Beneficios bajo control
La confusi¨®n rodea el incipiente debate entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la creaci¨®n de los fondos de inversi¨®n
Gobierno y sindicatos han aceptado iniciar negociaciones sobre los fondos de inversi¨®n en medio de tina gran confusi¨®n. Las centrales, siguiendo el ejemplo n¨®rdico, piden que se controlen los beneficios empresariales mediante una ley; al ministro de Trabajo parece gustarle el modelo brit¨¢nico y afirma que ya existen en Espa?a en forma de fondos de pensiones; el ministro de Econom¨ªa persigue un consenso previo con la patronal; y los empresarios no quieren ni o¨ªr hablar de ellos o de cualquier v¨ªa que suponga "un control artificial de los beneficios empresariales", que s¨®lo significar¨ªa "un puntapi¨¦ adicional al funcionamiento de la econom¨ªa de mercado".Los interlocutores sociales parecen resignados a que en Espa?a la puesta en marcha de los fondos de inversi¨®n requiera un proceso de debate tan crispado como en Suecia, donde lleg¨® a durar 10 a?os. Para los sindicatos es el s¨ªmbolo por excelencia de la pol¨ªtica socialdem¨®crata y se han mostrado sorprendidos por las declaraciones del Ministro de Trabajo, el ¨²nico miembro del Gobierno que se ha atrevido a concretar un modelo. Para Luis Mart¨ªnez Noval, los fondos de inversi¨®n est¨¢n funcionando ya en nuestro pa¨ªs y son los fondos de pensiones.
El dirigente ugetista Apolinar Rodr¨ªguez pens¨® que se trataba de "un error de transcripci¨®n del periodista". Como no lo es, interpreta que el ministro se refiere a la experiencia inglesa, pero a¨²n as¨ª el sindicalista rebate que, "en la doctrina, est¨¢ acu?ado que se trata de sistemas alternativos".
Para Agust¨ªn Moreno (CC OO), la comparaci¨®n entre los fondos de pensiones y los de inversi¨®n "no tiene ni pies ni cabeza ya que el objetivo de los fondos de inversi¨®n es controlar los superbeneficios". Otros t¨¦cnicos del sindicato argumentan que la comparaci¨®n es un tanto extra?a porque los recursos de los fondos de pensiones se dirigen a cubrir complementos de jubilaci¨®n y tambi¨¦n es diferente el destino de las inversiones, dado que los fondos de los asalariados pretenden garantizar una inversi¨®n productiva.
Irreal e inviable
Las discrepancias de partida, sin embargo, no se refieren solamente al modelo, ya que en la reuni¨®n que mantuvieron los sindicatos y el Gobierno el pasado lunes, 4 de junio, el Ejecutivo acept¨® debatir los fondos de inversi¨®n seg¨²n el modelo n¨®rdico, pero en opini¨®n de las centrales plantea un debate "irreal e inviable" porque pone como condici¨®n el consenso previo con la CEOE. Solchaga luego matiz¨® que deseaba "un acuerdo suficiente".
Los dirigentes de CC OO son conscientes de que se inicia ahora un di¨¢logo muy dificil ya que en Espa?a no ha prosperado ning¨²n intento para controlar los beneficios empresariales. ?Ser¨¢ un debate de a?os?
En UGT se definen "forofos de los fondos", pero est¨¢n muy preocupados despu¨¦s de la reuni¨®n del 4 de junio. La raz¨®n b¨¢sica es que dudan que el Ejecutivo tenga voluntad pol¨ªtica de ponerlos en marcha, m¨¢s all¨¢ de las diferencias metodol¨®gicas o de que se traten en una mesa bipartita o tripartita.
La patronal CEOE no quiere ni o¨ªr hablar de los fondos de inversi¨®n o de cualquier v¨ªa que suponga "un control artificial de los beneficios empresariales", que s¨®lo significar¨ªa, aseguran, "un puntapie adicional al funcionamiento de la econom¨ªa de mercado en nuestro pa¨ªs".
A juicio de la CEOE, si el objetivo es la reinversi¨®n de la mayor parte de los beneficios, el m¨¦todo s¨®lo puede ser el de "crear y mantener la confianza en el sistema econ¨®mico espa?ol". Los fondos, aseguran, s¨®lo ir¨¢n a minar esa confianza y, como resultado, las posibilidades de que se mantengan tanto la inversi¨®n como el nivel de autofinanciaci¨®n.
En opini¨®n de los empresarios, si el objetivo del Gobierno es que contin¨²e la demanda de inversi¨®n y que aumente el nivel de autofinanciaci¨®n de las empresas, lo "mejor ser¨ªa articular incentivos fiscales que, adem¨¢s de reorientar la inversi¨®n, mejoran las expectativas empresariales". La CEOE argumenta adem¨¢s que el ritmo de reinversi¨®n de beneficios ha sido muy elevado durante los ¨²ltimos a?os, con lo que no ser¨ªa necesario adoptar medidas adicionales. De cara al mercado ¨²nico, adem¨¢s, los empresarios defienden que "lo que hace falta es, lejos de imponer controles externos a las decisiones individuales, mantener un clima favorable a la inversi¨®n".
