Vicios privados y p¨²blicas virtudes
Despu¨¦s de que los traficantes de droga colombianos se ofrecieran a pagar la deuda externa de su pa¨ªs a cambio de seguir con las manos libres en sus negocios, pareci¨® evidente que ser¨ªa dif¨ªcil encontrar algo nuevo bajo el sol. Lo que ocurre en Venezuela no lo es, pero s¨ª resulta extraordinario el descaro (quiz¨¢ habr¨ªa que hablar de tranquila naturalidad) con que algunos protagonistas formulan sus exigencias.Tal como ha informado la prensa, la justicia venezolana destap¨® una serie de esc¨¢ndalos financieros en los que resultaron implicados altos funcionarios de empresas transnacionales. Una cotizaci¨®n preferencial para cierto tipo de d¨®lar habr¨ªa permitido a esas empresas, mediante el consabido manejo de sobre y subfacturaci¨®n y otras argucias, realizar dividendos extraordinarios. As¨ª se evapor¨® una parte sustancial de las reservas p¨²blicas venezolanas durante la Administraci¨®n anterior. Uno de los m¨¢s notorios personajes acusados es N¨¦stor Rapanelli, alto ejecutivo de la empresa Bunge y Born, quien sali¨® de Venezuela y oficia actualmente de ministro de Econom¨ªa en Argentina. La justicia venezolana ha dictado orden de detenci¨®n contra ejecutivos de varias empresas, entre ellas Ford y General Motors.
Pero el Gobierno venezolano encuentra graves dificultades para seguir adelante con la investigaci¨®n, ya que la inversi¨®n extranjera, esencial para la recuperaci¨®n econ¨®mica, amenaza con retirarse del pa¨ªs. Gravemente ofendidos en su honor, los inversores han utilizado de portavoz nada menos que a un miembro de la comisi¨®n de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, Richard Lugar, quien afirm¨® en Caracas que "antes de venir a Venezuela, varios hombres de negocios me indicaron que ellos no pod¨ªan darse el lujo de permitir que sus principales ejecutivos estuvieran amenazados por la posibilidad de ser encarcelados por un tiempo, y que como resultado de esto la mayor¨ªa se ha ido de Venezuela y la inversi¨®n futura por parte de esas compa?¨ªas no se producir¨¢" (EL PA?S, 22-8-1989). Lugar solicit¨® personalmente al presidente, Carlos Andr¨¦s P¨¦rez, que "... las discusiones sean enfocadas sobre las compa?¨ªas espec¨ªficas y no sobre los individuos y que se agilice la justicia, de manera que la inversi¨®n de las empresas extranjeras no se posponga durante meses y a?os".
. Para ver m¨¢s clara la amenaza, echarle agua. Pero las frases de Lugar tienen mucha miga. En primer lugar, ?a qui¨¦n representa ese se?or, al Senado de Estados Unidos o a empresas privadas de ese pa¨ªs? La respuesta puede inferirse de otra frase suya, pronunciada esta vez ante periodistas. Preguntado sobre si para su Gobierno era primordial la soluci¨®n del caso Recadi (uno d¨¦ los esc¨¢ndalos m¨¢s notorios) o la deuda externa de Venezuela, respondi¨®: "La restauraci¨®n de la confianza vendr¨¢ despu¨¦s de la soluci¨®n al caso Recadi. Por el momento la situaci¨®n de Recadi es un obst¨¢culo formidable... ". As¨ª, la soluci¨®n del crucial problema del peso de la deuda externa venezolana, que depende en gran medida de la actitud que adopte el Gobierno norteamericano, queda condicionada a que la justicia venezolana contemple con premura la situaci¨®n de los ejecutivos implicados o "enfoque las discusiones (?) sobre las compa?¨ªas espec¨ªficas", lo que permitir¨ªa a ¨¦stas invocar la jurisdicci¨®n de Estados Unidos. Lugar dijo claramente que su Gobierno ha perdido la confianza en Venezuela a pesar de que este pa¨ªs es uno de los m¨¢s puntuales pagadores, como lo reconoci¨® en Caracas el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford- porque la justicia venezolana intenta cumplir con su misi¨®n. En otras palabras, que la moral del Gobierno norteamericano se asemeja en este punto a la de los narcotraficantes colombianos: no habr¨¢ ayuda para solucionar los asuntos p¨²blicos mientras no haya impunidad
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para los negocios privados, aunque ¨¦stos sean Ilegales.
Last, but not least, el tono y las sugerencias de Lugar son de una arrogancia que seguramente no podr¨ªa permitirse en su propio pa¨ªs. Cuando ante un caso tan grave un representante oficial dice a sus arifitriones que las compa?¨ªas acusadas "no pueden permitirse el lujo de que sus principales ejecutivos estuvieran amenazados"; cuando afirma que s¨®lo ir¨ªan a la c¨¢rcel "por un tiempo" (?qu¨¦ o qui¨¦n le asegura que no ser¨¢n encontrados culpables y condenados?), y cuando reconoce y justifica de manera impl¨ªcita que Ia mayor¨ªa" ha huido de Venezuela, no s¨®lo da muestra de falta de tacto, sino que se comporta como un proc¨®nsul.
