Razones municipales

LA QUINTA asamblea de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Zaragoza, ha vuelto a poner sobre el tapete el tantas veces reclamado pacto de Estado a tres bandas: Administraci¨®n central, comunidades aut¨®nomas y corporaciones locales. La novedad ha sido que el vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, ha sumado su voz a las de quienes lo ven¨ªan reclamando.Los alcaldes y presidentes de organismos provinciales miembros de la FEMP -que agrupa a instituciones locales representativas de m¨¢s del 80% de la poblaci¨®n espa?ola- se han apercibido de que, en plena negociaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica y en v¨ªsperas del pacto auton¨®mico, la ocasi¨®n era ¨®ptima para plantear la cuesti¨®n de su cr¨®nico d¨¦ficit financiero y acercarse al tantas veces reclamado reparto del gasto p¨²blico con arreglo al criterio expresado por la famosa f¨®rmula del 50-25-25: 50% para la Administraci¨®n central, 25% para la auton¨®mica y 25% para la local.

Los alcaldes han pedido un lugar, aunque sea en segunda fila, en esas negociaciones a fin de reclamar para los ayuntamientos aquellos servicios que, aun no siendo de su competencia, consideran m¨¢s propios de la Administraci¨®n local que de la estatal o la auton¨®mica, como la sanidad primaria, la educaci¨®n, la seguridad ciudadana o, principalmente, la vivienda. Muchas comunidades ya poseen competencias sobre estos sectores; otras las reclaman en el llamado pacto auton¨®mico. Los alcaldes se lamentan de que en bastantes casos ya ejercen gran parte de esas actividades, pero sin la ventaja de que se les transfieran los recursos correspondientes.

Los alcaldes han aprobado resoluciones que defienden los intereses municipalistas por encima de las consignas partidarias; y si han aceptado las ofertas de di¨¢logo lanzadas por Narc¨ªs Serra, no han renunciado a mantener unas determinadas posturas de presi¨®n pol¨ªtica. El vicepresidente se comprometi¨® a la inmediata liquidaci¨®n por parte de Hacienda de los 87.000 millones de pesetas pendientes de pago desde junio, y abri¨® las puertas al di¨¢logo en torno a los 110.000 millones adicionales que, con buenas razones legales, reclaman los ayuntamientos (y sobre los que el Gobierno sostiene un criterio diferente).

Serra ofreci¨® di¨¢logo y, de forma indirecta, pidi¨® que se retirara la amenaza de acudir a los tribunales. La federaci¨®n acept¨® el di¨¢logo, pero no la renuncia a los tribunales. Su argumento fue que no hay garant¨ªa de que pueda producirse un acuerdo satisfactorio en el plazo que marca la ley para presentar recurso, por lo que una renuncia expresa podr¨ªa dejarles con las manos atadas. Por lo dem¨¢s, el riesgo de colapso financiero de algunos municipios ha motivado la convocatoria de una asamblea extraordinaria para aprobar las medidas de fuerza que se consideren necesarias en el caso de que el Gobierno no reconozca esa deuda de 110.000 millones correspondiente al ejercicio de 1990 o se niegue a retirar de los presupuestos para 1992 una disposici¨®n adicional relativa a la participaci¨®n municipal en los tributos del Estado entre 1990 y 1994.

Los alcaldes han salido corporativamente reforzados do, la asamblea, demostrando ser capaces de llegar a acuerdos al margen de las directrices partidarias. El PSOE qued¨® en evidencia al mostrarse incapaz de frenar las reclamaciones en tomo a los famosos 110.000 millones. Y el Partido Popular no qued¨® mucho mejor si se considera que tan s¨®lo 14 de los m¨¢s de un millar de alcaldes inscritos en la asamblea apoyaron su pretensi¨®n de aplazar por un a?o el impuesto de actividades econ¨®micas; un magro apoyo para lograr la paralizaci¨®n de este impuesto el pr¨®ximo mi¨¦rcoles en el Congreso.