C¨®mo consolidar una democracia

Mantiene el autor que la democratizaci¨®n chilena se basa en el consenso de las fuerzas sociales y partidos del arco parlamentario. Los chilenos deben recuperar los valores de la confianza y la solidaridad, a trav¨¦s de la verdad y la reconciliaci¨®n. En este camino, el desaf¨ªo m¨¢s serio del nuevo Gobierno es la reparaci¨®n de los da?os causados por la dictadura, y el aislamiento del extremismo y del involucionismo.

El proceso chileno hacia la consolidaci¨®n democr¨¢tica es una laboriosa obra de ingenier¨ªa pol¨ªtica que se construye cotidianamente en un contexto complejo. Si se pudieran presentar esquem¨¢ticamente las claves de dicho proceso, ¨¦stas ser¨ªan: el consenso, la prudente y calculada progresividad en el asentamiento del poder civil la aceptaci¨®n ampliamente mayoritaria de la legalidad como marco para la soluci¨®n de los conflictos de poder.El avance producido en Chile en materia pol¨ªtica -aparte de los conocidos logros en materia econ¨®mica, inversiones e incremento de las medidas sociales- es considerable. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, el Gobierno que encabeza Patricio Aylwin ha logrado en poco tiempo avanzar en la recuperaci¨®n de las libertades y el asentamiento progresivo del poder civil sobre la base de grandes consensos de los que participan pr¨¢cticamente todas las fuerzas sociales y los partidos pol¨ªticos del arco parlamentario.

Existe, tanto por parte del Gobierno como de la oposici¨®n democr¨¢tica, clara conciencia de que la democracia s¨®lo es posible construirla entre todos y que su solidez depende de que sea asumida mayoritariamente como un bien social. Este marco es el que permite aislar al involucionismo y al extremismo, y hace inviable cualquier intento por alterar desde posiciones de fuerza el curso de los acontecimientos.

Apolog¨ªa de la dictadura

Las espor¨¢dicas declaraciones de Pinochet haciendo apolog¨ªa de su dictadura o amenazando veladamente al poder pol¨ªtico, m¨¢s all¨¢ de constituir un intento por demostrar fortaleza, revelan su debilidad esencial: en el contexto actual no hay cabida a la raz¨®n de la fuerza -aun cuando en un momento alg¨²n grupo pretendiera ejercerla-.Las condiciones subjetivas y objetivas en la sociedad chilena favorecen ampliamente la v¨ªa pol¨ªtica, y cualquiera que opte hoy en d¨ªa por la violencia se encuentra con el repudio pr¨¢cticamente un¨¢nime de la clase pol¨ªtica, de las instituciones y de la ciudadan¨ªa, como ha ocurrido con el reciente asesinato del dirigente derechista e ide¨®logo del r¨¦gimen anterior, senador Jaime Guzm¨¢n.

Pero la democracia, para, consolidarse, necesita m¨¢s que este marco. Necesita la vivencia permanente de los valores que le dan fuerza: la confianza mutua y la solidaridad. A la confianza se llega por la verdad, y a la solidaridad, por la conciliaci¨®n.

En el caso actual, Por la reconciliaci¨®n. De ah¨ª que la propuesta del Gobierno chileno de buscar la verdad de los hechos acaecidos durante la dictadura, presentarlos ante el pa¨ªs, procurar que se haga justicia pero simult¨¢neamente promover la reconciliaci¨®n y el reencuentro, contienen una visi¨®n de futuro que ha generado el apoyo de la gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n y sus instituciones.

En este contexto debe ser situado el tratamiento decidido por el presidente chileno al tema de los derechos humanos, despu¨¦s de una amplia ronda de conversaciones con los partidos, la Iglesia, instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de familiares de los afectados. El denominado Informe Rettig, sobre las m¨¢s graves violaciones a los derechos humanos (aqu¨¦llas con resultado de muerte o desaparici¨®n) ocurridas durante la dictadura militar, investigadas durante nueve meses por la Comisi¨®n Verdad y Reconciliaci¨®n sobre la base de testimonios directos de los familiares de las v¨ªctimas, de testigos y de los datos que por mandato legal debieron presentar las instituciones p¨²blicas, incluidas las Fuerzas Armadas, dio cumplimiento no s¨®lo a un compromiso solemne adquirido por el Gobierno y los partidos pol¨ªticos que lo sustentan, sino adem¨¢s constituye un imperativo ¨¦tico e hist¨®rico para toda la sociedad. Su prop¨®sito es que conduzca tambi¨¦n a la mayor reparaci¨®n posible a los afectados y sus familias: reparaci¨®n moral -mediante la reivindicaci¨®n p¨²blica de las v¨ªctimas- como tambi¨¦n patrimomal y jur¨ªdica. La verdad, contrarlamente a lo que los nost¨¢lgicos del pinochetismo piensan, contribuir¨¢ a despejar la senda de la reconciliaci¨®n.

