La chapuza

EL TIEMPO transcurrido desde el 22 de febrero, fecha en que concluy¨® e 1 mandato de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han esperado desde entonces su sustituci¨®n, ha servido para poner de manifiesto la excelente salud de la que gozan los vicios que lastran la elecci¨®n parlamentaria de los cargos institucionales y la ausencia, de momento, de un ant¨ªdoto que sea capaz de remediarlos. Queriendo hacer bueno lo de que no hay bien que por mal no venga, algunos bienintencionados han pretendido exculpar la demora del Parlamento en la renovaci¨®n del TC si serv¨ªa para depurar el proceso de designaci¨®n de candidatos. No ha sido as¨ª.Ni el deprimente espect¨¢culo producido por el incumplimiento tan prolongado de un mandato constitucional, ni la inquietud de la opini¨®n p¨²blica, ni las llamadas de atenci¨®n del propio presidente del, TC, ni el riesgo de deterioro de instituciones clave del sistema democr¨¢tico -el citado tribunal y el mismo Parlamento- han sido suficientes para que los partidos se curen de tales vicios: la lucha de influencias en torno a los candidatos, la pugna por las cuotas de su reparto, el oscurantismo en su designaci¨®n y, en definitiva, la obsesi¨®n por el desgaste pol¨ªtico del contrario han vuelto a condicionar el proceso de elecci¨®n parlamentaria de los magistrados del TC.

Este diagn¨®stico de ning¨²n modo queda desmentido por la elecci¨®n, ?por fin!, en el pleno del Congreso de ayer de los magistrados que deben tomar el relevo de los que concluyeron su mandato el 22 de febrero. M¨¢s bien ha sido reforzado: la confusi¨®n y pugna sin cuartel entre, el PP y el PSOE han brillado como nunca en este proceso que, adem¨¢s, ha llegado a salpicar al propio presidente del Congreso, cuya neutralidad e independencia han sido puestas en entredicho por el PP.

La val¨ªa profesional de los elegidos est¨¢ fuera de dudas, as¨ª como su adecuaci¨®n a los criterios constitucionales exigidos para ser n¨²embros del alto tribunal. Del mismo modo que era igualmente v¨¢lida desde estos ni?smos criterios la lista patrocinada en solitario por el PP. Tambi¨¦n tiene plena legitimidad su elecci¨®n al haber superado la mayor¨ªa cualificada de tres quintos -210 diputados- con los votos del PSOE, CiU, CDS e Izquierda Unida, principalmente. Pero la designaci¨®n de quienes integran el ¨®rgano institucional cuya misi¨¦n principal es la salvaguardia de la Constituci¨®n no se agota en el hallazgo de personas de prestigio profesional reconocido. Exige, adem¨¢s, que sea el resultado de un proceso de negociaci¨®n de los grupos parlamentarios -y especialmente de los que son mayoritarios- que debe traducirse en un consenso lo m¨¢s amplio posible. La mayor¨ªa cualificada de tres quintos ser¨ªa la expresi¨®n matem¨¢tica del consenso m¨ªnimo exigible para que el Tribunal Constitucional pueda garantizar que el pacto. constituyente no va a ser roto por ninguna mayor¨ªa simple parlamentaria resultante de unas elecciones. Precisamente, y al margen de que se haya puesto materialmente fin a una situaci¨®n bochornosa, la ausencia clamorosa de este proceso de negociaci¨®n en la designaci¨®n de los nuevos magistrados del TC es un dato que da?a la credibilidad de la instituci¨®n. En tanto en cuanto pueda encubrir un reparto por cuotas entre algunos grupos o la imposici¨®n subrepticia de listas unilaterales, tal forma de proceder debilitar¨ªa la legitimidad de origen que, m¨¢s que ninguna otra instituci¨®n, debe tener el Tribunal Constitucional. Y es que es dif¨ªcil evitar que lo que empieza mal no acabe convirti¨¦ndose en una chapuza.