El Tribunal Superior paraliza las obras de Sagunto a 15 d¨ªas de su final

El Tribunal Superior de Justicia orden¨® ayer la paralizaci¨®n de las obras del teatro romano de Sagunto. Los magistrados, sin embargo, desestimaron la petici¨®n de demolici¨®n a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia que declara ilegales estas obras. Manuel Portaceli, uno de los autores del proyecto, critic¨® la "insensibiIidad" de los jueces y afirm¨® que la paralizaci¨®n pone en peligro parte de las ruinas. La paralizaci¨®n de las obras, que deb¨ªan concluir en 15 d¨ªas, costar¨¢ m¨¢s de 100 millones, seg¨²n la Generalitat.

La paralizaci¨®n, decidida por el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -15 magistrados-, supone el segundo rev¨¦s judicial para la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto. El primero fue la declaraci¨®n de ilegalidad de las obras, hecha p¨²blica por la misma sala a principios de mayo. Contra este fallo, ambas administraciones han presentado ante el Tribunal Supremo sendos recursos de casaci¨®n que todav¨ªa no han sido resueltos.

Demolici¨®n

Paralelamente, el abogado y miembro del comit¨¦ provincial del PP en Valencia, Juan Marco Molines, tras conseguir la declaraci¨®n de ilegalidad de las obras, solicit¨® su paralizaci¨®n y la "subsiguiente" demolici¨®n. Contra esta petici¨®n alegaron, nuevamente, la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto.El auto repasa, uno tras otro, los argumentos esgrimidos por ambas administraciones, aceptando ¨²nicamente un punto: "Respecto a la demolici¨®n, lo razonable es esperar a que el Supremo resuelva de forma definitiva, pues las decisiones de los tribunales tienen como ¨²ltima finalidad alcanzar la paz jur¨ªdica y no provocar hipot¨¦ticamente m¨¢s da?os que aquellos que se tratan de proteger, situaci¨®n que se dar¨ªa si se procediera a la demolici¨®n y, posteriormente, se estimara el recurso de casaci¨®n".

Los magistrados destacan que la Generalitat se opuso "exclusivamente a la demolici¨®n y no a la paralizaci¨®n, por lo que cabr¨ªa entender su conformidad con ¨¦sta". Lo mismo sucede, seg¨²n los jueces, con el Ayuntamiento de Sagunto.

Tras este pescoz¨®n a los letrados de la Administraci¨®n, el auto -"superando estas situaciones formales"- fundamenta la paralizaci¨®n en que se trata de un "derecho basado en el contenido de una sentencia". "Pero, adem¨¢s, desde la perspectiva de la protecci¨®n del patrimonio, a la que obliga la ley, lo procedente es tambi¨¦n que no contin¨²en unas obras declaradas ilegales, pues ello se traducir¨ªa en unos da?os a las mismas, tal vez irreversibles y, en todo caso, en un doble gasto, el de construcci¨®n y el de su consecuente demolici¨®n", a?ade el citado auto. Un informe del Servicio de Patrimonio Arqueol¨®gico presentado por la Generalitat en el proceso cifra en 109 millones de pesetas el coste de la paralizaci¨®n.