Un escudo delicado

Desde hace tiempo los tribunales son noticia en Espa?a, y, sentencias er¨®tico-machistas al margen, uno de los que ¨²ltimamente vuelve a llevarse la palma es el mism¨ªsimo Tribunal Constitucional. Nuestro m¨¢s alto tribunal ha ocupado recientemente y de manera reiterada un lugar de primer relieve en el escenario pol¨ªtico del pa¨ªs. La pol¨¦mica sentencia sobre el impuesto sobre el rendimiento de las personas f¨ªsicas y las ¨²ltimas resoluciones sobre conflictos entre Administraci¨®n central y comunidades aut¨®nomas han vuelto a dar un protagonismo al alto tribunal del que no disfrutaba desde el per¨ªodo Rumasa-LOAPA-aborto. Por otro lado, se ha ido recogiendo el desasosiego de algunos miembros del tribunal por el volumen de asuntos que les llegan sin cesar o por lo que consideran ineludible y peligrosa necesidad de entrar a trav¨¦s de sus sentencias en asuntos pol¨ªticos.

Ante esta situaci¨®n, las reacciones han sido de preocupaci¨®n, ya que de alguna manera se deseaba mantener al Tribunal Constitucional como un cierto reducto incontaminado de! a batalla pol¨ªtica o de rechazo puro y simple, al no estar de acuerdo simplemente con sus m¨¢s recientes resoluciones. Y as¨ª se ha hablado, tras sus recientes sentencias, de "decepci¨®n", de "involuci¨®n auton¨®mica", de "crisis del consenso constitucional", de "subdesarrollo pol¨ªtico" o de "caos fiscal", y cuando, quiz¨¢, tiempo atr¨¢s, los mismos protagonistas de tales frases se llenaban la boca de respeto a la Constituci¨®n y de independencia de criterio al conocer la sentencia de la ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA) o tras la sentencia sobre el decreto de expropiaci¨®n de Rumasa. Las cosas han llegado a un punto en el que ya se empiezan a levantar voces pidiendo la reforma del sistema de elecci¨®n de los 12 miembros del tribunal porque su actuaci¨®n "no ofrece suficientes garant¨ªas".

La verdad es que parece que tendremos pol¨¦mica para rato. La din¨¢mica de intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos en tiempos en que se exigen m¨¢s remedios que diagn¨®sticos o m¨¢s resultados que ideolog¨ªa ha ido socavando la significaci¨®n del principio de legalidad. Es notoria la libertad de acci¨®n de los poderes sublegislativos del Estado, as¨ª como el incremento de los espacios de no-legislaci¨®n. Por otro lado, la misma evoluci¨®n de desarrollo del Estado de las autonom¨ªas demuestra lo diricil que resulta mantener esquemas de distribuci¨®n formal de competencias ante la realidad cotidiana de fragmentaci¨®n y solapamiento en la actuaci¨®n de los ,distintos niveles de gobierno. Esos y otros elementos han ido conduciendo a una pr¨¢ctica del "todo vale, y si no, al Constitucional", en la que la norma fundamental se convierte en la justif¨ªcaci¨®n, a veces ¨²nica, del ejercicio del poder o de la dial¨¦ctica de oposici¨®n.

La actual situaci¨®n pol¨ªtica, econ¨®mica y social re¨²ne todas las condiciones para convertirse en un aut¨¦ntico moinento de pruebas para la Constituci¨®n. Ya en 1982, uno de los m¨¢s prestigiosos estudiosos del poder judicial norteamericano, Mart¨ªn Shapiro, afirmaba que en la d¨¦cada de los noventa el poder judicial podr¨ªa afrontar una cierta crisis, producto de, al menos, tres factores. Por un lado, se ir¨ªa haciendo m¨¢s evidente la contradicci¨®n entre la complejidad tecnol¨®gica que precisa rilucha de la nueva normativa con la falta de expertise de los jueces que han de considerarla. Por otro lado, dado el mayor ¨¦nfasis en una racionalidad m¨¢s sustantiva que forinal, el juez encontrar¨ªa mayores dificultades en utilizar su t¨¦cnica, b¨¢sicamente procedimental y de respeto a la legalidad, frente a centenares de normas en las que deber¨ªa entrar en el fondo de las mismas, pero sobre las que no le cabr¨ªa m¨¢s remedio que admitir que no entiende ni jota. Y f¨ªnalmiente, al irse vinculando cada vez m¨¢s productividad y tecnolog¨ªa, se ir¨ªan erosionando los fundamentos de legitimidad formal en los que se fundamentaba la posici¨®n privilegiada del juez en la democracia de la posguerra.

Nuestra pr¨¢ctica parece demostrar que vamos por ah¨ª, convirtiendo a la Constituci¨®n, poco a poco, en arma arrojadiza entre opciones pol¨ªticas distintas, mientras se va institucionalizando y judicializaildo el conflicto pol¨ªtico a trav¨¦s del Tribunal Constitucional. De tal manera que ese conflicto de compatibilidad legislativa formal ha entrado en una din¨¢mica, por la misma l¨®gica de expansi¨®n del intervencionismo y el incremento de la complejidad de la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos, de gran incidencia en las pol¨ªticas p¨²blicas planteadas, con pocos instrumentos t¨¦cnicos para ello, pero con la enorme fuerza de sus sentencias. Unas sentencias que condicionan fuertemente la soberan¨ªa de las asambleas legislativas, que producen efectos y que tienen repercusiones financieras y de todo tipo extraordinarias. Esa situaci¨®n es la que provoca una relaci¨®n de popularidad-impopularidad con la actuaci¨®n del alto tribunal, basada m¨¢s en la concreta forma de resolver los asuntos que se le plantean que en su condici¨®n de guardi¨¢n supremo de la Constituci¨®n.

En otros pa¨ªses con mayor experiencia en estos temas llevan ya a?os entrando sin reservas mentales en el trabajo y las tendencias pol¨ªticas e ideol¨®gicas de los miembros de sus tribunales constitucionales, sin que ello implique visiones mecanicistas sobre las mayor¨ªas que se forman en cada una de sus sentencias. Pero tambi¨¦n saben que no se puede abusar del recurso al juicio de ese alto tribunal y que conviene acostumbrarse a buscar v¨ªas de resoluci¨®n de conflictos m¨¢s acordes con el escenario pol¨ªtico, no escondiendo debilidades tras el delicado, por inusual en nuestros lares, escudo protector de la Constituci¨®n.