Victoria p¨ªrrica

DEL PARLAMENTO al Tribunal Constitucional. Estaba cantado que la pol¨¦mica ley sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana, conocida como ley Corcuera, no estar¨ªa vigente ni un d¨ªa sin someterla al proceso que depure las dudas razonables sobre su constitucionalidad. Su aprobaci¨®n ayer en el Parlamento no pone punto final, pues, a su controvertido itinerario. El Partido Popular (PP) ha materializado su propuesta de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, e Izquierda Unida y el CDS, faltos del n¨²mero de parlamentarios requeridos, han reclamado que lo haga el Defensor del Pueblo, si no por propia iniciativa, a solicitud al menos de 500.000 ciudadanos cuyas firmas se han comprometido a recoger.Durante un tiempo sin duda prolongado -el que necesita el Tribunal Constitucional para resolver de manera ordenada el ingente n¨²mero de recursos que se le plantean- la ley sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana simultanear¨¢, pues, su aplicaci¨®n con el riesgo de ser declarada inconstitucional. Situaci¨®n que si es perjudicial para el proceso de implantaci¨®n de cualquier ley -la sensaci¨®n de provisionalidad de una norma no incita, precisamente, a su aceptaci¨®n social ni tampoco facilita su integraci¨®n en el ordenamiento jur¨ªdico-, lo es, sobre todo, en el caso de leyes que, como la citada de seguridad ciudadana, afectan en diversos frentes a garant¨ªas y derechos de la persona. No ser¨ªa de extra?ar que la vigencia de la ley de seguridad ciudadana en estas circunstancias avive todav¨ªa m¨¢s la controversia social sobre su aplicaci¨®n y refuerce las reticencias sobre su uso, si bien por motivaciones distintas, en los ¨¢mbitos judicial y policial.

El empe?o del Ejecutivo y de su mayor¨ªa parlamentaria en sacar adelante una ley discutible, que aumenta la discrecionalidad gubernativa y policial y que puede suponer una amenaza a derechos de la persona tan fundamentales como la libertad individual y la inviolabilidad domiciliaria, tiene los efectos de una victoria p¨ªrrica. Es decir, plantea la posibilidad de producir tanto o m¨¢s da?o que el que se pretende evitar. Una ley que busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos hubiera exigido el m¨¢ximo consenso de las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, ha provocado justamente una profunda divisi¨®n -190 votos a favor, 126 en contra y dos abstenciones-, adem¨¢s de un extra?o y artificioso posicionamiento parlamentario: un partido de la izquierda que fuerza su aprobaci¨®n y un partido de la derecha, al que corresponder¨ªa en principio defender con m¨¢s ah¨ªnco los valores de orden y de autoridad, que se opone a ella y que se erige en defensor de los derechos y libertades en cuesti¨®n.

Esta ley, en los t¨¦rminos en que ha sido aprobada, ha generado tambi¨¦n una crispaci¨®n social que deber¨ªa haberse evitado. Y, sobre todo, su puesta en pr¨¢ctica va a suponer casi con seguridad un deterioro institucional -dificultad de acoplar su utilizaci¨®n policial y gubernativa a las exigencias del marco judicial- que sus patrocinadores no parecen haber calibrado en sus justos t¨¦rminos, por m¨¢s que no han faltado avisos sobre ese posible riesgo.

A todo ello hay que a?adir el desgaste inevitable del Tribunal Constitucional, agudizado en este momento por su renovaci¨®n estatutaria y por la propia tarea que se le encomienda, que si bien entra dentro de sus competencias, correspond¨ªa al Parlamento haber hecho lo posible por evit¨¢rsela.