Dimisi¨®n obligada

LA DIMISI?N del director general de Carreteras de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Ollero, implicado en un proceso judicial por cohecho y tr¨¢fico de influencias directamente vinculado con el ejercicio de sus funciones p¨²blicas, era un acto obligado de responsabilidad pol¨ªtica e incluso c¨ªvica. Ojal¨¢ se convierta en un precedente que marque la conducta a seguir por otros cargos p¨²blicos en situaciones semejantes. La cr¨ªtica que puede hac¨¦rsele es precisamente que haya tardado en presentar su dimisi¨®n y que en primera instancia intentara confundir a la opini¨®n p¨²blica con motivo de su citaci¨®n judicial, present¨¢ndose como testigo cuando en realidad hab¨ªa sido convocado en calidad de inculpado.La dimisi¨®n de un cargo p¨²blico implicado en un proceso judicial no es obligada por ley. Vincular de manera necesaria la simple imputaci¨®n de un delito con su dimisi¨®n podr¨ªa favorecer maniobras de desestablizaci¨®n de las instituciones mediante una utilizaci¨®n maliciosa de las posibilidades del sistema legal. Pero tampoco es sostenible que toda dimisi¨®n debe quedar aplazada hasta que haya un veredicto judicial. Es la postura que en estos a?os ha venido propici¨¢ndose desde algunos sectores pol¨ªticos -gubernamentales y de la oposici¨®n conservadora, fundamentalmente- y que, llevada al extremo, ha resultado ser un pernicioso factor de impunidad y de desmoralizaci¨®n. Seg¨²n tal doctrina, mientras no exista una condena judicial, la dimisi¨®n ni es obligada legalmente ni es exigible pol¨ªticamente. Llegado el caso, se comprueba hasta qu¨¦ punto es dif¨ªcil convencer a algunos pol¨ªticos, incluso bajo una sentencia de una audiencia provincial, como se puso de manifiesto en el caso del alcalde de Burgos.

Las circunstancias en que se encuentra envuelto el director general de Carreteras de la Junta de Andaluc¨ªa hacen no s¨®lo aconsejable, sino pol¨ªtica y moralmente obligada, su dimisi¨®n. La imputaci¨®n judicial que pesa sobre ¨¦l no est¨¢ relacionada con una actividad de car¨¢cter personal o privado, sino que afecta de lleno a su credibilidad p¨²blica en su calidad de director de Carreteras. Se le imputa su participaci¨®n en una trama de cobro de comisiones ilegales por la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas en la comunidad aut¨®noma andaluza.

Los indicios delictivos que pesan sobre ¨¦l est¨¢n vinculados a su actuaci¨®n en el cargo. De ah¨ª que la presunci¨®n de inocenncia -un derecho constitucional individual que ampara a todos los ciudadanos mientras no exista una condena judicial- no sea suficiente en el ¨¢mbito p¨²blico para borrar las sospechas de corrupci¨®n que puedan proyectarse sobre una gesti¨®n pol¨ªtica penalmente puesta en entredicho. La dimisi¨®n, en estos supuestos, es una medida cautelar indispensable, que garantiza a los ciudadanos que la funci¨®n p¨²blica queda a salvo de las sospechas de corrupci¨®n que provisionalmente pesan sobre el responsable o gestor judicialmente encausado. La investigaci¨®n judicial en marcha deber¨¢ desvelar si la trama se cierra en el pol¨ªtico dimitido o si existen. responsabilidades m¨¢s altas. No estar¨ªa de m¨¢s que el PSOE aceptara, al mismo tiempo, la apertura de una comisi¨®n investigadora en el Parlamento andaluz para depurar las responsabilidades pol¨ªticas que puedan derivarse de este nuevo caso de corrupci¨®n.