Raz¨®n o demagogia

YA HAY algo que como espa?oles podemos exhibir con orgullo por el mundo, a juicio del ministro de Justicia: nuestras c¨¢rceles. Bien es verdad que lo mostrado no deja de ser discutido y poco atractivo. Discutido por organizaciones internacionales como el Comit¨¦ de Vigilancia de Helsinki, que el pasado jueves present¨® en Mosc¨², en uno de los foros de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci¨®n en Europa (CSCE), un informe en el que la masificaci¨®n y falta de higiene de nuestras prisiones son equiparadas a las de la URSS, Europa del Este y Estados Unidos -un orgullo compartido, al parecer-. Poco atractivo porque, como se?alan y denuncian expertos de todo el mundo, la pol¨ªtica judicial tiende inexorablemente hacia el exclusivo concepto del castigo en detrimento de la posible reinserci¨®n o enmienda de los condenados.En cualquier caso, los datos estad¨ªsticos contradicen el optimismo ministerial: en la actualidad hay una poblaci¨®n reclusa de 36.496 internos para una capacidad real de 22.000 plazas. Es evidente que la desproporci¨®n entre presos y plazas muestra un panorama sombr¨ªo. La poblaci¨®n reclusa espa?ola se multiplic¨® por tres en los ¨²ltimos 15 a?os, un ritmo dif¨ªcilmente asimilable para las instituciones penitenciarias. Ello se explica no tanto por el aumento de la criminalidad (a juicio del Consejo de Europa est¨¢ estabilizada en el continente desde 1985) como por la presi¨®n social, el espectacular aumento de fen¨®menos como la drogadicci¨®n y la obsesi¨®n por el orden p¨²blico. Todo ello induce a los Gobiernos -progresistas y conservadores- a potenciar las medidas intimidatorias. Si a ello se a?ade el factor econ¨®mico -en tiempos de crisis, los gastos sociales suelen ser los primeros en reducirse-, el resultado no es otro que el aumento progresivo de la poblaci¨®n reclusa y el alejamiento de todo tratamiento que no sea exclusivarnente el del castigo.

En cualquier caso, sorprende la proclividad de las autoridades en reaccionar a bote pronto -incluso con una denuncia a la juez Manuela Carmena- frente a las cr¨ªticas de lo que no deja de ser anecd¨®tico -la clasificaci¨®n del Comit¨¦ de Vigilancia de Heisinki, que, como toda catalogaci¨®n, es discutible- y el silencio (compartido con los parlamentarios) ante lo sustantivo: la reforma del C¨®digo Penal, la dotaci¨®n presupuestaria y su posible recorte, la ineficiencia o no de la Ley General Penitenciaria, la posible privatizaci¨®n del sistema penitenciario, f¨®rmula por lla que ya han optado parcialmente otros pa¨ªses desarrollados. Debatir, en suma, sobre qu¨¦ hacer con la delincuencia y, por tanto, con la seguridad. Discutir si la constante reivindicaci¨®n de la reinserci¨®n social forma parte de las enso?aciones o puede ser a¨²n motivo) de est¨ªmulo para quienes conforman el sistema judicial.

Es evidente que la sociedad tiene el derecho a la convivencia pac¨ªfica. Sus representantes tienen el deber de buscar las f¨®rmulas y medios que la hagan posible, pero tambi¨¦n quienes vulneran sus leyes deben poder cumplir las penas en condiciones dignas. El equilibrio entre las aspiraciones, colectivas e individuales, y los medios que las posibiliten es lo que distingue la raz¨®n de la demagogia.