El juez procesar¨¢ hoy al alcalde de Burgos y a otras ocho personas por un esc¨¢ndalo inmobiliario
El juez Adolfo Mallo, encargado del caso de la construcci¨®n de Burgos, dar¨¢ a conocer hoy un auto por el que abre juicio oral contra el alcalde de la ciudad, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, de Soluci¨®n Independiente, y otras ocho personas acusadas por el fiscal de varios delitos en relaci¨®n con un esc¨¢ndalo inmobiliario. Seg¨²n el escrito de acusaciones del ministerio p¨²blico, el constructor Antonio Miguel M¨¦ndez Pozo, uno de los encausados por el juez, ha edificado "casi sin control alguno" en Burgos gracias a las relaciones que le unen con el alcalde y los tenientes de alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Cod¨®n Herrera y Manuel Mu?oz Guill¨¦n, tambi¨¦n de Soluci¨®n Independiente.
Los encausados en el auto que dar¨¢ a conocer hoy el juez a las partes son, adem¨¢s del alcalde, los dos tenientes de alcalde y el constructor citados, el concejal V¨ªctor Mart¨ªnez Llorente; el ex secretario del ayuntamiento, Esteban Corral; el funcionario municipal Crist¨®bal Serrano; el registrador de la Propiedad Jos¨¦ Mar¨ªa Castrill¨®n, y el arquitecto Juan Manuel Manzanares.Seg¨²n el escrito del fiscal, Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez, el resultado de las actividades de Antonio Miguel M¨¦ndez Pozo ha sido el de "adquirir gran peso en el sector [de la construcci¨®n] y la obtenci¨®n de muy destacados beneficios, aparte de un no despreciable protagonismo pol¨ªtico".
Para el fiscal, tanto el alcalde como los tenientes de alcalde "hicieron uso de su posici¨®n de privilegio en el Ayuntamiento" para favorecer a M¨¦ndez Pozo "en mayor medida que otros constructores". Esa situaci¨®n se tradujo en diferentes maniobras para conseguir los mejores solares de la ciudad, en el plazo m¨¢s r¨¢pido posible y con falta de respeto a las nor mas de planificaci¨®n y volume tr¨ªa aplicables.
La posici¨®n de dominio del alcalde y de los tenientes de al calde "carec¨ªa pr¨¢cticamente de l¨ªmites", afirma el fiscal, ya que los tres cargos municipales se reservaban el control de todos los organismos con competencia en materia de urbanis mo, adem¨¢s de contar con la "adhesi¨®n incondicional" de los dem¨¢s concejales de la mayor¨ªa.
Los acusados se valieron tambi¨¦n de la "utilizaci¨®n abusiva de la t¨¦cnica del otorga miento de las licencias con con diciones especiales", sabiendo que su cumplimiento no iba a ser controlado de ninguna ma nera, "de modo que el constructor interesado, en no pocas oca siones, contaba casi con una licencia en blanco para llevar acabo sus prop¨®sitos", a?ade el fiscal.
El ministerio p¨²blico considera cometidos numerosos del¨ªtos de prevaricaci¨®n y falsedades documentales, por los cua les pide penas de hasta nueve a?os de c¨¢rcel para el alcalde, de hasta once a?os y seis meses para el constructor M¨¦ndez y penas menores para los tenientes de alcalde. Asimismo, el ministerio p¨²blico pide seis a?os para el ex secretario del ayuntamiento, Esteban, Corral, cuya colaboraci¨®n con las autoridades pol¨ªticas considera necesaria para la comisi¨®n de los delitos de los que acusa a ¨¦stos. Los dem¨¢s encaunsados lo son por razones similares.
El fiscal no se limita a pedir penas de prisi¨®n, sino tambi¨¦n la nulidad de numerosas licencias de obras concedidas por el equipo del alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, que implican -en caso de que prosperen- el derribo de edificios ya construidos.
Los delitos que cita el fiscal coinciden en s¨ªntesis con los denunciados por la parte acusadora, la Federaci¨®n de Empresarios de la Construcci¨®n de Burgos.
Beneficios de 2.000 millones
Dicha federaci¨®n denunci¨® el 5 de febrero de 1988 la existencia en Burgos de una red ?legal de intereses mediante la cual el constructor Miguel M¨¦ndez Pozo, promotor de varias inmobiliarias, obtuvo, al parcer, unos beneficios ?l¨ªcitos cercanos a los 2.000 millones de pesetas.Seg¨²n el presidente de los constructores burgaleses, Jes¨²s de las Heras, estos beneficios fueron posibles gracias a la manipulaci¨®n del Plan General Urbano de la ciudad, la utilizaci¨®n interesada de documentos p¨²blicos y la concesi¨®n de licencias de obras irregulares que permitieron a M¨¦ndez Pozo la construcci¨®n de 37.000 metros cuadrados m¨¢s de lo que le hubiera permitido legalmente el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.
Tras la denuncia presentada por los constructores, que dio paso a la apertura de un ingente sumario de diligencias previas, condensadas en 13.000 folios, el alcalde mantuvo y sigue manteniendo que detr¨¢s de todo el caso se encuentra una maquinaci¨®n del PSOE para derribarle, ya que no ha conseguido vencerle en las urnas. El alcalde y sus correligionarios, que hacen un paralelismo de su persecuci¨®n con la "sufrida por Cristo, el Cid y Jordi Pujol", han negado todas las acusaciones, esgrimiendo siempre que su ¨²nico inter¨¦s ha sido Burgos.
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