Documentos para un poeta asesinado

Por estos d¨ªas (el 19 es la fecha oficial, pero podr¨ªa serlo tambi¨¦n el 18) se ha cumplido otro aniversario, el 56?, del asesinato de Federico Garc¨ªa Lorca. Pocas efem¨¦rides han tenido durante estos ¨²ltimos a?os el eco de ¨¦sta, aunque despu¨¦s del cinc¨²entenario de la guerra civil su resonancia haya bajado. Pero a¨²n hace dos veranos EL PA?S daba a conocer un nuevo testimonio sobre el atroz final del poeta a cargo del doctor Vega D¨ªaz (Muerto cay¨® Federico, 19 de agosto de 1990). Del tr¨¢gico episodio poco es ya lo que queda por decir. Lorca fue asesinado por la Espa?a m¨¢s negra, la Espa?a inquisitorial que ¨¦l hab¨ªa tratado de conjurar apenas un par de meses antes en su ¨²ltima obra, La casa de Bernarda Alba.La democracia ha sido generosa con la figura del poeta, como era, por otra parte, su deber, aun cuando no estar¨ªa de m¨¢s que el Ministerio de Cultura pensara en la posibilidad de crear un teatro Garc¨ªa Lorca dedicado a la representaci¨®n permanente de sus piezas dram¨¢ticas, las m¨¢s difundidas en todo el mundo de un autor de lengua espa?ola, y eso desde hace m¨¢s de 50 a?os. Quedan otras cosas, por hacer. Pues si del asesinato en s¨ª poco es lo que puede ya decirse, a excepci¨®n de peque?os detalles (p¨¦que?os, aunque seguramente terribles), lo que s¨ª cabe pedir a estas alturas es la publicaci¨®n de los documentos oficiales que existan -sobre el asunto.

El Estado franquista guard¨® silencio al respecto. Decisi¨®n coherente: sab¨ªa que el asesinato del poeta hab¨ªa sido una decisi¨®n oficial, adoptada por la m¨¢xima autoridad de la zona y congruente con la de eliminar o aherrojar a cuantos no comulgaran con el nuevo estado de cosas. En este sentido, la muerte de Lorca fue algo normal. Quien abrigue dudas lea las espantosas relaciones de fusilamientos en Granada y en V¨ªznar, donde cay¨® el escritor, publicadas por Gibson y por Molina Fajardo. Naturalmente, el r¨¦gimen fue muy pronto consciente de la metedura de pata que el crimen significaba, dada la personalidad del poeta, famoso en Espa?a (del Romancero gitano se hab¨ªan publicado siete ediciones), popular en Am¨¦rica Latina, ya traducido al franc¨¦s y no desconocido en Estados Unidos, donde en 1935, en Nueva York, se hab¨ªa representado una versi¨®n inglesa de Bodas de sangre. La difusi¨®n internacional de Lorca, que hab¨ªa comenzado antes de su asesinato, pod¨ªa ser, y de hecho lo fue, un arma temible en manos de los enemigos del movimiento militar.

El silencio fue, sin embargo, la respuesta pol¨ªtica de una l¨®gica implacable, consecuente, aun cuando algunos plum¨ªferos al servicio de la dictadura solicitaran t¨ªmidamente que se hiciera algo. Franco se limit¨® a declarar a un peri¨®dico argentino, en plena contienda incivil, que el poeta "muri¨® mezclado con los revoltosos", calificando su p¨¦rdida de lamentable, pero consider¨¢ndola un accidente de guerra. No hubo m¨¢s. Durante los 36 a?os de dictadura, nadie consigui¨® la mejor declaraci¨®n oficial sobre los hechos. El principal, pero no ¨²nico, responsable de la detenci¨®n de Lorca vivi¨® c¨®modamente en Espa?a hasta la muerte de Franco; luego se march¨® al extranjero, donde morir¨ªa.

