La polic¨ªa investiga a los funcionarios que vend¨ªan datos privados a una red de traficantes

Hasta 47 datos -saldo bancario, sueldo, domicilio, etc¨¦tera- de 21 millones de espa?oles pueden estar en poder de cualquier empresa que haya pagado el precio exigido por una red de traficantes de informaci¨®n privada desarticulada ayer en Madrid por la polic¨ªa. Los siete detenidos compraban los datos a funcionarios de varios ministerios y trabajadores de entides privadas y los revend¨ªan, procesados a la carta, a los interesados. Tras la detenci¨®n de los traficantes, la polic¨ªa investiga ahora a sus proveedores: docenas de empleados p¨²blicos que pueden ser detenidos bajo la acusaci¨®n de cohecho.

Los detenidos son Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez L¨®pez, de profesi¨®n ch¨®fer, cerebro del grupo; Carlos ?lvarez Obreg¨®n, Rosa Mar¨ªa ?lvarez-Cant¨®n Obreg¨®n, Gabriel Usera Fern¨¢ndez, An¨ªbal Moreno Crespo, Ricardo Alc¨¢ntara Vega y Alfonso Mart¨ªnez Melguizo. Todos ellos pasaron ayer a disposici¨®n de la, Audiencia Nacional.La operaci¨®n policial se inici¨® hace varios meses, cuando un ciudadano llamado Manuel recibi¨® en su casa una carta publicitaria en la que figuraba su segundo nombre propio, Algimiro, dato, que s¨®lo conoc¨ªa su familia y la Seguridad Social, ya que ¨²nicamente en documentos oficiales de este organismo hab¨ªa incluido su segundo nombre. Manuel Algimiro denunci¨® el hecho, y la operaci¨®n se puso en marcha.

1.000 millones de pesetas

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a tres inmuebles de Madrid. Dos de ellos -un piso en M¨®stoles y una nave industrial en Madrid eran las sedes de las empresas Publigest y Data Mail, ambas propiedad de Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez. En los tres locales, la polic¨ªa requis¨® material inform¨¢tico valorado en 1.000 millones de pesetas entre discos de ordenador de gran capacidad, disquetes, documentaci¨®n y tres ordenadores de gran calidad. Seg¨²n la polic¨ªa, la venta de esta informaci¨®n debe haberles reportado a los detenidos unos beneficios fabulosos.

En estos soportes se hallaban registrados datos de hasta 21 millones de espa?oles "m¨¢s que los acumulados en el famoso ordenador Berta del Ministerio ole Econom¨ªa", seg¨²n afirm¨® ayer el portavoz de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, Manuel Jim¨¦nez. La informaci¨®n contenida en los discos inclu¨ªa, entre, otros datos, n¨²meros o saldos de cuentas corrientes, declaraciones de la renta, n¨²mero de la Seguridad Social, situaci¨®n familiar, domicilio, datos laborales e, incluso, las respuestas de los ciudadanos registrados a las preguntas del ¨²ltimo censo electoral.

Con este material, los detenidos elaboraban listados a la carta para venderlo a empresas financieras y de servicios, interesadas en conocer las caracter¨ªsticas de millones de hipot¨¦ticos clientes. Como ejemplo de la oferta de la red de traficantes, entre las cintas incautadas se encuentra una bajo el ep¨ªgrafe Los mejores coches de Madrid, y otra con el t¨ªtulo: Deportistas aficionados. Por las caracter¨ªsticas de la informaci¨®n, la polic¨ªa cree que los detenidos adquir¨ªan los datos a funcionarios de los Ministerios de Interior, Trabajo y Seguridad Social y Econom¨ªa y Hacienda, entre otros, adem¨¢s de a otros empleados de empresas privadas como bancos o concesionarios de autom¨®viles.

La polic¨ªa ha comenzado ya a investigar la lista de proveedores de los detenidos y considera "muy probable" que se produzcan nuevas detenciones en los pr¨®ximos d¨ªas. Los miembros de la red fueron detenidos por presuntos delitos de cohecho. Si se produce alguna detenci¨®n de funcionarios, ¨¦stos pueden ser acusados de presuntos delitos de cohecho y revelaci¨®n de secretos.

Jos¨¦ Quevedo, presidente del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), manifest¨® ayer a Radio Nacional de Espa?a: "Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ning¨²n dato en soporte inform¨¢tico. Es imposible porque en el censo de poblaci¨®n hay una orden que obliga a no grabar en ning¨²n soporte inform¨¢tico, ni el nombre ni el apellido ni la direcci¨®n de ning¨²n ciudadano. Los datos no han podido salir de nuestras cintas porque no existen tales cintas".

Actualmente hay un vac¨ªo legal sobre este tipo de delitos ya que la Ley Org¨¢nica de Regulaci¨®n del Tratamiento Automatizado de Datos Personales est¨¢ en tr¨¢mite parlamentario. La Comisi¨®n de Libertades e Inform¨¢tica emiti¨® ayer una nota en la que critica a "los sucesivos gobiernos democr¨¢ticos" por no haber impedido con leyes "el uso descontrolado de las tecnolog¨ªas inform¨¢ticas".