

Algunos de los encausados alegaron que aquella primera confesi¨®n hab¨ªa sido realizada "bajo presi¨®n psicol¨®gica" por parte de algunos de sus antiguos compa?eros de armas. El guardia Sim¨®n Rodr¨ªguez asegur¨® que sus compa?eros le hab¨ªan obligado a firmar una declaraci¨®n despu¨¦s de haber permanecido encerrado en un calabozo. "Recib¨ª peor trato que los etarras", afirm¨®. ?ste y otros guardias civiles acusaron a un sargento de apellido Torres de presionarles para que firmasen las declaraciones.

De acuerdo con el relato del fiscal, los hechos se remontan a 1982 cuando varios vecinos de O Grove crearon una "compa?¨ªa dedicada al contrabando de tabaco. Para evitar complicaciones se pusieron en contacto con la dotaci¨®n del puesto de la Guardia Civil de esa localidad y con otros cuatro del puesto de Sanxenxo y llegaron al acuerdo de pagar a cada uno de ellos 1.000 pesetas por cada caja de tabaco descargada. El acuerdo se realiza con el consentimiento del sargento Alejandro ?lvarez Alonso, comandante del puesto de O Grove, que reclama 20.000 pesetas m¨¢s por su colaboraci¨®n.

La red funcion¨® hasta que en abril de 1984 el guardia civil Eduardo Hermida Quintela denunci¨® los hechos. La mayor¨ªa de los guardias civiles fueron separados del Cuerpo.

Por otra parte, las esposas de los cuatro guardias civiles detenidos la semana pasada en Huelva por su presunta vinculaci¨®n con sindicatos clandestinos, informa Margot Molina, manifestaron ayer en Sevilla que las "¨²nicas pruebas" que tienen contra sus maridos son ilegales, "puesto que se trata de grabaciones hechas en los tel¨¦fonos de nuestros domicilios", seg¨²n Josefa Garc¨ªa, esposa de uno de ellos.