Iniciativa discutible

LA VOLUNTAD expresada por el fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, de contribuir con sus iniciativas a defender el sistema democr¨¢tico tendr¨ªa mayor cr¨¦dito si se abstuviera de utilizar para ello otros mecanismos que, los derivados de la funci¨®n precisa que la Constituci¨®n atribuye al Ministerio Fiscal: "Promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la ley ( ... ), as¨ª como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ¨¦stos la satisfacci¨®n del inter¨¦s social". Y todo ello a fin de contribuir al enraizamiento en la: sociedad de un sistema que propugna como valores superiores "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico".Resulta discutible que esa misi¨®n se materialice en iniciativas como la de dar instrucciones a los fiscales para que se opongan de forma "muy beligerante" a las acciones judiciales sin fundamento "que persigan utilizar la justicia con fines pol¨ªticos". El fiscal general proyecta tal iniciativa -en la que ha introducido un dificilmente comprobable juicio de intenciones- para "evitar la judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica". Pero el mecanismo que pretende s¨®lo servir¨¢ para incrementar la protecci¨®n jur¨ªdica de la. que ya gozan los pol¨ªticos, quienes son importantes agentes del sistema democr¨¢tico, pero a quienes no cabe identificar con el mismo.

Defender la democracia no equivale a proteger a los pol¨ªticos, quienes, por el contrario, deben estar sometidos a mecanismos institucionales de control. Desarrollar la obligaci¨®n legal de los fiscales de oponerse a las querellas infundadas poniendo el acento en las que se dirigen contra los pol¨ªticos, ser¨ªa tanto como privilegiar a ¨¦stos en perjuicio de otros destinatarios de acciones penales atrabiliarias y carentes de la menor base. Pero tal vez lo m¨¢s preocupante sea el contraste entre esa preocupaci¨®n y la aparente pasividad a la hora de impulsar la acci¨®n de la justicia para, mediante la condena o la absoluci¨®n, despejar la inquietud ciudadana en relaci¨®n a los indicios crecientes de corrupci¨®n pol¨ªtica. Eso s¨ª que contribuir¨ªa a consolidar el sistema democr¨¢tico. Por el contrario, en su orden de prioridades al servicio de la defensa de la democracia, a Hern¨¢ndez lo primero que se le ocurre es proteger a los pol¨ªticos de las acciones judiciales.