Problemas jur¨ªdicos para las elecciones auton¨®micas si se celebran en mayo
Las elecciones auton¨®micas de la pr¨®xima primavera encontrar¨¢n previsiblemente problemas jur¨ªdicos si se celebran el 26 de mayo como est¨¢ acordado entre varios partidos. As¨ª lo han comentado personas relacionadas con la normativa electoral y de los Parlamentos aut¨®nomos. El motivo es que, para respetar los plazos y que los comicios puedan celebrarse en esa fecha, es necesario disolver los Parlamentos en marzo. Esto recorta en tres meses el mandato estatutario de cuatro a?os establecido para los diputados cuando fueron elegidos. Si alguno de ellos -por ejemplo, los de peque?os partidos- presenta un recurso de amparo por hab¨¦rsele escamoteado 90 d¨ªas, tendr¨¢ posibilidades de poner en riesgo todo el proceso.
Los principales grupos parlamentarios alcanzaron hace dos meses un acuerdo para adelantar las elecciones auton¨®micas al mes de mayo, pues, de cumplirse estrictamente los plazos desde que tomaron posesi¨®n los diputados, corresponder¨ªa celebrarlas en julio, con media Espa?a de vacaciones. Y dentro de cuatro a?os corresponder¨ªa agosto.La convocatoria de elecciones precisa un margen de 60 d¨ªas entre la disoluci¨®n de las asambleas auton¨®micas y el d¨ªa de las votaciones (para cumplir as¨ª tambi¨¦n, entre otros, los plazos de presentaci¨®n de listas y coaliciones, proclamaci¨®n de candidatos y campa?a electoral). Por tanto, ser¨ªa necesario disolver los Parlamentos a finales de marzo.
Los estatutos y leyes electorales de la mayor¨ªa de las 13 comunidades que celebran elecciones el pr¨®ximo a?o impiden ahora -y, por tanto, tambi¨¦n en el momento de la elecci¨®n- la convocatoria anticipada de elecciones. Por ello, sus diputados ten¨ªan garantizado estatutariamente, al ser elegidos, un mandato de cuatro a?os.
Si se disuelven los Parlamentos en marzo, habr¨¢n cumplido cuatro a?os menos tres meses. Ello dar¨ªa pie a los diputados que lo deseasen a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los firmantes del acuerdo han previsto, para resolver esta cuesti¨®n, promover reformas de los estatutos -algunas ya en camino- que posibiliten la convocatoria de mayo. Pero esto, en opini¨®n de las fuentes consultadas, corre el riesgo de ser recurrido por tener efectos retroactivos sobre los derechos adquiridos en su d¨ªa al obtener la condici¨®n de parlamentario. Tal interpretaci¨®n es discutible desde el punto de vista jur¨ªdico, pero ante ella caben tanto, en principio, la desestimaci¨®n como la aceptaci¨®n del recurso.
Es improbable que esta eventual iniciativa surja de los diputados miembros de los partidos firmantes del acuerdo; pero no se puede descartar que lo hagan los de otras formaciones.
Andr¨¦s Esteban, del grupo parlamentario del Par (Partido Aragon¨¦s; antes, Partido Aragon¨¦s Regionalista), que gobierna en Arag¨®n, declar¨® ayer a este peri¨®dico que esa organizaci¨®n ya ha estudiado el problema: "Sabemos que podemos presentar un recurso al Constitucional, porque se vulnerar¨ªan nuestros derechos adquiridos, pero aun no hemos tomado una decisi¨®n al respecto. Supongo que esa decisi¨®n corresponder¨ªa al partido. De todas formas, ese recurso, al ser de amparo, lo puede presentar cualquier parlamentario de cualquier partido, individualmente". Este portavoz expres¨® asimismo su disgusto por el hecho de que los firmantes del acuerdo no hayan tenido Ia delicadeza" de consultar al PAR.
Alargar el mandato
Ante esa eventualidad del recurso, una v¨ªa barajada en la Administraci¨®n consiste en alargar el mandato de los diputados incluso tras el decreto de convocatoria. Pero ello plantear¨ªa a su vez, seg¨²n juristas consultados, otro problema constitucional: se quebrar¨ªa el principio de igualdad: unos candidatos continuar¨ªan disponiendo de las ventajas del esca?o (entre ellas, la inmunidad, y la percepci¨®n de dinero p¨²blico) mientras que otros -los que no tienen esca?o- se presentar¨ªan en inferioridad. El mantenimiento de este principio de igualdad es precisamente la raz¨®n de que al convocarse elecciones quede disuelto un Parlamento.
Otra soluci¨®n consistir¨ªa en defender que los cuatro a?os de mandato cuentan desde el d¨ªa de las elecciones y no desde la toma de posesi¨®n, lo que reduce los d¨ªas supuestamente robados. Este hecho tambi¨¦n entra?ar¨ªa riesgos, pues cabe igualmente el recurso con posibilidades de ¨¦xito.
Fuentes de la Administraci¨®n se?alaron que ven altamente improbable que prosperen los recursos basados bien en la irretroactividad o en que se quiebre el principio de igualdad.
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