Todos tienen plan

O NO es cierto que lo de la vivienda fuera un truco publicitario o el truco era tan bueno que todos han picado. Anguita pas¨® del sarcasmo al anuncio de que Izquierda Unida preparaba su propio plan, alternativo pero no contradictorio, y lo mismo ha hecho Aznar tras algunos circunloquios. El CDS, por su parte, ya advirti¨® que el plan se lo hab¨ªan copiado, luego se supone que no estar¨¢ en contra. Parece existir, pues, bastante unanimidad. Tanto mejor, porque el asunto requiere el concurso de todos los partidos. S¨®lo uno de ellos, sin embargo, tiene acceso al BOE, y eso obliga al PSOE a afinar en las propuestas.En ello est¨¢ el Gobierno, seg¨²n inform¨® Solchaga tras el ¨²ltimo Consejo de Ministros. Pero si el plan de vivienda ha pasado a ser asunto del Ejecutivo, y no s¨®lo compromiso electoral del PSOE, podr¨ªa pensarse que, a efectos de su cumplimiento, resulta indiferente qui¨¦n gane en los comicios del d¨ªa 26. Sin embargo, tras el inicial desconcierto parece haberse abierto paso una doble convicci¨®n: que, contra lo que se deduc¨ªa de propuestas m¨¢gicas tipo coeficientes obligatorios, no es posible comprar duros a cuatro pesetas y que es preciso actuar simult¨¢neamente sobre todos los factores que inciden en el problema, incluido el decisivo del coste del suelo. Y ello implica la actuaci¨®n coordinada de todas las administraciones, es decir, de los partidos en ellas representados.

El asunto se ha convertido ya en el eje del debate electoral, aunque es l¨®gico que cada partido, de acuerdo con sus presupuestos -y hasta prejuicios- ideol¨®gicos, ponga el acento en tal o cual aspecto concreto del problema. As¨ª, no es extra?o que los conservadores insistan en las medidas fiscales -m¨¢s y mayores deducciones- o que Izquierda Unida subraye preferentemente el d¨¦ficit de viviendas sociales -subvencionadas- acumulado en el ¨²ltimo periodo. Tambi¨¦n es l¨®gico, en el contexto de la batalla electoral, que Aznar saque a relucir la promesa socialista, en 1982, de impulsar la construcci¨®n de 400.000 viviendas en los a?os sucesivos, aunque el reproche deber¨ªa ir dirigido no a la promesa, sino a su eventual incumplimiento, lo cual no es evidente: en el periodo 1984-1986 se construyeron en Espa?a una media de 221.000 viviendas, de las que el 55% lo fueron de protecci¨®n oficial. Fue en el periodo posterior, tras las elecciones de 1986, cuando el problema se agrav¨® al reducir al 15% la proporci¨®n de viviendas protegidas.

Pero, al margen de esas discusiones, existe un acuerdo fundamental en cuanto al diagn¨®stico del problema, apoyado en los siguientes datos: en los ¨²ltimos 10 a?os, el precio medio de las viviendas se ha multiplicado, al menos en las principales ciudades, por cinco. Los salarlos han crecido mucho menos: de una media de 65.000 pesetas al mes han pasado a algo m¨¢s de 150.000 en la actualidad (o sea, un incremento del 129%). En cuanto a los cr¨¦ditos hipotecarios, los intereses vigentes (en torno al 15% en el periodo 1985 1990, muy por encima de los aplicados en los principales pa¨ªses de la CE) suponen que la financiaci¨®n a 15 a?os de una vivienda media multiplica su precio por cuatro. De otro lado, y como consecuencia de la explosi¨®n demogr¨¢fica de los a?os sesenta, la pir¨¢mde de poblaci¨®n espa?ola experimenta un ensancha miento en el tramo comprendido entre los 20 y los 30 a?os: la edad en que suele producirse la emancipaci¨®n de la tutela familiar, para lo que es preciso disponer de vivienda.

El asunto consiste, entonces, en que por causas complejas pero conocidas han coincidido en el tiempo un encarecimiento desmesurado del coste de las viviendas, un encarecimiento tambi¨¦n desproporcionado de los cr¨¦ditos necesarios para adquirirlas y un incremento inusual, por razones demogr¨¢ficas, de la demanda potencial de viviendas de precio bajo o medio. Parece l¨®gico esperar de los poderes p¨²blicos, cualquiera que sea su signo pol¨ªtico, una intervenci¨®n que aminore los evidentes efectos sociales de la combinaci¨®n de esos factores. Si no, ?para qu¨¦ sirven los ministerios de Vivienda que, con ese u otro nombre, hay en casi todos los pa¨ªses?

No se puede ignorar que, cualquiera que sea la f¨®rmula de intervenci¨®n que se elija, ser¨¢ preciso un aumento considerable de la financiaci¨®n p¨²blica -y tambi¨¦n lo son las exenciones fiscales- con cargo a los presupuestos. En principio hay margen para ello, puesto que las ayudas p¨²blicas a la vivienda suponen en Espa?a menos del 1% del PIB, frente a porcentajes que en la Europa desarrollada oscilan entre el 1,5% de Alemania y el 3,4% del Reino Unido. La cuesti¨®n, eminentemente pol¨ªtica, es qu¨¦ partidas del presupuesto habr¨¢n de recortarse para que la prioridad otorgada a la vivienda no desboque el gasto p¨²blico. Y ah¨ª el consenso es mucho m¨¢s improbable.