El papel y la responsabilidad de los municipios

El autor de este texto se lamenta de que el proyecto de ley org¨¢nica de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, que estos d¨ªas se debate en el Congreso de los Diputados, no contribuya a respaldar las importantes actuaciones y la responsabilidad que los municipios tienen en materia de seguridad ciudadana.

Los municipios han asumido desde siempre un papel muy relevante en temas de seguridad ciudadana. Un papel que, en general, puede decirse que ha sido eficaz y ha complementado la labor de otras administraciones y poderes p¨²blicos. La acci¨®n municipal en asuntos de seguridad se ha circunscrito, preferentemente, a los aspectos de convivencia diaria en los pueblos y ciudades, al ¨¢mbito de los problemas cotidianos de seguridad, que es un ¨¢mbito ciertamente importante en la calidad de vida de las personas.De ello es muestra la ya larga tradici¨®n de reglamentos municipales que han ordenado la convivencia en v¨ªas y espacios p¨²blicos, y que han establecido los l¨ªmites que no deben sobrepasarse en las relaciones vecinales. El ejemplo m¨¢s significativo es la defensa contra el gamberrismo o el vandalismo.

Tambi¨¦n hay que recordar el papel hist¨®rico que desarrollan las polic¨ªas locales que, justo es reconocerlo, han sabido ganarse frecuentemente la confianza de los vecinos cuando ¨¦stos han necesitado amparo en situaciones de abuso, o frente a actos contrarios a la seguridad colectiva.

Por otro lado, la diversidad de las competencias locales y la proximidad de los ayuntamientos a la colectividad de los ciudadanos, ha permitido a los municipios plantearse una pol¨ªtica diferente a la usual, en materia de seguridad, caracterizada por su alta sensibilidad a las demandas sociales, y por el apoyo de las actuaciones represivas o limitativas con actuaciones de car¨¢cter asistencial y preventivo.

Una muestra concreta de ello es la constituci¨®n del Consejo de seguridad Urbana de Barcelona en el que se integran todos los agentes sociales, que inciden en la prevenci¨®n de la inseguridad ciudadana. Este Consejo ha encaminado sus esfuerzos a adoptar medidas para reducir la delincuencia y el sentimiento de inseguridad, mediante un esfuerzo que concede la m¨¢xima importancia a la prevenci¨®n y a la participaci¨®n ciudadana.

As¨ªmismo, cabe citar las actuaciones municipales en materia de drogadicci¨®n, en las que se ha combinado la pol¨ªtica de atenci¨®n a los drogadictos y de reinserci¨®n, con la represi¨®n del tr¨¢fico de drogas en la v¨ªa p¨²blica.

La actuaci¨®n municipal en materia de seguridad es, muchas veces, una exigencia de los ciudadanos, sino de las administraciones y poderes p¨²blicos. As¨ª ha ocurrido, con ocasi¨®n de los recientes movimientos ciudadanos contra el tr¨¢fico de drogas. Al final, el punto de encuentro entre tales movin¨²entos, la Polic¨ªa y la Judicatura, ha sido siempre el Ayuntamiento.

Sin embargo, esta tradici¨®n municipal de intervenci¨®n en temas de seguridad no ha tenido m¨¢s remedio que desenvolverse en un marco legal Ciertamente ambiguo. Ni la vieja Ley de Orden P¨²blico, ni la reciente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han acabado de asegurar la posici¨®n municipal en esta materia.

Inseguridad jur¨ªdica

Esta inseguridad jur¨ªdica amenaza seriamente el futuro municipal en temas de seguridad. Los tribunales exigen, con toda la raz¨®n que las leyes den cobertura expresa y detallada a todas las acciones limitativas de derechos y, particularmente, a las infracciones y sanciones que puedan aplicar las administraciones p¨²blicas. A partir de esta doctrina, o bien se reconoce la competencia municipal de forma clara y expresa, o bien los ayuntamientos estar¨¢n condenados a abstenerse en materia de seguridad ciudadana.

Las Cortes Generales fueron sensibles a este problema cuando en 1985, al aprobar la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, dispusieron

que los municipios deber¨ªan ejercer, en todo caso, competencias en materia de seguridad en lugares p¨²blicos. No obstante, la propia Ley pospuso la definici¨®n de dichas competencias hasta el momento en que se aprobase la correspondiente Ley Sectorial que, justamente es el Proyecto de Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana que se debate ahora en el Congreso de los Diputados.

Pues bien, este Proyecto de Ley no contribuye precisamente a respaldar las actuaciones y la responsabilidad que los municipios en materia de seguridad ciudadana. Al contrario, la futura ley omite cualquier referencia a las administraciones locales, las olvida absolutamente.

El efecto de esta indiferencia es importante, especialmente si se tiene en cuenta que la nueva ley va a derogar la Ley de Orden P¨²blico, que era el ¨²nico apoyo legal que los ayuntamientos pod¨ªan invocar hasta el momento.

De aprobarse el proyecto de ley en los t¨¦rminos actuales, los municipios deber¨¢n asumir tan solo un papel subalterno de colaboraci¨®n con las dem¨¢s fuerzas de seguridad. Dif¨ªcilmente podr¨¢n plantearse iniciativas aut¨®nomas, que incluyan potestad sancionadora, respondiendo a las demandas sociales.

Creo sinceramente que, en el actual debate sobre seguridad ciudadana, hay que poner sobre la mesa el papel y la responsabilidad que corresponde a los municipios. Debe responderse, en uno u otro sentido, a las peticiones que las administraciones locales han expresado en temas como el reconocimiento de los reglamentos municipales, su idoneidad para regular los aspectos pecualiares de la convivencia en pueblos y ciudades; la posici¨®n de los. alcaldes como autoridades competentes en temas de seguridad, o la necesidad de respaldo y potenciaci¨®n de las juntas locales de seguridad, que son el punto de encuentro y coordinaci¨®n de las administraciones competentes.

Hay que debatir sobre estos y otros temas que afectan muy directamente la vida cotidiana de nuestras ciudades. Otro ejemplo es la necesidad. de armonizar el derecho de manifestaci¨®n y el derecho de los ciudadanos a circular por las v¨ªas p¨²blicas.

Como dijo en cierta ocasi¨®n el alcalde Tierno Galv¨¢n, no es suficiente con que se diga a menudo que los municipios son la proa de la democracia, es necesario que adem¨¢s se le reconozcan las competencias correspondientes y se les dote de los recursos necesarios para asumir sus responsabilidades. El debate del Proyecto de Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana es una buena ocasi¨®n para ello. Todo lo dem¨¢s es simple ret¨®rica.

Pascual Maragall i Miraes alcalde de Barcelona