Los jueces se enfrentan al Gobierno chileno

La Corte Suprema de Chile considera que el Gobierno ha puesto en peligro "nada menos que la estabilidad del orden institucional, as¨ª como el r¨¦gimen de derecho vigente". El Gobierno rechaz¨® de forma categ¨®rica estas acusaciones con una seca nota publicada el jueves por la noche en Santiago. Los jueces se sienten acorralados por la petici¨®n del presidente Aylwin para que investiguen los cr¨ªmenes cometidos durante el r¨¦gimen militar.

Entre la Corte Suprema y el gobierno de Chile ha estallado un conflicto, desencadenado por el informe de la Comisi¨®n Nacional de Verdad y Reconciliaci¨®n y la petici¨®n del presidente Patricio Aylwin de que los tribunales de justicia investiguen, "con el mayor celo y diligencia", los casos de los detenidos desaparecidos y los cr¨ªmenes contra los derechos humanos cometidos durante el r¨¦gimen militar.La publicaci¨®n del informe Rettig sobre cr¨ªmenes contra los derechos humanos ha significado un hito hist¨®rico en Chile en el camino hacia el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en los 16 a?os y medio de dictadura, pero queda pendiente la acci¨®n de los tribunales. En esta b¨²squeda de justicia un obst¨¢culo lo constituye sin duda la composici¨®n de la Corte Suprema, formada por jueces que durante el r¨¦gimen militar hicieron la vista gorda y prefirieron ignorar los cr¨ªmenes. El informe Rettig constata de forma categ¨®rica que "durante el periodo que nos ocupa, el poder judicial no reaccion¨® con la suficiente energ¨ªa frente a las violaciones de los derechos humanos".

En el discurso de presentaci¨®n del informe, Aylwin anunci¨® el env¨ªo de un oficio a la Corte Suprema, "para que active con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisi¨®n de Verdad y Reconciliaci¨®n remiti¨®".

Adem¨¢s, Aylwin fij¨® su posici¨®n en el controvertido tema de la amnist¨ªa que concedieron los militares por los cr¨ªmenes ocurridos hasta el a?o 1978. El Gobierno respeta esa ley de amnist¨ªa, es decir, no se perseguir¨¢ a nadie por delitos anteriores a esa fecha, pero considera que esto no impide que se investiguen los hechos, aunque esto no produzca condenas. Adem¨¢s queda abierta la posibilidad de juzgar y condenar cr¨ªmenes posteriores a la amnist¨ªa de 1978.

En la picota

Los jueces se sienten acorralados y puestos en la picota por el informe y la petici¨®n de Aylwin, en nombre de la Constituci¨®n y los tratados internacionales ratificados por Chile, para que "se realicen las investigaciones necesarias para determinar la existencia del delito y la individualizaci¨®n de los responsables y para sancionarlos penal y civilmente cuando corresponda".La reacci¨®n de la Corte Suprema fue casi inmediata y, reunida en pleno, denunci¨® el jueves que "las intervenciones p¨²blicas de autoridades de alto rango, as¨ª como de otros personeros, sea ello o no en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, han contribuido a fomentar un clima de perniciosa animosidad, por instigaci¨®n de algunos sectores pol¨ªticos, en cuanto se pretende desprestigiar al Poder Judicial empleando todos los recursos del esc¨¢ndalo".

Considera la Corte Suprema chilena que la campa?a "ha adquirido ribetes de extrema gravedad". Se defienden los jueces de las acusaciones sobre su actuaci¨®n durante la dictadura militar y dicen que "Io actuado por este tribunal en tales casos" es atacado con "argumentos que, tambi¨¦n est¨¢n divorciados de la realidad que se viv¨ªa en la ¨¦poca en que se cometieron los abusos contra los derechos humanos que se conocen".

La denuncia contra las autoridades de alto rango, a la que s¨®lo faltar¨ªa poner el nombre del propio presidente Aylwin, se agrava con el argumento de que se han descubierto "planes para asesinar a ministros de esta Corte por parte de grupos terroristas" y esto pone en peligro, seg¨²n la Corte Suprema, el orden institucional y el estado de Derecho. De forma categ¨®rica el Gobierno ley¨® la respuesta del presidente Patricio Aylwin a la Corte Suprema y rechaz¨® las acusaciones que hab¨ªa hecho ¨¦sta: "El Gobierno no advierte que objetivamente existan elementos que importen una situaci¨®n de peligro para la estabilidad del orden institucional o del r¨¦gimen de derecho vigente".