Tras conocerse el informe, el Gobierno enfrenta uno de los mayores desaf¨ªos de su gesti¨®n: c¨®mo hacer justicia. En este aspecto fundamental, como en todos los otros aspectos del proceso de democratizaci¨®n chilena, se mantiene la constante de buscar los m¨¢s amplios consensos, de arbitrar toda medida dentro de rigurosos cauces legales y de procurar que todo esto contribuya siempre a consolidar la democracia en lugar de producirle fisuras. Hasta el momento ha existido una casi unanimidad en el arco pol¨ªtico y social frente al m¨¦todo elegido por Aylwin para llevar adelante una soluci¨®n definitiva, que persigue satisfacer en la medida de lo posible -con el compromiso activo del propio Gobierno- los leg¨ªtimos anhelos de los familiares de las v¨ªctimas, cumpliendo a la vez con su obligaci¨®n pol¨ªtica de dar estabilidad al proceso.

Los dirigentes de izquierda que fueron perseguidos y encarcelados por la dictadura apoyan este camino, mientras la derecha ha terminado por reconocer y asumir, con matizaciones, la realidad de las violaciones. Dos ramas de las Fuerzas Armadas -la Fuerza A¨¦rea y los Carabineros- han aceptado el informe en lo sustantivo, mientras la Marina objeta principalmente la falta de ¨¦nfasis en el contexto hist¨®rico en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos. El Ej¨¦rcito ha recusado el informe y ha defendido la actuaci¨®n del gobierno militar.

Respeto de la legalidad

Pero lo m¨¢s significativo es que tanto el Ej¨¦rcito, con Pinochet a la cabeza, como la Marina han hecho presente su posici¨®n y formalizado la misma dentro de los marcos que la legalidad fija para esto: en una sesi¨®n del Consejo Nacional de Seguridad. Antes, en el caso de los ascensos anuales de la oficialidad superior, decididos por Aylwin, ocurri¨® algo similar, en que el marco legal y los procedimientos preestablecidos sirvieron de cauce para dirimir las diferencias. Es decir, el cl¨¢sico legalismo de los chilenos y el peso ¨¦tico-soc¨ªal de las formas pol¨ªticas aceptadas embargan de tal modo a los actores que resulta muy dificil para ellos arriesgar el repudio social al salirse de las reglas del juego consensualmente adoptadas por todos. ?ste es uno de los grandes m¨¦ritos de Aylwin: haberle dado vigencia pr¨¢ctica al esp¨ªritu y a la letra de las normas que regulan la convivencia democr¨¢tica, obligando a todos, ¨¦l incluido, a mantenerse dentro de la m¨¢s estricta legalidad. Esto no quiere decir que no pueda haber quienes opten por saltarse esas reglas y hacer caso omiso del sentir mayoritario. Pero es claro que estar¨¢n siempre aislados y ser¨¢n marginales.

La filigrana con que se teje d¨ªa a d¨ªa la democracia chilena est¨¢ hecha de pasos que, aunque unas veces tarden m¨¢s que otras, cuando son dados son irreversibles. En esta din¨¢mica, aunque parezca una paradoja, la permanencia o no de Pinochet en el Ej¨¦rcito, sus intervenciones y presencia p¨²blica, aunque irritante, resultan cada vez menos significativas y disonantes, ya que su terreno es el del enfrentamiento, y en cambio ahora Chile ha vuelto al terreno de la pol¨ªtica, que no es el suyo. Ya qued¨® demostrado en el plebiscito de 1988 y en las elecciones de 1989.

es director del Centro de Investigaciones y Promoci¨®n Iberoam¨¦rica- Europa (CIPIE).