Rumasa denuncia al Poder Judicial el retraso de tres a?os en tramitar demandas contra Ruiz-Mateos

La Rumasa p¨²blica present¨® el lunes ¨²ltimo una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso de tres a?os padecido en la tramitaci¨®n de tres demandas acumuladas contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos -fundador de Rumasa, de la que fue expropiado en 1983-, por un importe total superior a los 20.000 millones de pesetas. La denuncia detalla que no se ha practicado la prueba en relaci¨®n con ninguna de las tres demandas, que se encuentran estancadas en el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 10 de Madrid, del que es actual titular Rafael G¨®mez Chaparro.

La sociedad denunciante, participada al 100% por el Estado, pide al CGPJ que abra expediente a los magistrados responsables del retraso o realice las gestiones oportunas para que el juez G¨®mez Chaparro que se encuentra al frente del juzgado desde hace unas semanas, emplace a Ruiz-Mateos en relaci¨®n con la tercera de las demandas interpuestas y per mita la continuaci¨®n del procedimiento, paralizado desde hace un a?o. Los anteriores titulares del juzgado en el que se encuentran acumuladas las tres demandas fueron los magistrados Pablo Quecedo Aracil y Enrique Escobar.'Donativos' sin recibo

El primero de los tres pleitos mencionados se inici¨® en diciembre de 1986 y reclamaba a Ruiz-Mateos y sus hermanos 480 millones de pesetas repartidos en concepto de dividendos por una sociedad que arrojaba p¨¦rdidas, por lo que, seg¨²n los demandantes, era il¨ªcito tal reparto. Por la segunda demanda interpuesta a principio de 1987 la Rumasa p¨²blica reivindicaba 16.493 millones de pesetas, correspondientes a capital social que aparec¨ªa como suscrito y desembolsado en met¨¢lico y que no lo hab¨ªa sido, seg¨²n la auditor¨ªas a que fue sometida la sociedad durante su ¨²ltima etapa en poder de Ruiz-Mateos.

Mediante la tercera demanda, la Rumasa controlada por la Administraci¨®n del Estado reclam¨® a Ruiz-Mateos un total de 3.239.422.561 pesetas, correspondientes a una serie de donativos de los que no existen recibos de haber sido percibidos por los donatarios. El grueso de estas cantidades, contabilizadas como donativos, se produjo, seg¨²n la sociedad. demandante, entre 1979 y 1982, a?o este ¨²ltimo en el que tales partidas alcanzaron el importe de 1.571 millones de pesetas. Seg¨²n la documentaci¨®n aportada por los demandantes, la disposici¨®n de tales cantidades no estaba justificada por los beneficios de la sociedad, que entre 1977 y 1982 tuvo p¨¦rdidas por 98.600 millones de pesetas.

En el escrito dirigido al ¨®rgano de gobierno del poder judicial, Rumasa, SA se?ala que, a petici¨®n de los demandados, la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid acord¨® acumular las tres demandas por un total de 20.212.422.561 pesetas, en el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 10, que conoci¨® de la primera demanda y por el que han pasado ya varios jueces.

Ante la tardanza registrada Rumasa se dirigi¨® en abril de 1989 a dicho juzgado para que continuara la tramitaci¨®n del procedimiento, petici¨®n que reiter¨® tres meses despu¨¦s, a pesar de lo cual persiste la irregularidad de no haber sido emplazado el demandante para contestar la tercera demanda, seg¨²n Rumasa.

Entre las faltas disciplinarias en que podr¨ªan haber incurrido los magistrados afectados, est¨¢ calificada como "muy grave" -que puede ser sancionada con suspensi¨®n, traslado forzoso o expulsi¨®n de la carrera judicial- la tipificada en el art¨ªculo 417 de la ley org¨¢nica del Poder Judicial como "el abandono o el retraso injustificado y reiterado en el desempe?o de la funci¨®n judicial".

Fuentes jur¨ªdicas de la Rumasa p¨²blica manifestaron que la intenci¨®n de su denuncia no es tanto la de lograr que se sancione a los magistrados como la de poner en conocimiento del ¨®rgano de gobierno del poder judicial la situaci¨®n producida, a fin de que por los mecanismos de la inspecci¨®n de tribunales o por cualquier otro medio se consiga desbloquear el retraso producido en esta causa.