La versi¨®n oficiosa que se sostuvo durante todo ese tiempo, a veces por plumas ilustres, repet¨ªa, con obscenas variantes (as¨ª las mutuas incriminaciones de falang¨ªstas y cedistas), lo declarado por el dictador. Eso s¨ª, no faltaron de vez en cuando las insidias, corno la que se auspici¨® en 1956 desde una revista pagada con dinero del Estado, cuando se trat¨® de dar p¨¢bulo al penoso libro de Jean-Louis Schoriberg, que hab¨ªa presentado la muerte del poeta como un ajuste de cuentas entre homosexuales, lo que motiv¨® una carta ejemplar de Dionisio Ridruejo al se?or Arias Salgado, ministro entonces de Informaci¨®n y Turismo, donde denunci¨® el intento de infamar la figura de la v¨ªctima para hacer m¨¢s disculpable el crimen.

En 1964 y 1965 se solicitaron lo s primeros informes al Gobierno Civil de Granada, seguramente a instancias de la hispanista francesa Marcelle Auclair, que preparaba su magn¨ªfica biograf¨ªa del poeta seg¨²n se?al¨® el periodista granadino Eduardo Molina Fajardo en su libro sobre la cuesti¨®n, publicado, p¨®stumamente, en 1983. Su conocimiento de los medios oficiales permiti¨® a Moli?a acopiar abundante documentaci¨®n sobre el asunto e indicar la existencia de un informe elaborado, al parecer, entonces por la comisar¨ªa de polic¨ªa de Granada, que ven¨ªa a coincidir con el Expediente de responsabilidades pol¨ªticas seguido contra Garc¨ªa Lorca en 1940, tr¨¢mite lamentable, pero, seg¨²n Molina, indispensable para que los derechos de autor de Lorca pasaran en Espa?a a manos de sus leg¨ªtimos herederos; aunque, la verdad, tal necesidad se antoja especialmente siniestra: no bastaba, por lo visto, con el asesinato.

El Expediente, que Molina public¨® extractado, no tiene desperdicio. En ¨¦l se acusa a Lorca de mas¨®n; un p¨¢rroco de Granada dice que no le consta la residencia del poeta en su feligres¨ªa; el alcalde afirma que el escritor nunca fue vecino de la ciudad; la Direcci¨®n General de Seguridad lo califica de comunista; Falange Espa?ola Tradicionalista lo considera izquierdista, laico y de vida dudosa; un amigo de adolescencia lo reputa como elemento muy adicto al Frente Popular y afiliado a Los Amigos de Rusia; Falange Espa?ola de Madrid ratifica esta opini¨®n, etc¨¦tera. ?Para qu¨¦ m¨¢s? Con semejante consideraci¨®n entre los sublevados, hubiera sido un milagro la salvaci¨®n del poeta en Granada ese mes de agosto del 36. Nada, pues, de accidente de guerra. El expediente fue sobrese¨ªdo provisionalmente -atenci¨®n al matiz- en 1946.

Otras fuentes han indicado la existencia de documentos en el Ministerio de la Gobernaci¨®n. Resulta improbable que en los archivos oficiales se haya perdido toda pista al respecto (Molina Fajardo cita un documento de ese ministerio), pese al nulo inter¨¦s que hubo durante a?os en el esclarecimiento de los hechos. Es sintom¨¢tico que Molina, cuyo libro bienintencionado pretendi¨® ser exculpatorio (pat¨¦ticamente) para el falangismo, pudiera manejar una documentaci¨®n que estuvo- vedada a otros investigadores bastante menos cercanos al r¨¦gimen. Pero la Administraci¨®n democr¨¢tica est¨¢ obligada a dar las m¨¢ximas facilidades para que todos esos documentos, debidamente evaluados (los habr¨¢ seguramente ama?ados o falsos), puedan ver la luz. El silencio culpable del Estado franquista debe terminar a todos los efectos.