Bandos y bandazos
LOS BROTES de autodefensa ciudadana contra la amenaza de la droga, surgidos fuertemente estos d¨ªas en diversos puntos del territorio espa?ol, est¨¢n adquiriendo connotaciones inquietantes. Nadie duda de que la cada vez mayor conciencia de la poblaci¨®n ante tal amenaza es un factor de primer orden en una estrategia que pretenda ganar la guerra que los traficantes de la muerte han impuesto a la sociedad. Nada de artificial tiene, pues, el sentimiento colectivo de inseguridad y de miedo que tal amenaza genera ni debe escandalizar que desde lo profundo de la sociedad se reaccione contra ella.Lo que debe escandalizar y ser condenado sin miramientos son algunas de las formas de rechazo que tal conciencia popular adopta. Es intolerable en una sociedad civilizada que nadie se tome la justicia por su mano e inadmisible que se enjuicie y condene a etnias enteras o a colectivos marginados por causa de su color o forma de vida, convirti¨¦ndoles en chivos explatorios de los males de la sociedad. Impedir que familias gitanas se asienten en determinadas zonas o permanezcan en otras, y quemarles sus viviendas y enseres, hostigar a grupos de color y de emigrantes y perseguir y maltratar a drogadictos, reales o supuestos, son comportamientos equiparables al racismo y a la xenofobia. Todo ello conforma la intolerancia social.
A nadie se le oculta lo explosivo que puede resultar un c¨®ctel que mezcle la inquietud popular ante la amenaza real de la droga con elementos racistas y xen¨®fobos y con actitudes de discriminaci¨®n social. En Francia, el presidente Mitterrand acaba de pronunciarse con valent¨ªa contra el racismo y la xenofobia y ha condenado la irresponsable actitud de algunos pol¨ªticos que no dudan en acariciar con miras electoralistas el huevo de la serpiente. En Espa?a, los m¨¢s altos responsables pol¨ªticos deber¨ªan sopesar si no ha llegado el momento de combatir con mayor firmeza estas manifestaciones que amenazan la cohesi¨®n social y la convivencia.
El sentimiento de inseguridad, m¨¢s o menos exacerbado, que ha prendido en amplios sectores de la sociedad espa?ola frente a la droga y la delincuencia en general no puede convertirse en bot¨ªn electoral del que cada cual, a su manera, intente sacar provecho. Sin embargo, es dificil ver algo m¨¢s que motivaciones electorales en el tratamiento que las principales fuerzas pol¨ªticas est¨¢n intentando dar a esta creciente amenaza. El Gobierno presenta su proyecto de ley sobre seguridad ciudadana poco menos que como la panacea que pondr¨¢ coto a este mal con la opini¨®n mayoritariamente contraria de expertos y jueces, que ponen en duda su constitucionalidad. No se sabe muy bien qu¨¦ es lo que le impide, con la legislaci¨®n actual, luchar con eficacia contra el tr¨¢fico de drogas en sus diversos escalones. Entrar en una casa por el sistema de la patada en la puerta, sin juez que lo autorice, parece anunciarse como el m¨¦todo definitivo para combatir el narcotr¨¢fico.
El Partido Popular, por su parte, se presenta como defensor a ultranza de los derechos individuales, enmendando la totalidad de la ley porque atenta contra principios b¨¢sicos como la inviolabilidad del domicilio sin mandato judicial, al mismo tiempo que sus alcaldes, con el de Madrid a la cabeza, dictan bandos de dificil cumplimiento en una l¨ªnea exclusivamente represiva: multas por drogarse en p¨²blico. En resumen, todo parece indicar que los partidos han optado por una pol¨ªtica basada m¨¢s radicalmente en conceptos represivos que en la soluci¨®n del problema y sus dram¨¢ticas derivaciones entre sus consumidores.,
El problema de la droga y el cariz racista y socialmente disgregador de algunas de las reacciones populares que lo combaten merecer¨ªan por parte de los responsables pol¨ªticos respuestas m¨¢s serias que normas de corte voluntarista o bandos de imposible cumplimiento. Y, desde luego, una mayor atenci¨®n, incluso presupuestaria, a los centros de rehabilitaci¨®n de los drogodependientes. Con bandos de cara a la galer¨ªa o con bandazos legislativos parece dificil aceptar que sea posible ganar la batalla.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- Pol¨ªtica nacional
- Opini¨®n
- Drogodependencias
- Ley Seguridad Ciudadana
- Orden p¨²blico
- Adicciones
- Lucha antidroga
- Drogas
- Seguridad ciudadana
- Legislaci¨®n espa?ola
- Xenofobia
- Narcotr¨¢fico
- Madrid
- Pol¨ªtica social
- Minor¨ªas ¨¦tnicas
- PP
- Derechos humanos
- Etnias
- Ayuntamientos
- Comunidad de Madrid
- Delitos contra salud p¨²blica
- Pol¨ªtica econ¨®mica
- Racismo
- Grupos sociales
- Partidos pol¨ªticos