Juego peligroso

EL TRIBUNAL de Cuentas parece que ha decidido arrojar la toalla en la tarea de fiscalizar la actividad econ¨®mico-financiera de los partidos pol¨ªticos, labor que la Constituci¨®n le encomienda. En su primer informe remitido a las Cortes sobre las subvenciones estatales percibidas por las formaciones en el a?o 1987, el mencionado tribunal confiesa paladinamente que su trabajo verificador del uso y destino de tales fondos p¨²blicos ha sido meramente formal. No ha comprobado la situaci¨®n financiera de cada partido, no ha indagado el grado de cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de financiaci¨®n, ha pasado por alto si se ha cumplido o no la ley en cuanto a la prohibici¨®n de comprometer m¨¢s del 25% de las subvenciones estatales en la amortizaci¨®n anual de cr¨¦ditos y ha asumido sin rechistar la falta de transparencia de los partidos en cuanto a su financiaci¨®n privada. Es decir, el Tribunal de Cuentas se ha limitado a dar por buena la documentaci¨®n contable que han tenido a bien remitirle.Las trabas puestas por los partidos pol¨ªticos a todo intento de clarificaci¨®n de sus cuentas han podido resultar un obst¨¢culo insuperable para la labor del tribunal, pero de ning¨²n modo ello justifica que el ¨®rgano constitucionalmente encargado de la fiscalizaci¨®n se rinda ante tales trabas, claudicando de los objetivos se?alados en la ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos, de julio de 1987. El informe remitido a las Cortes s¨®lo tiene de tal el nombre, y har¨ªa falta mucho candor para atribuirle un serio significado de control. De hecho, su verdadero alcance es el de una especie de amnist¨ªa en toda regla respecto de la conducta financiera de los partidos pol¨ªticos en el ejercicio de 1987. Un trato, en definitiva, privilegiado que vulnera el principio de igualdad en la actuaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica respecto de las obligaciones econ¨®mico-fiscales de los ciudadanos.

En su ¨²ltima comparecencia ante los medios, informativos, el presidente del Gobierno se?al¨® la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos como uno de los campos donde deber¨ªa actuarse con el m¨¢ximo rigor. Pero en este como en otros terrenos, lo que se necesita es cumplir con las leyes existentes m¨¢s que idear nuevas normas, y sobre todo establecer unas pautas de comportamiento basadas en la transparencia y en la responsabilidad. La legislaci¨®n actual -combinaci¨®n de la ley de Financiaci¨®n de Partidos, de la Electoral y de la de Presupuestos- presenta dos agujeros notables: la facultad, te¨®ricamente ilimitada, de los partidos pol¨ªticos de atribuirse las subvenciones estatales que consideren oportunas y el pago de tales subvenciones -excepto las electorales- al margen de que hayan justificado o no el uso de las anteriores. Si no se acaba con estas imperfecciones legales que pueden propiciar el abuso o la sospecha, si persiste la resistencia de los partidos pol¨ªticos al control de sus dineros p¨²blicos y el Tribunal de Cuentas se lava las manos en su labor de fiscalizaci¨®n, se est¨¢ alimentando de hecho el descr¨¦dito de instituciones b¨¢sicas del r¨¦gimen democr¨¢tico y alimentando, de paso, el est¨®mago de la caverna.