La 'autoamnist¨ªa' francesa

G¨¦rard Monate, veterano militante socialista de 65 a?os y ex dirigente sindical de la polic¨ªa, fue procesado el pasado d¨ªa 22 por corrupci¨®n, falsedad documental, complicidad y encubrimiento de abuso de bienes sociales. Pr¨®ximo al primer secretarlo del Partido Socialista franc¨¦s (PS), Pierre Mauroy, Monate es el hombre que maneja las claves de la financiaci¨®n oculta del PS. Su inculpaci¨®n se produce tan s¨®lo dos d¨ªas despu¨¦s de que el Gobierno de Michel Rocard aprobara un proyecto de amnist¨ªa para borrar los delitos de soborno ligados "directa o indirectamente" a la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, iniciativa que ha levantado un aluvi¨®n de cr¨ªticas en el Parlamento y en la judicatura.

Los jueces responden, pues, no s¨®lo con palabras a la autoamnist¨ªa de los pol¨ªticos y prosiguen su trabajo, aparentemente sin tener en cuenta el proyecto de la ley del perd¨®n, cuyo debate parlamentario se retrasar¨¢ hasta el oto?o. Ante el esc¨¢ndalo desatado, el Gobierno opt¨® el lunes por enfriar el horno, temeroso de las consecuencias que el anuncio pueda tener en la popularidad y en la reputaci¨®n de honestidad que adornan a Rocard.Las prisas iniciales de algunos socialistas quedan soprepasadas por la amplitud y la intensidad de las reacciones contrarias de una clase pol¨ªtica en la que nadie puede tirar la primera piedra, pero que ha preferido utilizar pol¨ªticamente el esc¨¢ndalo que acogerse a una amnist¨ªa que lava tan blanco a derecha como a izquierda.

Los socialistas, sin embargo, no han conseguido disipar la sensaci¨®n de que el perd¨®n estaba preparado b¨¢sicamente para beneficiar a los suyos.

Las prisas ven¨ªan motivadas precisamente, seg¨²n el semanario sat¨ªrico Le Canard Enchain¨¦, por el conocimiento de los avances de la investigaci¨®n judicial en el caso que ha acabado con el procesamiento de Monate y de otros dos dirigentes de Urba-Gracco, un gabinete fantasma especializado en urbanismo y montado para financiar al Partido Socialista. Monate fund¨® Urba-Gracco en 1977, trabaj¨® despu¨¦s en el gabinete del entonces ministro del Interior, Gaston Deferre, y en 1984 volvi¨® a tomar las riendas del gabinete que act¨²a de intermediario entre las empresas que obtienen los contratos de obras p¨²blicas y los pol¨ªticos que las conceden. Mediante una comisi¨®n del 0,5% sobre el total de la contrata o a trav¨¦s del pago por parte de la empresa adjudicataria de verdaderos -en este caso valorados al alza- o falsos estudios, Urba-Gracco ingres¨® unos 70 millones de francos (1.400 millones de pesetas) en 1988, de los que unos 800 millones de pesetas se calcula que han ido a engrosar la tesorer¨ªa del PS.

Comisiones millonarias

En concreto, el juez Pierre Culi¨¦ ha procesado a Monate y a sus dos empleados por la extensi¨®n de facturas falsas por valor de 50 millones de pesetas a la empresa Borie, filial de la Sociedad Auxiliar de Empresas (SAE), n¨²mero uno de la construcci¨®n en Francia. El pasado 2 de febrero, el Ayuntamiento de Marsella adjudicaba a Borie la construcci¨®n de un t¨²nel, 15 d¨ªas despu¨¦s de que, seg¨²n Le Canard, directivos de la empresa y del gabinete de estudios acordaran, en la sede central del PS en Par¨ªs, la entrega a Gracco de una comisi¨®n de 114 millones de pesetas.El juez ha procesado tambi¨¦n a Georges Farinacci, presidente del gabinete Sun-Communication, que efectuaba el mismo trabajo, pero por cuenta de Jean-Claude Gaudin, presidente del grupo parlamentario de la Uni¨®n por la Democracia Francesa (UDF), la coalici¨®n presidida por Val¨¦ry Giscard d'Estaing. Aqu¨ª, las facturas falsas ascienden a 14,6 millones de pesetas y la empresa implicada es la Sormae, otra filial de SAE.

Los cuatro nuevos procesamientos elevan a 32 el n¨²mero de implicados en el caso de la SAE y sus filiales, el mayor esc¨¢ndalo de financiaci¨®n oculta de partidos pol¨ªticos que se instruye actualmente. En el llamado caso Sormae se encuentran procesados 12 directivos de la empresa, 8 empresarios diversos y 12 pol¨ªticos, 5 socialistas y 7 de la derecha, tanto de la UDF como de la Asamblea por la Rep¨²blica (RPR).

Los investigadores estiman que la Sormae -filial marsellesa de la SAE- ha contabilizado, entre 1985 y 1988, 10,7 millones de francos (unos 214 millones de pesetas) en comisiones y pagos por trabajos ficticios destinados en ¨²ltima instancia a la financiaci¨®n ilegal de los partidos y de las campa?as electorales.

Cruce de acusaciones

La amnist¨ªa, destinada a olvidar todas estas irregularidades -excepto las que hayan servido para el enriquecimiento personal-, ha provocado un duro cruce de acusaciones entre los partidos en la Asamblea Nacional.El proyecto de los socialistas, algunos de cuyos dirigentes han denunciado la "hipocres¨ªa" de sus adversarios, ha sido apoyado s¨®lo parcialmente por la UDF y rechazado con gran esc¨¢ndalo por el RPR y el Partido Comunista Franc¨¦s (PCF). Los comunistas se han mostrado dispuestos, por primera vez, a apoyar una moci¨®n de censura contra el Gobierno ante el intento, en palabras de Jacques Toubon (RPR), de "reemplazar el veredicto de los jueces por el voto de los diputados socialistas".

Del mismo tenor es la reacci¨®n del Sindicato de la Magistratura, que ha denunciado mediante una declaraci¨®n un proyecto que "constituir¨ªa una traba inadmisible al funcionamiento normal de la justicia, as¨ª como una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Gilbert Thiel, encargado de la investigaci¨®n de otro caso de facturas falsas descubierto en Nancy (noreste de Francia), ha declarado ir¨®nicamente al diario Lib¨¦ration que confiaba en que el proyecto, "inconfesable operaci¨®n de autoblanqueo de la clase pol¨ªtica", no fuera debatido en la noche del 4 de agosto, cuando se cumple el bicentenario de la abolici¨®n de los privilegios por la Revoluci¨®n Francesa.

En el caso instruido por el juez Thiel en Nancy est¨¢ procesada una veintena de personas por desv¨ªos de fondos que suman unos 20 millones de francos (unos 400 millones de pesetas) relacionados con la concesi¨®n de obras p¨²blicas y la instalaci¨®n de hipermercados. En noviembre de 1988, el juez a?adi¨® a los cargos la acusaci¨®n de tr¨¢fico de influencias ante la sospecha de que el dinero hubiera servido para financiar partidos, pero hasta el momento ninguno de los implicados lo ha reconocido.

El hombre clave del asunto es el peque?o empresario Andr¨¦ Gusa?, miembro del RPR, que extend¨ªa facturas por trabajos ficticios para facilitar a las grandes empresas la ocultaci¨®n contable de las comisiones. Sin embargo, tras cuatro a?os de investigaci¨®n, Gusa? sigue sin soltar prenda.