Defensa c¨®mplice

LAS CONVERSACIONES, legalmente grabadas en la c¨¢rcel de Alcal¨¢-Meco, entre el abogado Txemi Gorostiza, de Herri Batasuna (HB), y el preso etarra Jos¨¦ Ignacio de Juana confirman muchas cosas sobre la actual situaci¨®n del mundo de ETA de las que ya exist¨ªan indicios: el clima de descomposici¨®n de la organizaci¨®n, la sensaci¨®n de abandono que viven sus presos y, sobre todo, la profunda divisi¨®n que provoca en este colectivo su dispersi¨®n carcelaria y la v¨ªa que abre a su reinserci¨®n una inteligente aplicaci¨®n de los beneficios penitenciarios. Pero tambi¨¦n revela algo de lo que hasta ahora s¨®lo hab¨ªa sospechas, aunque fundadas: la existencia de abogados de presos de ETA que, ampar¨¢ndose en el ejercicio del derecho de defensa, act¨²an ante todo como intermediarios, correos, mensajeros, c¨®mplices o colaboradores entre sus clientes y la direcci¨®n de la banda terrorista a la que pertenecen.Las dificultades del Estado democr¨¢tico para defenderse del acoso del terrorismo se acrecientan cuando ¨¦ste se produce mediante la utilizaci¨®n enga?osa de sus resortes legales y de los derechos fundamentales que garantiza: el de defensa, entre otros. La doblez de quienes as¨ª act¨²an, reivindicando las garant¨ªas del Estado de derecho al tiempo que las ponen al servicio de una estrategia que tiene por objetivo destruirlo, les sit¨²a en una posici¨®n de ventaja, Esto es especialmente cierto en el caso de quienes se emboscan en su oficio de defensor para activar el impulso criminal del terrorismo.

Desenmascararlos es sumamente laborioso: saben prevalerse de su profesi¨®n y de la prestaci¨®n de un servicio de asistencia jur¨ªdica ampliamente garantizado. Pero el Estado democr¨¢tico tiene medios y capacidad para impedir que derechos que amparan a todos -incluso a terroristas convictos- puedan servir, bien por su formulaci¨®n legal imprecisa o por la mala fe de que algunos hacen gala en su aplicaci¨®n, a los prop¨®sitos de quienes no creen en ellos y combaten con sa?a a las instituciones que los avalan.

La investigaci¨®n judicial abierta sobre el caso deber¨¢ determinar los mecanismos que estos abogados de confianza de ETA utilizan para mantener vivo el aparato terrorista en las prisiones y realizar, al amparo de un ficticio ejercicio del derecho de defensa, tareas de mensajeros, trayendo y llevando instrucciones que, a veces, han podido desembocar en atentados. Concretamente, la justicia habr¨¢ de esclarecer en qu¨¦ medida la conversaci¨®n mantenida entre el abogado Gorostiza y el recluso etarra Jos¨¦ Ignacio de Juana, antiguo responsable del sangriento comando Madrid e involucrado en m¨¢s de 20 atentados mortales, ha podido, influir en el asesinato, 10 d¨ªas despu¨¦s y en San Sebasti¨¢n, del funcionario de prisiones Jos¨¦ Ram¨®n Dom¨ªnguez. Sugerencias o propuestas como las de que se produjeran atentados de ese tipo se acabar¨ªa con la pol¨ªtica de reinserci¨®n no suelen reducirse a meros deseos cuando se manifiestan en el entorno violento de ETA: siempre hay alguien que se siente dispuesto a llevarlas a la pr¨¢ctica.

De ah¨ª la importancia que tiene la investigaci¨®n judicial a la hora de delimitar en un sumario el grado de verosimilitud de una hip¨®tesis que muchos consideran archidemostrada: si la relaci¨®n con ETA del conglomerado civil de Herri Batasuna, adem¨¢s de pol¨ªtica (los mismos objetivos), es tambi¨¦n org¨¢nica (los mismos m¨¦todos). Esta clarificaci¨®n es especialmente importante en el caso de los abogados de Herri Batasuna, dado el papel relevante que desempe?an debido a su profesi¨®n y a los servicios jur¨ªdicos que prestan.

Hay que saber si cuando ejercen la defensa de presos etarras son s¨®lo defensores o tambi¨¦n c¨®mplices y encubridores; o si cuando median en un secuestro son intermediarios o portavoces de los secuestradores; o s¨ª sus despachos profesionales son a la vez oficinas de recaudaci¨®n del impuesto revolucionario. La justicia no puede quedarse impasible ante pr¨¢cticas que su]pondr¨ªan una manipulaci¨®n posiblemente delictiva de lo que los abogados, justamente, reinvidican como "el sagrado deber de defensa". Tampoco los colegios de abogados pueden hacer como si nada vieran.