Los sindicatos prev¨¦n que la reacci¨®n de CEOE sea a¨²n m¨¢s virulenta que la que ha tenido la patronal en contra del control de la contrataci¨®n, porque ahora se trata de "tocar el sacrosanto beneficio", seg¨²n Agust¨ªn Moreno. Por ello estima necesario que haya alg¨²n tipo de norma legal que le d¨¦ car¨¢cter imperativo. Dejarlo a la negociaci¨®n con los empresarios es, en su criterio, renunciar a los fondos y a que no se instrumenten nunca en Espa?a. Ah¨ª es donde considera esencial el papel que tome el Gobierno. "Si opta por una actitud pol¨ªticamente de derechas y mantiene que no habr¨¢ ley sin el placer de CEOE, se carga toda posibilidad", a?ade.
Sin modelo
Las centrales tienen todav¨ªa que desarrollar su modelo. En la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) es el punto que tiene un texto m¨¢s breve, apenas dos p¨¢rrafos, cuando al resto se dedican varios folios. Textualmente se dice que las dos centrales sindicales proponen la constituci¨®n de fondos de inversi¨®n al amparo de una ley-marco. Una parte de los beneficios empresariales deber¨ªa canalizarse como fondos adicionales y diferenciados hacia la creaci¨®n de empleo. Dichos fondos se nutrir¨ªan del excedente que superase determinado nivel.
Esta norma, seg¨²n la PSP, debiera ser elaborada necesariamente mediante negociaci¨®n con los interlocutores sociales y debe recoger, con el ¨¢nimo de dotar a los fondos de la mayor homogeneidad y eficacia en la consecuci¨®n del objetivo perseguido, el sistema de financiaci¨®n de los mismos, su titularidad patrimonial, su gesti¨®n socialmente compartida, el destino de la inversi¨®n y el de los beneficios que la misma produzca, as¨ª como una articulaci¨®n acorde con los fines colectivos a desarrollar.
UGT est¨¢ preparando documentos, sobre todo an¨¢lisis comparativos, algunos de ellos iniciados en 1987, cuando la central envi¨® una carta al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en la que le recordaban que, en reiteradas ocasiones hab¨ªa apoyado la conveniencia de poner en marcha fondos de inversi¨®n con una doble finalidad: cambiar el sentido en la distribuci¨®n de la renta y que los beneficios empresariales se dirijan m¨¢s a la inversi¨®n productiva que al consumo.
En esa carta, firmada por el l¨ªder ugetista, Nicol¨¢s Redondo, la central afirmaba que "la diferencia entre f¨®rmulas de ahorro forzoso, propiciadas y, desde luego, gestionadas por los empresarios, y sistemas solidarios de inversi¨®n colectiva la ha marcado siempre la voluntad pol¨ªtica de los gobiernos socialistas y socialdem¨®cratas para llevarlos a efecto".
Apolinar Rodr¨ªguez asegura ahora que, mientras el resto de los puntos de la PSP podr¨ªan ser aceptados por un Gobierno con un m¨ªnimo talante progresista, los fondos de inversi¨®n son "el broche de oro de una pol¨ªtica socialdem¨®crata y ello requiere voluntad pol¨ªtica".
UGT no tiene a¨²n una propuesta articulada ni ha resuelto qu¨¦ parte de los beneficios se deben destinar. Acepta como punto de partida el criterio dominante entre los sindicatos europeos consistente en que las participaciones sobre los beneficios no deber¨ªan concentrarse a nivel de empresa para luego resituarse como capital-riesgo en la propia empresa, porque no desean ver que los trabajadores pierden a la vez su empleo y sus econom¨ªas. En principio se inclina por fondos constituidos a nivel sectorial porque aseguran una distribuci¨®n regional del capital y la creaci¨®n de nuevos empleos.
Comisiones Obreras tan s¨®lo tiene elaborados, de cara a una discusi¨®n interna previa, los primeros documentos t¨¦cnicos. El gran debate que se debe abrir, seg¨²n Agust¨ªn Moreno, consiste en definir la funci¨®n social de los beneficios empresariales, en cumplimiento de los art¨ªculos 40 y 128 de la Constituci¨®n.
En el primero se dice que "los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones favorables para el progreso social y econ¨®mico y para una distribuci¨®n de la renta regional y personal m¨¢s equitativa, en el marco de una pol¨ªtica de estabilidad econ¨®mica. De manera especial realizar¨¢n una pol¨ªtica orientada al pleno empleo". El art¨ªculo 128 establece que "toda la riqueza del pa¨ªs en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est¨¢ subordinada al inter¨¦s general".
Las centrales consideran una falacia demostrada que con s¨®lo la generaci¨®n de excedentes se genere inversi¨®n productiva y empleo, ya que el empleo creado es insuficiente y algunas inversiones han alimentado la especulaci¨®n. Por ello, plantean la necesidad de crear instrumentos para que los excedentes generen tejido industrial.
Su criterio es que en Espa?a son m¨¢s necesarios por la realidad social, dada la alta tasa de paro y las profundas desigualdades en el reparto de la riqueza.
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