?Qui¨¦n es culpable?

GiULIANO AMATO, primer ministro socialista de Italia, ha cerrado su m¨¢s reciente crisis de Gobierno en falso. En lugar de responder, como pretend¨ªa, a las dimisiones forzadas de tres de sus ministros con un cambio profundo de Gabinete, se ha tenido que conformar con un miniajuste que no resuelve nada. Ha debido plegarse as¨ª al control ejercido por los partidos sobre toda la vida pol¨ªtica y aplicar la sacrosanta regla de la distribuci¨®n de todos los cargos con arreglo a las cuotas deducidas de los porcentajes electorales, obtenidos por la coalici¨®n cuatripartita de gobierno. Es as¨ª como se defiende la clase pol¨ªtica italiana. Acorralada por una ciudadan¨ªa que ha perdido la fe en ella y por una justicia que sospecha de sus actos, encuentra como ¨²nica soluci¨®n defender a ultranza sus privilegios y cerrar los ojos frente a la realidad exterior. Como consecuencia de ello, el Gobierno sigue d¨¦bil, y Amato, contrariamente a lo que quer¨ªa, ha tenido que recurrir al voto de confianza. No parece probable que resuelva as¨ª la crisis de las privatizaciones de empresas p¨²blicas y, sobre todo, la de la corrupci¨®n.Lo cierto es que, ¨²ltimamente, todos los problemas italianos se cierran en falso. Si la soluci¨®n aplicada no es radical, malo, porque apenas consigue un m¨ªnimo lavado de cara que no detiene la descomposici¨®n. Y si lo es, peor, porque detener en seco ¨¦sta implica la casi simult¨¢nea desintegraci¨®n del Estado. He aqu¨ª el problema: ?cu¨¢nto tardar¨¢n los jueces en volver a citar a un ministro del Gobierno de Amato? ?Cu¨¢ntos diputados, cu¨¢ntos empresarios m¨¢s, ser¨¢n encarcelados? La respuesta m¨¢s contundente fue dada por la judicatura al d¨ªa siguiente del minirreajuste gubernamental: la detenci¨®n del n¨²mero tres de la Fiat, su director financiero, Francesco Paolo Mattioli, acusado de subvencionar a la Democracia Cristiana con comisiones ilegales (las famosas tangentes).

El caso Mattioli ha sobrecogido a Italia: el s¨ªmbolo, el portaestandarte de la industria italiana, ha sido encausado. Es cierto que estas detenciones preventivas convencen al ciudadano de que los que las padecen son culpables; es cierto, por consiguiente, que las detenciones indiscriminadas incrementan la sensaci¨®n de generalidad de la corrupci¨®n, sea ¨¦sta culpa de los empresarios (como pretende la magistratura de Mil¨¢n) o de los pol¨ªticos (como quiere la de Roma). Cada cual demostrar¨¢ o no su inocencia, pero el gran dilema es si, como quer¨ªa el anterior jefe del Estado, Francesco Cossiga, se da un salto adelante y se refunda la Rep¨²blica, o si, como quieren las cada vez m¨¢s votadas Ligas del Norte, se la disuelve. Todos en la c¨¢rcel, se acab¨® la corrupci¨®n y desaparece el sistema. Porque, en efecto, como asegura La Repubblica, "el repudio del Estado de las tangentes podr¨ªa degenerar en un repudio del Estado a secas".

Debe castigarse, es cierto, a una casta pol¨ªtica y a una clase empresarial que se ha deslizado a lo largo de a?os hacia un sistema de corrupci¨®n que las necesidades de la vida p¨²blica -un monstruo insaciable- hac¨ªan imparable. Debe castigarse a los dos mayores corruptores, la Mafia y las c¨¦lulas mas¨®nicas tipo P-2. Pero, al final, como dice el comentarista pol¨ªtico Mar¨ªo Deaglio, "si las grandes entregas de dinero eran conocidas por muy pocos, muchos conoc¨ªan en cambio el tenor general, muchos intu¨ªan y no se escandalizaban, y esta clase pol¨ªtica fue tranquilamente votada y confirmada en su papel por la mayor¨ªa de los italianos durante m¨¢s de 40 a?os". Italia entera sab¨ªa e Italia entera se encog¨ªa de hombros.

Un magistrado de Mil¨¢n comprendi¨® hace semanas el riesgo de que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad y propuso un sistema intermedio que presupone la culpabilidad de la mayor¨ªa de la clase pol¨ªtica: los arrepentidos no ir¨¢n a la c¨¢rcel, pero quedar¨¢n excluidos de la vida pol¨ªtica. En caso de duda, la mejor receta suele ser acudir a los procedimientos democr¨¢ticos; unas elecciones generales podr¨ªan no contribuir a la cura del sistema, pero aclarar¨ªan lo que quieren hacer los italianos con su pa¨ªs. Y, mientras tanto, los empresarios dejar¨ªan de tener que invocar el estado de necesidad como excusa de la corrupci¨®n.