Obviedades sobre la construcci¨®n de c¨¢rceles

Una buena receta para disipar los temores generados por la instalaci¨®n de nuevos centros penitenciarios en Espa?a, afirma el autor, ser¨ªa la de preguntar a los ciudadanos que tienen cercana a su domicilio una c¨¢rcel funcionando; se ver¨ªa, agrega, que ¨¦sta no provoca ning¨²n problema adicional a la vida en com¨²n.

Las c¨¢rceles atraen cotidianamente la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y esto es de agradecer, pues sugiere una sensibilidad social por la suerte de los que en ellas habitan. Mientras, en los ¨²ltimos meses, la prensa se ha hecho eco, en general, tan s¨®lo del rechazo que suscita la ubicaci¨®n de nuevos centros. Sobre ello me gustar¨ªa dar mi opini¨®n, sin duda interesada, toda vez que alguna responsabilidad tengo en el asunto.La realidad de las c¨¢rceles espa?olas es delicada, y entre sus m¨²ltiples causas, por ser conciso, apuntar¨¦ s¨®lo tres: 1) las arcaicas infraestructuras; 2) el excesivo n¨²mero de internos en relaci¨®n con la capacidad total, con una tasa de ocupaci¨®n cercana al 130%; y 3) el desmesurado coste de gesti¨®n y mantenimiento, en muchos casos, de los arcaicos e insuficientes centros penitenciarios actuales.

Estas tres circunstancias empobrecen paulatinamente el sistema y secuestran recursos econ¨®micos, que debieran emplearse en superar los problemas estructurales aludidos, permitiendo as¨ª una aplicaci¨®n correcta de la pena.

Para atajar esta situaci¨®n, el Gobierno ha aprobado un Plan de Creaci¨®n y Amortizaci¨®n de Centros Penitenciarios, que pretende sustituir 8.000 plazas antiguas, para abrir 20.500 nuevas. Si no se lleva a cabo este plan, las consecuencias para la sociedad podr¨ªan ser tremendas, tanto en el plano pol¨ªtico como econ¨®mico. Las reformas en prisiones, que responden a un complicado mosaico de imperfecciones y necesidades, deben hacerse de acuerdo con un plan (¨¦ste u otro), si no queremos que se produzcan an¨¢rquicamente ante puntuales situaciones explosivas, tristemente m¨¢s frecuentes de lo deseable.

?ste es el problema real que tiene planteada la sociedad espa?ola a prop¨®sito de las c¨¢rceles, al cual hay que aportar soluciones, a ser posible racionales, y no enmascararlo con otras cuestiones accesorias.

Intentemos comprender las motivaciones del rechazo a la construcci¨®n de c¨¢rceles nuevas, atribuido falazmente a la estulticia de la Administraci¨®n Penitenciaria en ubicarlas, y no las definamos atropelladamente diciendo que responden a actitudes xen¨®fobas, que lamentablemente no son exclusivas de ese sector (v¨¦ase sida, centros de acogida, centros de drogadictos). Decir que los presos no son apestados y que, son personas que tienen todos los derechos civiles que el ordertamiento jur¨ªdico reconoce a los espa?oles excepto el de la libertad de movimiento durante el tiempo de su internamiento, no deja de ser una obviedad tal que produce sonrojo democr¨¢tico. De rechazar una nueva c¨¢rcel en base a estos argumentos, habr¨ªa motivos de preocupaci¨®n por la salud democr¨¢tica del pueblo. Sin embargo, disipar los temores de las gentes sencillas es una obligaci¨®n de las autoridades p¨²blicas; para ello, una buena receta podr¨ªa ser preguntar a los ciudadanos que tienen cercana a su domicilio una c¨¢rcel funcionando, y entonces, parad¨®jicamente con el rechazo, comprobaremos que, lejos de temerla no quieren que se cierre, porque la experiencia ense?a que no provoca ning¨²n problema adicional, a la ya de por s¨ª dif¨ªcil vida en com¨²n, sino que por el contrario genera factores positivos con indudable incidencia socioecon¨®mica.

M¨¢s preocupante ser¨ªa que el rechazo a la construcci¨®n de un centro penitenciario respondiera a un cierto desprecio por las personas que visitan a los presos. Es otra obviedad decir que familiares y amigos de los reclusos, sean lo que sean (ricos, pobres, gitanos, payos, etc¨¦tera), son ciudadanos libres a los que ampara la ley, incluso cuando van de visita a las c¨¢rceles, y que contribuyen con su actitud solidaria a paliar el sufrimiento del penado y ayudan a la sociedad en su tarea moral de recuperar para s¨ª estas personas, evitando con ello el desarraigo propio del confinamiento.

