La CE estudia suspender los movimentos de capitales que persigan la evasi¨®n fiscal
F?LIX MONTEIRALos pa¨ªses de la CE podr¨¢n suspender la libertad de movimientos de capital en aquellas transacciones que tengan. trascendencia fiscal, seg¨²n una propuesta presentada por el Reino Unido y Francia, que ayer debatieron en Bruselas los ministros de Econom¨ªa y Finanzas de los Doce. Espa?a y Alemania declararon su apoyo a la propuesta. El ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, pidi¨® la modificaci¨®n de las contribuciones a la Comunidad de acuerdo al principio de progresividad, de forma que los pa¨ªses con menos desarrollo relativo paguen menos. El Gobierno espa?ol pone esta condici¨®n para dar su s¨ª al tratado de Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria (UEM) el pr¨®ximo 10 de diciembre en la cumbre de Maastrich (Holanda).
El debate sobre la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria dio ayer un vuelco espectacular al abrir un frente que amenaza con condicionar gravemente la libertad de movimientos de capitales en la CE. Espa?a pondr¨¢ en vigor esta diretiva comunitaria el pr¨®ximo 1 de enero y, de los dem¨¢s pa¨ªses, tan s¨®lo Grecia, Portugal e Irlanda cuentan con un plazo de derogaci¨®n para este principio ya vigente.La propuesta conjunta de Francia y el Reino Unido, presentada sin ruido el pasado 6 de noviembre, en caso de prosperar, permitir¨¢ un control nacional de los movimientos de capitales. El texto hace referencia a toda transacci¨®n con trascendencia fiscal, es decir, pr¨¢cticamente todas. En el caso de una interpretaci¨®n restrictiva, dirigida s¨®lo a controlar la evasi¨®n fiscal, el Gobierno espa?ol ver¨ªa as¨ª justificada su pol¨ªtica de vetar ciertas operaciones.
El m¨¢s reciente ejemplo es la sofisticada venta planeada por Banesto de La Uni¨®n y el F¨¦nix a la sociedad aseguradora francesa AGF. La creaci¨®n de sociedades interpuestas para llevar a cabo la transferencia de acciones tendr¨ªa por principal beneficio ahorrarse 7.000 millones de pesetas en impuestos.
El Reino Unido y Francia, con el apoyo verbal expl¨ªcito de Alemania, plantean incluir en el Tratado de Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria, dos p¨¢rrafos en el art¨ªculo 73 B.
El primer p¨¢rrafo de este art¨ªculo va dirigido a incluir la libre circulaci¨®n de capitales en el tratado, que ya est¨¢ en vigor, mediante una directiva clave para la creaci¨®n del mercado ¨²nico en 1993. El segundo p¨¢rrafo contempla la posibilidad de limitar este principio cuando un Gobierno encuentre motivos fiscales para ello
Cohesi¨®n econ¨®mica y social
El problema de los ingresos y gastos de la CE, la llamada cohesi¨®n econ¨®mica y social, sigue siendo el tema clave para Espa?a. Solchaga traslad¨® este debate a la uni¨®n monetaria, hasta ahora circunscrito por el Gobierno a la conferencia intergubernamental de uni¨®n pol¨ªtica.
El ministro eligi¨® centrar el debate en una de las dos partes del problema, la de los ingresos de la Comunidad Europea o las contribuciones que hace cada pa¨ªs al presupuesto comunitario. Espa?a pide para la CE suficiencia de medios, pero con la inclusi¨®n del criterio de progresividad, el mismo que, a trav¨¦s de la pol¨ªtica fiscal sobre la renta, rige en los 12 pa¨ªses de la CE.
"Es prioritario abordar la cuesti¨®n de los ingresos, porque la de los gastos es siempre una batalla cuesta arriba en la que parece que est¨¢ pasando uno el cepillo parroquial" manifest¨® el director general del Tesoro, Manuel Conthe. La demanda espa?ola se basa en contribuir de acuerdo a la prosperidad relativa de cada pa¨ªs; es decir, que los m¨¢s ricos paguen m¨¢s y los pobres, menos.
La otra cara de la reivindicaci¨®n espa?ola, la de participar m¨¢s en los fondos de la CE sigue estando m¨¢s confiada a la conferencia sobre uni¨®n pol¨ªtica. Espa?a, sin embargo, no renuncia al fondo de compensaci¨®n interestatal propuesto o al de cohesi¨®n que pide Portugal.
Dos nuevos fondos
Sin embargo, el ministro Solchaga adelant¨® hace un mes la posibilidad de conformarse, si el acuerdo jur¨ªdico en el tratado es claro, con dos fondos nuevos que prepara la CE: el de protecci¨®n del medioambiente y el de financiaci¨®n de grandes redes de infraestructuras. Para ello, los Doce tienen que asumir dotarlos, con un presupuesto suficiente y permitir a Espa?a y otros pa¨ªses menos desarrollados disfrutar de un porcentaje de cofinanciaci¨®n comunitaria de los proyectos mucho m¨¢s elevado. Se habla de hasta un m¨¢ximo del 75%.
Espa?a pretende por estas dos v¨ªas resolver su problema financiero con la CE. Por una parte, contribuir proporcionalmente menos, vista la progresi¨®n de los pagos a la Comunidad en los ¨²ltimos a?os. Por otro lado, defender la ventaja de pa¨ªs beneficiario neto.
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