Como se ha dicho, este caso no ofrece la ins¨®lita novedad que en su momento represent¨® la oferta de los narcos colombianos, salvo en la brutalidad con que se expresa y en la p¨²blica extorsi¨®n que un pa¨ªs hace a otro para defender intereses privados presuntamente ilegales. Al contrario, el hecho obedece a una ley de los negocios de las compa?¨ªas transnacionales en el Tercer Mundo que se repite inexorablemente. Cuanto mayor y m¨¢s decisiva es la influencia del capital transnacional en la econom¨ªa de un pa¨ªs, m¨¢s impotente se encuentra ¨¦ste para desarrollar sus propios proyectos y aplicar sus leyes. En el caso de las fr¨¢giles democracias latinoamericanas, ¨¦ste es el meollo de los problemas que encuentran para consolidarse. Siendo econ¨®micas sus principales dificultades, se les pide que honren sus compromisos internacionales, que reduzcan las dimensiones del Estado para acabar con el d¨¦ficit, que terminen con la corrupci¨®n y den piedra libre a la iniciativa privada. La brutal pauperizaci¨®n de enormes sectores de la sociedad, el atraso social y cultural y todos los problemas sociales que ello comporta ser¨ªa el precio apagar por la modernizaci¨®n -esa milagrosa palabra de moda- y un futuro mejor. Pero ocurre que aun aceptando esa l¨®gica, extremadamente dudosa en las condiciones concretas de Am¨¦rica Latina, los Gobiernos que se deciden a aplicarla s¨®lo pueden hacerlo en una direcci¨®n: los asalariados, los peque?os y medianos empresarios nacionales y, en general, los sectores m¨¢s pobres de la sociedad.
El caso venezolano es ejemplar. Las draconianas medidas econ¨®micas del nuevo Gobierno provocaron el caracazo. El Estado reprimi¨® brutalmente y la sociedad, por ahora, tasca el freno. En cuanto se intent¨® una tibia y, elemental medida de orden en otra direcci¨®n, lleg¨® Lugar. Lo que en Am¨¦rica Latina se entiende por "crear condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada" es en realidad el mantenimiento de las condiciones para que el gran capital privado internacional haga lo que le venga en gana y tenga al Estado a su servicio. Si se trata, por ejemplo, de aplicar un verdadero orden fiscal, es inevitable, imprescindible, tocar a las grandes compa?¨ªas. Durante el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn en la Argentina, suministro de Econom¨ªa declar¨® que la mitad de la actividad econ¨®mica era subterr¨¢nea. Un diputado radical, economista de profesi¨®n, amenaz¨® varias veces con suministrar a la Prensa un documento en el que quedaba demostrado que las veinte principales empresas de] pa¨ªs, la mayor¨ªa de ellas transnacionales, evad¨ªan lo esencial de sus impuestos. La amenaza nunca se cumpli¨®, la reforma fiscal argentina qued¨® en agua de borrajas y al Gobierno de Alfons¨ªn le pas¨® lo que le pas¨®. La situaci¨®n es similar en todos los pa¨ªses.
En un reciente art¨ªculo (EL PA?S, 6-8-89) Alain Touraine afirma que las democracias latinoamericanas tienen ante s¨ª tres salidas posibles.
La primera es la exigida actualmente, un dr¨¢stico ajuste, con alta concentraci¨®n del capital en el sector exportador y compresi¨®n del mercado interno.
La segunda es su probable consecuencia: el gran sector marginado de la sociedad se opone y entonces es el caos y la consecuente soluci¨®n autoritar¨ªa. La tercera, seg¨²n Touraine, "se apoya en la constituci¨®n de alianzas pol¨ªticas de izquierda que combinen el fortalecimiento de las exportaciones con la mejora de los servicios -educaci¨®n, vivienda, sanidad- que se prestan a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n". Ideal. Pero el gobierno democr¨¢tico latinoamericano que aspire realmente a este ¨²ltimo objetivo deber¨¢ volverse, en primer lugar, contra ]os intereses transnacionales y sus representantes locales. Si no va a fondo en esa tarea, si no lucha hasta el final de todos los frentes para que en su pa¨ªs los derechos y obligaciones de] capital sean al menos los mismos que en los pa¨ªses centrales, termina en el fracaso y el descr¨¦dito m¨¢s estrepitosos, como le ocurri¨® a Ra¨²l Alfons¨ªn y le ocurre en Per¨² a Alan Garc¨ªa.
Las revoluciones burguesas latinoamericanas que propugna hoy el progresismo internacional enfrentan un enemigo de piel mucho m¨¢s dura que la que en su momento opusieron las monarqu¨ªas europeas. Por eso la gran inc¨®gnita es si la democracia es viable en Am¨¦rica Latina mientras la l¨®gica de] capital internacional siga siendo la que el senador Lugar expres¨® en Venezuela.
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