IU dar¨¢ por roto el consenso constitucional si se aprueba la ley de Seguridad Ciudadana

Pablo Castellano, diputado de Izquierda Unida, expuso en un debate sobre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, emitido anoche por TVE 1, que si el Parlamento aprueba la actual redacci¨®n del citado texto su grupo considerar¨¢ que se ha roto el consenso constitucional. Mientras que el ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, manifest¨® que s¨®lo los delincuentes deben temerla, Francisco ?lvarez Cascos, secretario general del PP, afirm¨® que este texto contiene "buenas intenciones pero malas disposiciones".

CIUDADANA?lvarez Cascos asegur¨® que el principal error del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es que "no incluye la penalizaci¨®n del consumo de droga porque Felipe Gonz¨¢lez se niega a reconocer su error". A su juicio, esta ausencia dejara esas buenas intenciones en "agua de borrajas".El ministro del Interior reiter¨® a lo largo de toda su intervenci¨®n dos ideas: el texto es homologable al que rige en otros pa¨ªses como Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos, y que si existiera alg¨²n punto que rozase la inconstitucionalidad, eso ser¨ªa corregido por el Parlamento. Corcuera lleg¨® a citar que Holanda cambi¨® su Constituci¨®n para poder adoptar medidas contra el narcotr¨¢fico, si bien posteriormente precis¨® que con ello no pretend¨ªa proponer una reforma de la Carta Magna para por esta v¨ªa hacer constitucional su proyecto.

Competencias judiciales

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, representante de Jueces para la Democracia, asegur¨® que este proyecto detrae competencias a los jueces y atribuye unas responsabilidades a los polic¨ªa que pueden suponerles problemas en su aplicaci¨®n. Asimismo neg¨® que la supuesta tardanza en las autorizaciones judiciales impida atajar la venta de droga en domicilios, dado que esta tarea no se realiza e un instante sino de manera generalizada y tampoco su des cubrimiento es fruto de la inspiraci¨®n.Frente a las cr¨ªticas de Castellano de que con la ley en la mano se podr¨¢ sancionar a los sindicatos que ejerzan el derecho de reuni¨®n, Corcuera manifest¨® que la ley s¨®lo sancionar¨¢ a quienes alteren el tr¨¢fico o se manifiesten ilegalmente, y a rengl¨®n salido mostr¨® su convicci¨®n de que los sindicatos siempre cumplen con la ley.

Josep Mar¨ªa Tr¨ªas de Bes, diputado de CiU, defendi¨® la necesidad de esta ley y critic¨® el hecho de que algunos de sus detractores parten del supuesto de que se aplicar¨¢ mal. Jos¨¦ Antonio Souto, del CDS, expuso que la ley atribuye s¨®lo a las fuerzas de seguridad lo que hasta hoy pertenec¨ªa a una cadena que incluye a jueces, fiscales y polic¨ªa judicial. Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, del PSOE, ech¨® un capote al ministro en sus cr¨ªticas a los jueces. Lleg¨® a decir que "no hay falta de respeto a los jueces, pero hay jueces irresponsables". Asimismo defendi¨® con vehemencia que la polic¨ªa pueda realizar registros domiciliarios en caso de flagrante delito de narcotr¨¢fico por entender que para atacar esta actividad no se puede es perar a la llegada del mandamiento judicial.