La primac¨ªa del consenso

La mayor¨ªa de los chilenos quieren hoy evitar que se repita lo que el autor del art¨ªculo califica de "suicidio colectivo" de 1973. Por ello el pa¨ªs vive ahora una etapa marcada por el consenso para consolidar la democracia recuperada.

Hace 17 a?os, la irreductibilidad de las posiciones y la idea de que era posible imponer a los dem¨¢s nuestro propio cuerpo doctrinario y un modelo de sociedad crearon en Chile las condiciones objetivas y subjetivas para llegar, a un punto de no retorno en la escisi¨®n pol¨ªtica. Se produjo una suerte de suicidio institucional, originando la larga dictadura que todos conocemos y, en diferentes grados, hemos padecido. Hoy, la inmensa mayor¨ªa de los chilenos es consciente de que ni lo uno ni lo otro debe repetirse.M¨¢s all¨¢ de las acciones que por estos d¨ªas han protagonizado los extremos, y a pesar de las voces que alzan los nost¨¢lgicos del conflicto, incapaces de aceptar -y menos de comprender- que los chilenos superen agravios y antagonismos en funci¨®n de un futuro de entendimiento, los primeros seis meses de vida democr¨¢tica demuestran que en la sociedad chilena est¨¢ enraizando lo que podr¨ªamos llamar la primac¨ªa del consenso.

A diferencia de lo ocurrido en 1973, las fuerzas pol¨ªticas chilenas y los actores sociales y econ¨®micos han sido capaces de ponerse de acuerdo. Primero, para revalorizar la v¨ªa pol¨ªtica por encima de la v¨ªa militar y derrotar a Pinochet en un plebiscito hist¨®rico. Segundo, para realizar por consenso las reformas constitucionales b¨¢sicas que permitieran una transici¨®n pac¨ªfica a la democracia. Tercero, para llevar adelante un proceso electoral limpio con garant¨ªa de respeto a los resultados. Cuarto, ya una vez instalado el nuevo Gobierno democr¨¢tico de Patricio Aylwin, para llegar a acuerdos entre los partidos, los sindicatos y los empresarios para enfrentar las principales reformas econ¨®mico-sociales necesarias para esta nueva etapa. Por ¨²ltimo, ha sido posible -todo esto en muy poco tiempo- llegar a acuerdos b¨¢sicos en reformas jur¨ªdico-institucionales que afectan a la Administraci¨®n de justicia y a la situaci¨®n de los procesos pendientes iniciados durante la dictadura por razones pol¨ªticas o por hechos punibles derivados de esas situaciones.

Cu¨¢druple desaf¨ªo

En este marco de acuerdos, y con este esp¨ªritu consensual, Chile est¨¢ afrontando un cu¨¢druple desaf¨ªo, de cuya superaci¨®n depende que la democracia se consolide en los pr¨®ximos a?os: justicia social, crecimiento econ¨®mico, afianzamiento del poder civil y derechos humanos. El nuevo Gobierno ha recibido un pa¨ªs social y econ¨®micamente dividido, con una deuda social de enormes proporciones, que se manifiesta principalmente en el deterioro de los servicios sociales, en la precarizaci¨®n de las condiciones de empleo y en que cinco millones de chilenos viven situaciones de pobreza incompatibles con la dignidad humana. Por esta raz¨®n se han destinado para el presente a?o un total, sin precedentes, de m¨¢s de 220.000 millones de pesetas para el gasto social, y se ha presupuestado para los pr¨®ximos cuatro a?os una cifra superior a los 800.000 millones de pesetas, orientados a mejorar el salario m¨ªnimo y las pensiones, el acceso a los servicios b¨¢sicos, vivienda, formaci¨®n, empleo y programas de autoayuda comunitaria. Simult¨¢neamente se enfrenta el desaf¨ªo de mantener los equilibrios macroecon¨®micos b¨¢sicos, fomentando la inversi¨®n nacional y extranjera -esta ¨²ltima, en el primer semestre super¨® los 800 millones de d¨®lares, y sigue aumentando-, promoviendo las exportaciones, procurando diversificarlas, y creando las condiciones de estabilidad m¨ªnimas que den sustento a pol¨ªticas de largo plazo para el libre desarrollo de las iniciativas de los agentes econ¨®micos.

