Estrasburgo, nuevo list¨®n para la justicia espa?ola

BONIFACIO DE LA CUADRA "Si los tribunales no reconocen nuestro derecho, recurriremos a Estrasburgo". La frase, repetida entre abogados espa?oles, expresa la realidad de que desde el 1 de julio de 1981 la jurisdicci¨®n sobre derechos humanos dependiente del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, admite las demandas individuales contra el Estado espa?ol por violaci¨®n del Convenio de Roma de 1950. Una realidad que sin duda, elevar¨¢ el list¨®n de la justicia espa?ola, pero que tambi¨¦n producir¨¢ frustraciones, porque de las 582 demandas contra Espa?a hasta finales de 1988 el tribunal europeo s¨®lo ha condenado en dos casos -Bult¨® y Sanders-, mientras se encuentran pendientes la expropiaci¨®n de Rumasa, la condena al abolo Miguel Castells por injurias al Gobierno el destierro impuesto al dirigente vecino catal¨¢n Jos¨¦ Pitarque.

La Constituci¨®n de 1978 reconoci¨® los espa?oles un cat¨¢logo derechos fundamentales y libertades p¨²blicas homologables a los disfrutados por los restantes ciudadanos europeos y estableci¨® cauces para la protecci¨®n judicial de los mismos, rematados con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en sus nueve primeros a?os dictado m¨¢s de 1.000 sentencias, la mayor¨ªa sobre derechos humanos.Espa?a ratific¨® el Convenio Europeo de Derechos Humanos 4 de noviembre de 1950 y se incorpor¨® el 1 de julio de 1981 a los convenios del Consejo de Europa que admiten la demanda individual contra los Estados. Estas demandas son tramitadas por la Comisi¨®n y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -ambos integrados por tantos miembros como Estados- y el comit¨¦ de ministros.

La existencia de la jurisdici¨®n de Estrasburgo ha significado un acicate para los jueces y magistrados. Seg¨²n reconoci¨® a este peri¨®dico el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, "consciente o inconscientemente, es muy probable que influya tambi¨¦n sobre los magistrados el alto tribunal". "En todo caso", a?adi¨®, "el resultado es positivo, porque mejora la protecci¨®n de los derechos humanos.

Desde la c¨¢rcel

Jos¨¦ Mar¨ªa Morenilla, agente de Espa?a ante la comisi¨®n y el tribunal de Estrasburgo, explica que cualquier ciudadano puede demandar al Estado espa?ol ante el secretario de la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos, incluso desde la c¨¢rcel y tanto si lo hace en castellano como en catal¨¢n, euskera o gallego (en estos casos la traducci¨®n retrasar¨¢ los tr¨¢mites). En todo caso, el secretario responde al escrito y, en caso de que la denuncia pueda ser registrada, el denunciante recibe los impresos necesarios para redactarla formalmente. Despu¨¦s, el presidente de la colisi¨®n la comunica al Estado denunciado para que haga observaciones sobre su admisibilidad.

Uno de los requisitos es haber agotado los recursos del derech interno.

Una vez admitida a tr¨¢mite la demanda, la Comisi¨®n Europea o Derechos Humanos se convierte en un ¨®rgano investigador de los hechos denunciados, que tratar¨¢ de conciliar a las partes ara alcanzar un arreglo amistoso. En caso de no conseguirlo, labora un dictamen u opini¨®n sobre si ha habido o no violaci¨®n el convenio por el Estado denunciado. El dictamen servir¨¢ de base para que decidan sobre el asunto el comit¨¦ de ministros o el tribunal, este ¨²ltimo previa celebraci¨®n de vista oral y p¨²blica.

Las personas que participan ante la comisi¨®n y el tribunal gozan de inmunidad, seg¨²n un recuerdo europeo que ha entrado in vigor para Espa?a el 24 de julio de 1989 (Bolet¨ªn Oficial del Estado del 2 de agosto ¨²ltimo). El Estado espa?ol ha excluido a sus ciudadanos de la aplicaci¨®n del precepto seg¨²n el cual no podr¨¢n ser perseguidos ni detenidos por hechos o condenas anteriores al comienzo del viaje a Estrasburgo.

En este momento no hay ning¨²n asunto espa?ol pendiente ante el tribunal, que ya ha fallado en dos ocasiones contra Espa?a. Una fue el caso Bult¨®, en el que el o de diciembre de 1988 conden¨® al Estado espa?ol por no haber celebrado un juicio equitativo a los condenados por el asesinato el industrial catal¨¢n Jos¨¦ Mar¨ªa Bult¨®. La otra, el caso Sanders, en el que el 7 de julio de 1989 se conden¨® a Espa?a por la tardan a en la resoluci¨®n de un pleito planteado por Uni¨®n Alimentaria Sanders. En ambos casos, la decisi¨®n del tribunal estuvo precedida de sendos dict¨¢menes de la comisi¨®n adversos para el Estado espa?ol.

Entre los asuntos espa?oles que actualmente tramita la comisi¨®n destaca la demanda de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos contra la expropiaci¨®n de Rumasa realizada por el Gobierno el 23 de febrero le 1983. La demanda se present¨® a ra¨ªz de que el Tribunal Constitucional desestimara el 19 de diciembre de 1986 la cuesti¨®n de inconstitucionalidad planteada por el juez Jose Mar¨ªa Gil S¨¢ez, tramitaba un interdicto de Ruiz-Mateos para recuperar Rumasa. Seg¨²n fuentes del equipo abogados que dirige Ram¨®n layo, la demanda se fundamenta en la violaci¨®n del principio de igualdad y del derecho a la defensa, por entender que la expropiaci¨®n se produjo sin justa causa. Ning¨²n tribunal espa?ol puede juzgar este hecho por tratarse de una ley. Intentada sin ¨¦xito la avenencia con el Gobierno espa?ol, el dictamen de la comisi¨®n se espera para este mes o pr¨®ximo.

Injurias al Gobierno

Otro asunto espa?ol pendiente en la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos es la condena a un a?o de prisi¨®n a Miguel Castells como autor de un delito de injurias al Gobierno, cometido en un art¨ªculo titulado Insultante impunidad. Fue publicado en junio de 1979 en la revista Punto y Hora de Euskal Herria, durante la etapa en que era senador por Herri Batasuna. Castells se refer¨ªa a varios asesinatos de vascos atribuidos a elementos fascistas y connclu¨ªa afirmando que "detr¨¢s de estas acciones s¨®lo puede estar el Gobierno, el partido del Gobierno y sus efectivos". Casfis denunci¨® la violaci¨®n de los derechos a la libertad de expresi¨®n y opini¨®n reconocidos en el convenio.

La comisi¨®n admiti¨® tambi¨¦n tr¨¢mite la demanda del presiente de la Asociaci¨®n de Vecinos del barrio de El Arrabal, de anta Coloma de Gramenet, Jos¨¦ Pitarque.

Fue condenado a un a?o de estierro por difamaci¨®n contra un funcionario municipal al que am¨® "cuervo subastero" por haber adquirido un piso en una subasta por 90.000 pesetas. Pitarque denunci¨® que la pena de destierro le supone graves perjuicios como l¨ªder vecinal, adem¨¢s de que tendr¨ªa que separarse de su familia y amigos, lo que considera socialmente excesivo y desproporcionado al da?o causado por el delito.