El Gobierno carece de proyecto para proteger datos privados a los 12 a?os del mandato constitucional

"La ley limitar¨¢ el uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Este precepto, que figura en el art¨ªculo 18.4 de la Constituci¨®n de 1978, sigue sin cumplirse cuando ayer se cumplieron 12 a?os de la aprobaci¨®n en refer¨¦ndum de la Carta Magna. Los riesgos de abuso inform¨¢tico mediante el cruce de informaciones reservadas entre los bancos de datos p¨²blicos y privados o el uso torcido de los mismos no han impulsado a¨²n al Gobierno socialista a promover una ley para cumplir el mandato constitucional.

Con motivo de la celebraci¨®n del 12 aniversario de la Constituci¨®n, los dirigentes de grupos pol¨ªticos se mostraron partidarios ayer de una aplicaci¨®n y desarrollo de la Carta Magna, antes de pensar en su reforma. Sin embargo, en varios cajones del Parlamento duerme, entre otros textos sobre la materia, una propuesta de ley de Protecci¨®n de Datos Inform¨¢ticos, remitida por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH) en diciembre de 1987 a todos los grupos. Seg¨²n fuentes del PSOE, se est¨¢n realizando estudios para optar por el modelo sueco o el alem¨¢n y el Gobierno est¨¢ a la espera de conocer el texto definitivo de una directiva de la CE sobre esta materia.El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, reiter¨® ayer, como en anteriores legislaturas, que en ¨¦sta se acometer¨¢ tal ley, y asegur¨® que, "mientras tanto, los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque en este pa¨ªs, a diferencia de otros, nunca se han vulnerado sus derechos a trav¨¦s de la inform¨¢tica".

Optimismo

En contraste con este optimismo, aumentan las iniciativas que pueden servir para un mayor control de los ciudadanos a trav¨¦s de la inform¨¢tica. En plena pol¨¦mica por la distribuci¨®n y exigencia obligatoria del N¨²mero de Identificaci¨®n Fiscal (NIF) y por la posible intromisi¨®n privada en datos confidenciales al renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), cuatro jueces de Sevilla han denunciado el uso torcido de informaci¨®n de las sentencias civiles por una empresa que vende a bancos y cajas de ahorros datos no actualizados sobre ciudadanos morosos.El borrador elaborado en 1987 por el hoy vicepresidente de la APDH y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Diego L¨®pez Garrido establece el derecho de cualquier persona a conocer la existencia y finalidad de los bancos de datos personales, as¨ª como la identidad de quien los controle. Otro derecho reconocido en dicho texto a todo ciudadano es el de obtener informaci¨®n completa sobre el origen, contenido y uso de los datos que afecten a su intimidad o identidad, y el de obtener una compensaci¨®n por los da?os sufridos.

Igualmente -siempre seg¨²n este borrador-, cuando se detecten errores o lagunas en los datos, se podr¨¢ pedir la rectificaci¨®n, que la entidad requerida deber¨¢ realizar. En caso de duda, agrega el texto, la carga de la prueba recaer¨¢ sobre la entidad ante la que se efectua la rectificaci¨®n. En todo momento, la persona a cuya identidad se refieren los datos archivados, una vez obtenida la finalidad para la que fueron facilitados, podr¨¢ lograr la cancelaci¨®n de los mismos. El borrador prev¨¦ que cuando los archivos reservados dependan de Hacienda, Defensa o Interior, el acceso, rectificaci¨®n y cancelaci¨®n de datos se realizar¨¢ a trav¨¦s de una Comisi¨®n Nacional para la Protecci¨®n de Datos, cuyas decisiones ser¨¢n recurribles ante la justicia.