El PP recurrir¨¢ la 'ley Corcuera' si no se suprimen los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos

El PP recurrir¨¢ la ley de seguridad ciudadana ante el Tribunal Constitucional si no se suprimen 1 la retenci¨®n policial y la entrada en domicilios sin orden judicial, seg¨²n anunci¨® ayer su portavoz en el Senado, Jos¨¦ Miguel Ort¨ª Bord¨¢s. "Con esta ley los espa?oles viviremos menos libres y m¨¢s inseguros. Estamos obligados a hacer un esfuerzo para garantizar los derechos y libertades constitucionales de los espa?oles", se?al¨® Ort¨ª Bord¨¢s.

El portavoz popular considera "inconcebible" el rechazo del Grupo Socialista durante el debate en comisi¨®n en el Senado de las 157 enmiendas al articulado presentadas por la oposici¨®n. "Pone de relieve" afirma, "que no hay ¨¢nimo ni voluntad de conseguir un acuerdo". El debate en pleno de la ley Corcuera comienza el pr¨®ximo d¨ªa 14. Luego, volver¨¢ al Congreso para su aprobaci¨®n definitiva.La presentaci¨®n del recurso de inconstitucionalidad por el PP hab¨ªa sido puesta en duda por las restantes fuerzas pol¨ªticas de la oposici¨®n en las ¨²ltimas semanas. El CDS dirigi¨® anteayer una carta a los dem¨¢s grupos parlamentarios contrarios al pol¨¦mico proyecto para pedirles colaboraci¨®n de sus diputados y senadores en la formalizaci¨®n del recurso.

Una de las v¨ªas para llevar la ley ante el Constitucional es la firma de 50 diputados y senadores, cifra que s¨®lo puede garantizar el PP. Ort¨ª Bord¨¢s advirti¨® ayer que su formaci¨®n "de ninguna manera" est¨¢ dispuesta a atender la solicitud de colaboraci¨®n de los centristas. "Tenemos argumentos, razones y esca?os suficientes para presentar el recurso nosotros si estimamos que el texto aprobado sigue siendo inconstitucional", se?al¨®.

Rechazo a las enmiendas

El recurso est¨¢ asegurado, seg¨²n el portavoz popular, si la ley mantiene la figura de la retenci¨®n policial para conseguir la identificaci¨®n de un ciudadano (art¨ªculo 20) o rebasa la ¨²nica excepci¨®n constitucional a la inviolabilidad de domicilio, que a?adi¨®, "es el flagrante delito y nada m¨¢s".El pol¨ªtico popular precis¨® que la inconstitucionalidad persistir¨¢ aunque se acepte la enmienda de CiU que incorpora el requisito previ¨® de "evidencia" de un delito de narcotr¨¢fico, en vez del "conocimiento fundado" de la actual redacci¨®n, para legitimar la irrupci¨®n policial en un domicilio (art¨ªculo 21). La aceptaci¨®n de esta enmienda, que rechazan sin paliativos el Ministerio del Interior y el Grupo Socialista, ha sido pedida por el Defensor del Pueblo.

Tampoco acepta el PP que la obligaci¨®n de comunicar al juzgado las retenciones, pedida tambi¨¦n por Minor¨ªa Catalana, haga desaparecer la inconstitucionalidad. "Si de lo que se trata es de ofrecer garant¨ªas al hipot¨¦tico retenido", argumenta Ort¨ª Bord¨¢s, "ser¨¢n las garant¨ªas del detenido y nadie puede ser detenido sin presunci¨®n de delito".

Los populares reconocen la grave situaci¨®n de inseguridad ciudadana, seg¨²n el portavoz del Senado, pero la atribuyen al fracaso de los socialistas al enfrentarse al problema y en particular a la reforma penitenciaria del ex ministro de Justicia Fernando Ledesma.