Angeles custodios

EL MINISTERIO del Interior ha elaborado un anteproyecto de ley org¨¢nica sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana que, en su esp¨ªritu y en su letra, renueva las pretensiones de un espacio de actuaci¨®n policial lo m¨¢s aut¨®nomo posible, inmune en parte al control judicial y regido por normas distintas de las generales que configuran el Estado de derecho.La nueva norma supondr¨ªa la defunci¨®n formal de los restos todav¨ªa sobrevivientes de la ley franquista de Orden P¨²blico de 1959, lo cual tiene una valoraci¨®n positiva en sus intenciones. Pero, de ser aprobada tal cual, el corpus de aquella legislaci¨®n excepcional de la dictadura se mantendr¨ªa casi inc¨®lume en plena democracia. Y de paso se echar¨ªan por la borda conquistas b¨¢sicas en defensa de los derechos y libertades de las persona como la tutela judicial efectiva, el derecho de h¨¢beas corpus frente a detenciones arbitrarias, la asistencia letrada en las diligencias policiales y la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que lo que se presenta bajo la r¨²brica de protecci¨®n ciudadana lleva rasgos contradictorios: aut¨¦ntica espada de Damocles que proyecta una potencial amenaza sobre las zonas de libertad y de seguridad m¨¢s esenciales del ciudadano.

Felizmente, la propuesta es s¨®lo, de momento, un anteproyecto sobre el cual el Ministerio del Interior ya ha anunciado su disposici¨®n a hacer cambios importantes. En su trayectoria hasta el Bolet¨ªn Oficial del Estado ha de pasar todav¨ªa por diversos controles, lo cual hace abrigar la esperanza de que se la cambie sustancialmente o de que alguien la considere inservible y la devuelva a los cajones de sus autores primeros. Porque no se ve la necesidad o la urgencia de tal norma. Existen suficientes leyes, generales y especia les que, aplicadas con el rigor y la rapidez de una justicia democr¨¢tica, garantizan convenientemente la seguridad ciudadana; lo m¨¢s significativo que aportar¨ªa la que se propone es ampliar las facultades de la polic¨ªa y reforzar la potestad sancionadora de las administraciones hasta l¨ªmites dif¨ªcilmente compatibles con la Constituci¨®n. En estos momentos, el anteproyecto de tal norma espera el veredicto del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Esta instituci¨®n tiene la responsabilidad de encender las primeras se?ales rojas en el camino de este anteproyecto y de recordar cu¨¢les son los contornos legales y el ¨¢mbito de garant¨ªas que bajo ning¨²n concepto deben ser violados.

Tambi¨¦n ser¨¢ muy importante conocer el juicio que el texto en cuesti¨®n merece al Ministerio de Justicia, hasta ahora silente. ?No tiene este departamento nada que decir o presta su apoyo a una norma que podr¨ªa legalizar la retenci¨®n policial y que propugna la renuncia del detenido al derecho de asistencia letrada? ?Qu¨¦ opina sobre la potenciaci¨®n del arbitrio de la autoridad gubernativa en el terreno de las faltas administrativas hasta el punto de atribuir a futuras reglamentaciones espec¨ªficas la concreci¨®n de los tipos y la graduaci¨®n de las sanciones? ?O sobre el hecho de otorgar presunci¨®n de veracidad al informe de la polic¨ªa en el procedimiento sancionador, dejando la carga de la prueba en contrario al ciudadano? Y ello sin olvidar que establece un nuevo concepto de inviolabilidad del domicilio, diferenciando espacios habitualmente destinados a la vida ¨ªntima de sus titulares de otros que no lo ser¨ªan.

De un lado, se proponen medidas contra las que ya se ha pronunciado expresamente el Tribunal Constitucional y que merecieron el expl¨ªcito rechazo del anterior titular de Justicia: es el caso de la retenci¨®n policial, seg¨²n la cual el ciudadano no tiene la consideraci¨®n de detenido pero est¨¢ obligado a permanecer en comisar¨ªa contra su voluntad. De otro, se generalizan al resto de los ciudadanos, e incluso se ampl¨ªan, determinadas facultades policiales, como la del registro domiciliario, previstas para los supuestos terroristas, o la persecuci¨®n de individuos sorprendidos en flagrante delito. De aprobarse este anteproyecto -cosa poco probable, dadas las declaraciones de los autores en el sentido de considerarlo "texto abierto"- se pondr¨ªa en manos de la autoridad una serie de cheques en blanco que merecer¨ªan el recelo del ciudadano aun en el supuesto de que los polic¨ªas fueran ¨¢ngeles. La seguridad jur¨ªdica de los polic¨ªas no se puede ampliar si, al hacerlo, se pone en riesgo la del resto de los ciudadanos.