4.000 presos con sida terminal fueron excarcelados en 1991
Entre enero de 1991 y enero de 1992, un total de 4.276 reclusos enfermos -4.005 hombres y 271 mujeres- obtuvieron la libertad condicional en aplicaci¨®n del art¨ªculo 60 del Reglamento Penitenciario. El 75% de los mismos estaba afectado de sida en la denominada fase IV, para la que los m¨¦dicos estiman una esperanza de vida no superior a los 10 meses y medio. Para su asistencia m¨¦dica, el Ministerio de Justicia y el Instituto de Salud Carlos III han suscrito un convenio por el que se invierten en el centro sanitario 60 millones de pesetas.
Estos presos han sido excarcelados en aplicaci¨®n del art¨ªculo 60 del Reglamento Penitenciario, que establece la posibilidad de ser propuestos para la concesi¨®n de libertad condicional, seg¨²n informe m¨¦dico, los sentenciados que est¨¦n en estado grave afectados por enfermedades incurables. Los jueces exigen en este caso que una persona o instituci¨®n se haga responsable del recluso liberado, circunstancia que ha impedido a muchos acogerse al art¨ªculo por carecer de familiares o acogimiento.Seg¨²n los ¨²ltimos datos de Asuntos Penitenciarios, alrededor de 7.800 reclusos -el 20% de la poblaci¨®n de las c¨¢rceles espa?olas- son seropositivos (infectados por el virus pero sin s¨ªntomas), si bien s¨®lo unos 1.200 han desarrollado la enfermedad. Portavoces oficiales aseguran que existe un programa de administraci¨®n de AZT para todos los enfermos con objeto de desacelerar la progresi¨®n del s¨ªndrome y mejorar su calidad de vida.
Por otra parte, el convenio entre Justicia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid destina 60 millones de pesetas a este centro durante 1992 para la asistencia m¨¦dica de reclusos con sida, que supondr¨¢ en torno a las 1.825 estancias hospitalarias anuales, 660 asistencias en consultas y 124 en la Unidad de D¨ªa.
El ingreso estar¨¢ sujeto al criterio de los m¨¦dicos, pero en cualquier caso ser¨¢n prioritarios los procesos neurol¨®gicos y de insuficiencia respiratoria aguda asociados al sida, as¨ª como la realizaci¨®n de pruebas diagn¨®sticas.
Traspasar los muros
El Comit¨¦ ciudadano Antisida no ve justificaci¨®n para la inversi¨®n, "ya que los reclusos, como cualquier ciudadano, tienen su cartilla de la Seguridad Social y derecho a asistencia en su hospital de zona", recuerda Blas Mombrade, miembro del comit¨¦. "Adem¨¢s, las patolog¨ªas a las que se refiere el convenio son tratadas con buen pron¨®stico desde hace tiempo en otros hospitales", a?ade. Para Mombrade, un convenio con el Carlos III "s¨®lo se justificar¨ªa en el caso de que sus m¨¦dicos y enfermeras traspasaran los muros de las c¨¢rceles y se invirtiera el dinero en un buen seguimiento de los seropositivos que est¨¢n en sus celdas".Por otra parte, 30 asociaciones sociales y sindicales -Madres para la Droga, CC OO, UGT y organizaciones feministas y colectivos gays- expresaron ayer su rechazo a la penalizaci¨®n de la transmisi¨®n del sida, que, seg¨²n afirman, est¨¢ contemplada "de manera encubierta" en el nuevo C¨®digo Penal.
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