Solidaridad y tolerancia

Si nos vi¨¦ramos obligados a juzgar al conjunto de la sociedad por actitudes basadas en estos temores, y manifestadas por algunos habitantes de localidades afectadas por la construcci¨®n de un centro penitenciario, en su propio territorio o en parajes cercanos, extraer¨ªamos conclusiones muy alarmantes sobre la solidaridad y tolerancia de nuestros compatriotas cuando se les plantean estas concretas cuestiones.

Harina de otro costal son las oscuras razones de algunos que se alzan, sin serlo, como portadores de opini¨®n, y que nada temen de las c¨¢rceles y porf¨ªan m¨¢s en favor de la especulaci¨®n que de la ecolog¨ªa.

Por otra parte, al Gobierno de Espa?a, por expreso mandato del legislador, es decir, de los representantes del pueblo, le corresponde decidir d¨®nde se ubican las c¨¢rceles, y en alg¨²n caso, ?c¨®mo no!, pudiera equivocarse. En muchas ocasiones en la propia decisi¨®n est¨¢ el error, y ¨¦sta es una actividad p¨²blica muy propicia para ello, aunque no es razonable pensar que sea as¨ª en todas las ocasiones.

De todos modos, me interesa aclarar, aunque es una tarea ociosa a mi modo de ver las cosas, que existe un entramado legal que regula las relaciones entre las distintas administraciones y que se funda en un reparto de competencias, que se sustenta en una jerarqu¨ªa de intereses en la que ha de prevalecer siempre el inter¨¦s m¨¢s general. La determinaci¨®n de cual sea ¨¦ste le corresponde al Gobierno de Espa?a, y as¨ª lo ha expresado p¨²blicamente, por ejemplo, en el caso concreto de Soto del Real, a trav¨¦s del instrumento legal pertinente: acuerdo de Consejo de Ministros, por lo que cabr¨ªa esperar de los representantes de cualesquiera otros intereses, p¨²blicos o particulares, que, admitiendo estas elementales reglas de un Estado de Derecho, hicieran lo que estuviera en su mano, apelando a la solidaridad, si ello fuese necesario, para que el inter¨¦s com¨²n y mas general impere sobre los dem¨¢s.

En definitiva, ante el leg¨ªtimo ejercicio de una competencia estatal no cabe esgrimir, creando confusiones interesadas, la bandera de la autonom¨ªa local, dado que -como certeramente ha resaltado nuestro Tribunal Constitucional- la autonom¨ªa municipal no se garantiza por la Constituci¨®n para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la naci¨®n o en otros intereses generales distintos de los propios de la entidad local.

Aspectos pol¨ªticos

Por ¨²ltimo, me gustar¨ªa hacer dos breves reflexiones de perogrullo sobre los aspectos m¨¢s puramente pol¨ªticos de este asunto:

1.- Es una obligaci¨®n ineludible de los gobernantes, al nivel que corresponda, relacionar las propuestas sociales unas con otras, y elaborar con ellas una selecci¨®n, de suerte que todas las decisiones discurran en una misma direcci¨®n y, a rengl¨®n seguido, establecer un orden de prioridades. Una sociedad que demanda seguridad y, en su virtud, promueve normas que ampl¨ªan los supuestos que penalizan conductas con la privaci¨®n de libertad, debe prever las medidas oportunas para que en las prisiones no se rebajen las prestaciones m¨ªnimas que una sociedad democr¨¢tica debe satisfacer.

2.- La acci¨®n de los partidos pol¨ªticos debe estar guiada por un referente ¨¦tico, que consiste, en t¨¦rminos generales, en apoyar las medidas que resulten m¨¢s convenientes para la sociedad, incluso en contra de los propios intereses partidarios. En consecuencia, es reprobable el puro y simple rechazo u oposici¨®n en cuestiones trascendentes por divergencias partidarias: es muy importante en una sociedad libre, donde impera el Derecho, el no oponerse porque s¨ª a una medida de los gobernantes democr¨¢ticamente elegidos.

Si no la sociedad, a la que con excesiva frecuencia se apela, como si por padecer un problema se viera en la obligaci¨®n de resolverlo, s¨ª los instrumentos de intermediaci¨®n social (instituciones y partidos pol¨ªticos, sobre todo), deben plantearse en el tema de la construcci¨®n de c¨¢rceles nuevas est¨¢s cuestiones y obrar coherentemente.

es director general de Administraci¨®n Penitenciaria.