No se quejan

HAC?A FALTA que una instituci¨®n como la del Defensor del Pueblo dirigiese su atenci¨®n al mundo de marginaci¨®n -legal, social e incluso familiar- que habitan los enfermos mentales, esos "ciudadanos que nunca se quejan", vulgarmente llamados locos. Su exhaustivo informe sobre la situaci¨®n jur¨ªdica y asistencial del enfermo mental en Espa?a -elaborado a partir de las visitas efectuadas a lo largo de a?o y medio a medio centenar de centros psiqui¨¢tricos p¨²blicos y privados concertados- es un aldabonazo a los responsables p¨²blicos y a la sociedad en general para que tomen conciencia de uno de los m¨¢s vergonzosos exponentes de la Espa?a negra que perduran en la actualidad.La descripci¨®n que hace el informe del Defensor del Pueblo de las condiciones de vida de este sector de poblaci¨®n marginada -se calcula que existen unos 25.000 enfermos mentales en Espa?a, aunque nadie se ha preocupado de confeccionar un censo fiable- es verdaderamente pat¨¦tica. Ciudadanos, por lo general, despojados de los derechos m¨¢s fundamentales, sin identidad en algunos casos e internados, en otros muchos, contra su voluntad, su existencia transcurre al margen de cualquier tratamiento curativo -sobreviven en centros m¨¢s bien de "almacenamiento" y de "custodia y asilo"- y con quiebra manifiesta del principio de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n que inspir¨® la reforma psiqui¨¢trica.

Precisamente ha sido esta reforma, alentada por la Ley General de Sanidad de 1986, la que ha puesto de manifiesto las contradicciones casi insuperables en que se desenvuelve la asistencia psiqui¨¢trica en Espa?a. La desinstitucionalizaci¨®n que propicia (sacar a los enfermos mentales a la calle y encomendarles a sus familias y a la sociedad) ha provocado el cierre de muchos antiguos manicomios, pero no ha puesto en pie una red alternativa de asistencia integrada en la sanidad general. La realidad es que los enfermos mentales salen de los psiqui¨¢tricos sin que la sociedad les ofrezca una asistencia que les es vital; en los hospitales se fuerzan las altas prematuras de este tipo de enfermos encomend¨¢ndoles a los ambulatorios, a los que no acuden, o acuden sin resultado de cura o, por lo menos, lenitivo. Por lo dem¨¢s, la medicina p¨²blica no parece ser insensible al enorme ahorro que supone la supresi¨®n de camas, hospitales y personal destinados al enfermo mental. El informe del Defensor del Pueblo se?ala casos de hospitales con m¨¢s de 500 camas que disponen de un solo psiquiatra. Otros, ni siquiera eso.

El informe recomienda que se refuerce el control judicial no s¨®lo sobre el internamiento del paciente, sino sobre los tratamientos sucesivos que se le aplican. Pero esta medida, elemental a los efectos de garantizar el respeto a los derechos del enfermo, choca en la pr¨¢ctica con unos juzgados cada vez m¨¢s atestados de asuntos. Estamos entonces en una l¨®gica circular. Miles de enfermos podr¨ªan sanar e integrarse en la sociedad. Pero a cambio de que este principio general fuera acompa?ado de medios y disponibilidades p¨²blicas y sociales que hagan que la tarea no quede en manos de familiares escasamente preparados.