Pero el necesario contexto para que la deuda social se pague y el crecimiento econ¨®mico contin¨²e es el de la plena vigencia del pluralismo pol¨ªtico y social, la democratizaci¨®n del poder local y el reforzamiento de la autoridad e independencia de las instituciones pol¨ªticas. Sin embargo, tambi¨¦n han comprendido desde un primer momento las nuevas autoridades que nada de esto tendr¨¢ pleno valor social ni enraizar¨¢ en la sana convivencia nacional si el pa¨ªs no enfrenta de una forma seria, cr¨ªtica, generosa y definitiva el problema de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. De ah¨ª que el presidente Aylwin haya creado la comisi¨®n Verdad y Reconciliaci¨®n, para el conocimiento de las denuncias de los afectados y para poner estos casos en manos de la justicia ordinaria. Esta comisi¨®n, presidida por un eminente hombre p¨²blico, de com¨²n aceptaci¨®n, ha vencido con sus primeras actuaciones las resistencias iniciales de la derecha y ha neutralizado los recelos de las Fuerzas Armadas y la desconfianza del sector m¨¢s extremo de la izquierda. Pero lo m¨¢s significativo, y que indica que se est¨¢ en la direcci¨®n correcta, es la positiva respuesta que las propias v¨ªctimas o los familiares de los asesinados o desaparecidos han dado al trabajo de la comisi¨®n: en tres meses de labor ha recibido m¨¢s de 3.000 denuncias, y en palabras de su presidente, "lo que sorprende es que los afectados no tienen ¨¢nimo de venganza, sino de justicia: manifiestan contentarse con que logremos lo fundamental, que se conozca la verdad sobre los hechos. (...) La mayor¨ªa desea justicia, pero no violencia". Recientemente, la comisi¨®n ya ha puesto en conocimiento de los tribunales los primeros casos para que ¨¦stos.act¨²en seg¨²n las disposiciones vigentes. Es decir, lo que el nuevo Gobierno y los partidos pol¨ªticos del arco parlamentario est¨¢n intentando hacer es crear las condiciones para la reconciliaci¨®n nacional fundada en la verdad y la justicia, nunca en el olvido.

Combinar democracia pol¨ªtica con justicia social, estabilidad econ¨®mica y reconciliaci¨®n nacional es la gran empresa de Chile. Para llevarla adelante requiere de mucha comprensi¨®n en el interior del pa¨ªs y en el ¨¢mbito internacional. La cooperaci¨®n financiera y t¨¦cnica, junto al apoyo pol¨ªtico al proceso democr¨¢tico, son fundamentales. Para el nuevo Gobierno, que lleva instalado hace apenas seis meses, no es una tarea f¨¢cil, ni nadie pretende que lo sea. Tampoco es una tarea de corto plazo, pese a las urgencias. Menos a¨²n cuando, precisamente, uno de los desaf¨ªos consiste en profundizar en la democracia, llevarla a la base y a las instituciones que quedaron atadas mediante leyes de ¨²ltimo minuto aprobadas por el Gobierno militar, cuyo desmantelamiento ser¨¢ no s¨®lo pol¨ªticamente complicado, sino laborioso. Nadie con un m¨ªnimo de serenidad podr¨ªa plantear que las actuales autoridades hayan olvidado su compromiso con los cambios y con la justicia. Pero precisamente porque la primera obligaci¨®n con el pa¨ªs es asegurar bienestar y justicia para todos, y que no se repitan jam¨¢s en Chile los horrores de una dictadura, es que existe el deber de combinar firmeza con prudencia y sentido pol¨ªtico. Hay una minor¨ªa que prefiere la vociferaci¨®n y el enfrentamiento, y presiona al Gobierno en un sentido o a la oposicion en otro para radicalizar las posiciones. Afortunadamente no tienen ¨¦xito; los extremos van quedando aislados, y el propio general se encarga, con sus lamentables intervenciones, de ir rest¨¢ndoselos apoyos que ten¨ªa.

es director del Centro de Investigaciones y Promoci¨®n Iberoam¨¦rica-Europa.