Violencia callejera

LA EXPLOSI?N de violencia callejera en que degener¨® una concentraci¨®n, en principio pac¨ªfica, de trabajadores de empresas murcianas en crisis ante la sede de la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, constituye un hecho lo suficientemente grave como para que los sindicatos y los poderes p¨²blicos lo dejen pasar por alto. El lanzamiento de c¨®cteles m¨®lotov contra el edificio de una instituci¨®n representativa y su posterior incendio es un acto que merece la m¨¢s rotunda de las condenas. Tambi¨¦n, desde luego, los duros enfrentamientos habidos entre fuerzas de orden p¨²blico y grupos de trabajadores, con el balance de 50 personas heridas y contusionadas, destrozos en la v¨ªa p¨²blica e incendio de varios coches.El primer elemento que le plantea ante comportamientos de este tipo es investigar por qu¨¦ se producen y a qui¨¦nes benefician. Una cuesti¨®n que ata?e resolver, entre otros, a los propios sindicatos, sin que puedan permanecer ajenos los poderes p¨²blicos. En el caso de Murcia, la autoridad gubernativa tiene una tarea insoslayable: clarificar los hechos, descubrir a sus autores y ponerlos a disposici¨®n de la justicia. Las primeras investigaciones se?alan a "delincuentes habituales" y a "incontrolados" como autores de los desmanes, y el propio presidente de la Asamblea Regional murciana, Miguel Navarro, ha manifestado que los que lanzaron los c¨®cteles m¨®lotov contra el edificio no fueron trabajadores. Todo ello deber¨¢ ser puesto en claro.

Pero los sindicatos no pueden quedarse con los brazos cruzados mientras las autoridades investigan. Lo sucedido les concierne a ellos de manera principal, a su credibilidad como interlocutores sociales. Si han sido trabajadores los autores de los desmanes, para condenar su conducta, y si han sido individuos ajenos, para tomar medidas que eviten el que iniciativas marginales a la actuaci¨®n sindical puedan desnaturalizar el aut¨¦ntico car¨¢cter de las reivindicaciones planteadas. Parece evidente que las principales v¨ªctimas de que un conflicto laboral se convierta en un problema de orden p¨²blico son los trabajadores que lo padecen. Con ello s¨®lo se consigue distraer la atenci¨®n del problema laboral e insensibilizar a la opini¨®n p¨²blica respecto de las reivindicaciones.

La reconversi¨®n industrial en curso exige precisamente mucha capacidad de di¨¢logo entre los poderes p¨²blicos, los afectados por la misma y la sociedad en su conjunto. Los problemas econ¨®micos, laborales o simplemente humanos que plantea no son balad¨ªes. En Murcia, la concentraci¨®n laboral ante la sede de la Asamblea Regional se deb¨ªa, ni m¨¢s ni menos, al cierre de una de las empresas de los trabajadores concentrados (Fundici¨®n Santa Luc¨ªa de Pe?arroya) y al expediente de regulaci¨®n de empleo en otra de ellas (Astilleros de Baz¨¢n). Resulta contradictorio con los intereses de los trabajadores que la violencia pase a ocupar el primer plano cuando lo que est¨¢ en juego son problemas tan b¨¢sicos como la p¨¦rdida del empleo, y los modos de paliarla, con puestos de trabajo alternativos. Esta es la cuesti¨®n m¨¢s dif¨ªcil que plantea la actual crisis industrial, y para la que es necesaria la convergencia de todas las energ¨ªas.

No tiene sentido, sobre todo para los trabajadores afectados, que una parte de esta energ¨ªa se dilapide en actos violentos que no s¨®lo no solucionan el problema, sino que lo agravan. El ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, ha predicho que la reconversi¨®n industrial en curso producir¨¢ la p¨¦rdida de unos 30.000 puestos de trabajo, mientras que las centrales sindicales elevan la cifra en varios miles m¨¢s. No es con la violencia como se ayudar¨¢ en Murcia, Ferrol, Asturias o la cornisa cant¨¢brica a remover la dificultad de atraer a estas zonas iniciativas capaces de sustituir a las industrias obsoletas en crisis.