El Defensor del Pueblo denuncia frecuentes violaciones de los derechos de los extranjeros

El defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, registr¨® en 1989 un incremento del n¨²mero de quejas formuladas por extranjeros sometidos a arbitrariedades, particularmente en materia de expulsiones. Este memorial de agravios incluye puntos muy diversos: notables retrasos y trabas para la concesi¨®n o renovaci¨®n de permisos de residencia y de la condici¨®n de asilado o refugiado, as¨ª como la proliferaci¨®n de expulsiones en las que no se admiten alegaciones.

El informe del Defensor de 1989 se?ala que "los problemas detectados en a?os anteriores, en cuanto a los retrasos existentes en la concesi¨®n y renovaci¨®n de los correspondientes permisos de trabajo y residencia se siguen manteniendo, con los inevitables pejuicios que esta situaci¨®n causa a estas personas debido a la inseguridad jur¨ªdica en la que se encuentran". De a?adidura, "no siempre se verifican las situaciones reales de los solicitantes en cuanto a medios l¨ªcitos de vida, arraigo en nuestro pa¨ªs, situaciones familiares, etc¨¦tera, lo que origina que con cierto automatismo se retrase el tr¨¢mite de expedici¨®n o incluso se puede llegar a denegar estos permisos".Algunos extranjeros manifiestan que las autoridades entregan los permisos solicitados pocos meses antes de la caducidad de los mismos". El Defensor ha advertido "resistencia por parte de los funcionarios de fronteras" a permitir la entrada en Espa?a de personas avaladas por familiares y con billete de ida y vuelta, pero sin recursos propios. Esta instituci¨®n censura las "amplias facultades discrecionales" de que gozan los funcionarios para determinar si el extranjero, sin la cuant¨ªa de dinero exigida legalmente, tiene o no cobertura econ¨®mica.

El Defensor del Pueblo apunta que se utiliza con excesiva frecuencia la expulsi¨®n sin considerar que existen otras posibles sanciones. Los denunciantes se quejan de que no se toman en consideraci¨®n sus alegaciones para evitar tan extrema medida.

La descoordinaci¨®n entre los servicios de documentaci¨®n d-. los distintos gobiernos civiles es patente, seg¨²n el informe. Se dari casos de expulsiones de extranjeros pese a que se encontraba tra mitando los correspondientes permisos de residencia.

El Defensor del Pueblo tambi¨¦n recrimina que las autoridades policiales en algunos casos no comunican a la inspecci¨®n de trabajo las contrataciones irregulares de extranjeros, con lo que s¨®lo se sanciona al empleado, v¨ªa expulsi¨®n, pero no al empresario. Este documento refleja la "excesiva frecuencia" con que los funcionarios someten a detenci¨®n y posterior internamiento a los extranjeros sometidos a expediente de expulsi¨®n. El informe se?ala que los funcionarios policiales no informan suficientemente al juez de las medidas que justifican el internamiento de un extranjero lo que provoca que, en ocasiones, tras documentarse debida, mente, aqu¨¦l revoque su orden.

La Memoria advierte sobre los riesgos de expulsar al peticionario de asilo a su pa¨ªs de origen donde el afectado alega sufrir persecuci¨®n, y cita ejemplos de ello, como el de un iran¨ª.