Jueces y pol¨ªticos

CON SU tono did¨¢ctico habitual, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a recordar algunas cosas elementales para el buen funcionamiento del Estado democr¨¢tico que gobernantes y responsables pol¨ªticos se empe?an en olvidar. Una de ellas: que, m¨¢s que ning¨²n otro ciudadano, quienes tienen en sus manos los resortes del poder pol¨ªtico est¨¢n obligados a una prudencia ejemplar a la hora de pronunciarse p¨²blicamente sobre las actuaciones de los jueces. Las razones son obvias: el poder de los jueces est¨¢ supeditado en gran medida a los medios -tanto presupuestarios como organizativos y personales- que les asignan el Gobierno y el Parlamento, y es l¨®gico que cualquier indicaci¨®n formulada desde estas instancias fuera de los cauces institucionales establecidos pueda ser percibida como una presi¨®n o injerencia en su funci¨®n.Cuando el presidente de la Junta de Extremadura, Rodr¨ªguez Ibarra, cuestiona en la reuni¨®n del Comit¨¦ Federal del PSOE la conducta c¨ªvica del juez Marino Barbero por no haber devuelto un pr¨¦stamo hipotecario solicitado para su vivienda -un supuesto bastante frecuente y que las entidades financieras ya se cuidan de resolver de forma no lesiva para ellas, como ocurri¨® en este caso- busca, obviamente, desacreditar con falsas insinuaciones sobre la persona de este juez la funci¨®n que realiza en el caso Filesa. No otra intenci¨®n -aunque en distinto grado- cabe atribuir a Felipe Gonz¨¢lez cuando deja caer las sospechas de una actuaci¨®n irregular del juez Barbero englob¨¢ndola en las que tienen "algunos jueces" en relaci¨®n con casos de presunta corrupci¨®n del PSOE, o en "los errores que en todo colectivo humano se producen". En ambos casos es manifiesta la presi¨®n objetiva que se ejerce sobre un magistrado que tiene en sus manos la responsabilidad de investigar un asunto en el que est¨¢n involucrados militantes destacados del partido del Gobierno y que puede llegar incluso a afectar a dicho partido en cuanto tal. La actuaci¨®n de oficio del CGPJ era, pues, obligada, por m¨¢s que el juez Barbero no se haya sentido subjetivamente perturbado por dicha presi¨®n y que, consecuentemente, no la haya denunciado.

De ah¨ª la incoherencia que puede tener la actitud del juez del caso Filesa cuando, sin embargo, alude p¨²blicamente a temibles presiones subrepticias del poder pol¨ªtico sobre la justicia, que s¨®lo ¨¦l conoce, puesto que las se?ala, pero que se abstiene de denunciar ante el citado consejo general. Es l¨®gico deducir que el ¨®rgano encargado de velar por la independencia judicial hubiera reaccionado frente a las presiones disimuladas y ocultas de la misma forma que lo ha hecho ante las p¨²blicas y notorias. Pero mal puede hacerlo si no las explicita quien gen¨¦ricamente afirma que existen s¨®lo ante una cualificada audiencia de juristas. Las reglas b¨¢sicas de funcionamiento del Esta do democr¨¢tico -afectan por igual a todos los que tienen alguna responsabilidad p¨²blica: a los gobernantes y dirigentes pol¨ªticos y sociales en general, pero tambi¨¦n a los jueces. Las insinuaciones insidiosas o las apreciaciones descalificadoras lanzadas desde las instancias del poder pol¨ªtico sobre un magistrado constituyen un inadmisible atentado a su funci¨®n. Pero el mensaje de que las presiones subrepticias del poder pol¨ªtico sobre la independencia del juez no son un riesgo, sino una realidad indubitable, constituyen en igual medida una alarmante imputaci¨®n que da?a m¨¢s que fortalece al Estado de derecho.