Aproximaci¨®n econ¨®mica a la corrupci¨®n

La corrupci¨®n econ¨®mica puede aparecer en cualquier transacci¨®n que se produzca en el ¨¢mbito privado o en el p¨²blico; es conocida la existencia de determinadas operaciones financieras entre particulares que son aut¨¦nticas agresiones a las m¨¢s elementales reglas financieras y que suponen un enorme derroche de recursos; en cualquier caso, la responsabilidad de estas operaciones se dar¨¢ a los respectivos consejos de accionistas o, en ¨²ltima instancia, a los tribunales de justicia.La corrupci¨®n que nos ocupa es la que aparece en las relaciones financieras entre el sector p¨²blico y privado y que se puede definir como la venta o intercambio de favores por parte de funcionarios o pol¨ªticos a determinadas personas del sector privado y del propio sector p¨²blico. Su manifestaci¨®n se produce a trav¨¦s de un n¨²mero muy amplio de actividades con un car¨¢cter m¨¢s o menos conspiratorio, abarcando desde actos puntuales realizados por individuos actuando de forma aislada hasta formas organizadas que pueden llegar a englobar departamentos gubernamentales enteros; el l¨ªmite ser¨ªa cuando el Gobierno en pleno ejerciera la corrupci¨®n, lo cual no ser¨ªa sino un puro despotismo.

En una econom¨ªa abierta, la corrupci¨®n se instrumenta a trav¨¦s de las relaciones, los favores directos o indirectos y el dinero. El suministrador de vagones de carga ferroviarios para Transfesa (empresa privada) puede encontrar apoyos en cualquiera de esos tres instrumentos para conseguir el pedido, en parecidas condiciones de calidad, precio y financiaci¨®n a los que ofrece la competencia. El mismo suministrador para Renfe (empresa estatal) cuenta con alg¨²n otro tipo m¨¢s de argumento, tales como la defensa del empleo nacional, la demanda a fabricantes espa?oles, el pago del impuesto de sociedades en Espa?a, la imagen y desarrollo tecnol¨®gico, el aumento de dimensi¨®n, etc¨¦tera. Este esquema puede aplicarse a cualquier otro sector econ¨®mico no cerrado a la competencia internacional, obras p¨²blicas, papel, alimentaci¨®n, farmac¨¦utico, consultor¨ªa, armamento, etc¨¦tera. Lo. que haga el empresario privado con sus contratos es irrelevante para nuestro discurso (salvo que genera un clima social), porque tiene capacidad de decidir sobre el dinero de sus accionistas, que le pueden exigir cuentas de la gesti¨®n del margen comercial.

El administrador p¨²blico, sujeto como est¨¢ a la ley de contratos del Estado, siempre tiene elementos objetivos para tomar decisiones razonables, defendibles bajo el prisma coste-beneficio, para el gasto del dinero p¨²blico. Si se produce corrupci¨®n es por la situaci¨®n de monopolio que disfruta el sector p¨²blico (s¨®lo hay un MOPT, un solo Ministerio de Educaci¨®n o de Sanidad ... ) y porque el funcionario, o funcionarios en comisi¨®n, que decide tiene alguna posibilidad de actuaci¨®n discrecional. "La madre de los huevos", que dec¨ªa Roca, radica aqu¨ª, ¨¦ste es el n¨²cleo donde los funcionarios y/o pol¨ªticos han asentado (en Espa?a, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, M¨®stoles, Reims o Amberes, por ejemplo) sus poderes: el suministrador puede obtener pedidos tan s¨®lo porque hace favores o da dinero a quien puede decidir.

Puede argumentarse que la corrupci¨®n as¨ª entendida no supone coste social alguno, pues no es sino una mera transferencia de renta al sector p¨²blico. Sin embargo, la corrupci¨®n (como el robo en general) supone un enorme derroche de recursos cuando la renta se transfiere de la v¨ªctima al corruptor. As¨ª, la decisi¨®n del presunto corruptor es una ponderaci¨®n del beneficio que puede obtenerse si su acci¨®n no es detectada, del castigo asociado a si lo es y de la probabilidad de detecci¨®n existente. El coste social de la acci¨®n de corrupci¨®n puede ser mucho mayor que el beneficio esperado por los corruptos, pero no es de su incumbencia. El coste social no forma parte de su c¨¢lculo, excepto cuando el castigo y la probabilidad de detecci¨®n de su acto est¨¢n asociadas al coste social que la corrupci¨®n provoca. El coste social del soborno puede tomar muchas formas, como, por ejemplo, la p¨¦rdida de beneficio potencial derivado del hecho de que determinada actividad sea concedida a la empresa menos eficiente, la reducci¨®n en el uso de un servicio a causa del aumento de los costes ante los sobornos necesarios, el perjuicio realizado a los consumidores de los servicios cuando las concesiones son realizadas a organizaciones no cualificadas y, en fin, quiz¨¢ el m¨¢s importante, el derroche de recursos en que incurren los agentes que pueden prever una fuente de renta de los servicios concedidos por el Gobierno y compiten por ella: las empresas que pujan por hacerse con los contratos p¨²blicos o compiten entre ellas; su comportamiento puede verse como parecido a cuando se participa en una loter¨ªa y en donde los recursos empleados para procurarse un boleto pueden ser enormes. Entonces, lo que parecer¨ªa una transferencia del Gobierno a unas empresas privilegiadas se convierte en un derroche social de recursos, mayor conforme no existe l¨ªmite al n¨²mero de empresas licitadoras, ¨¦stas tengan un comportamiento muy parecido y el coste de aumentar sus oportunidades sea reducido. En definitiva, de mejorar su posici¨®n para recibir la renta que emana del sector p¨²blico.

Cuatro componentes

Sin embargo, el posicionamiento no es la ¨²nica forma por la que las empresas licitadoras pueden mejorar su chance. Su estrategia puede consistir en presionar de una u otra forma; su coste, entonces, incluir¨¢, por ejemplo, el tiempo de las negociaciones con los funcionamientos o el soborno en forma de pago a los responsables ¨²ltimos o en la forma de favores m¨¢s o menos expl¨ªcitos. Desde el punto de vista de la empresa licitadora, es irrelevante lo que tenga que hacer con tal de que adquiera o aumente su probabilidad de ser el adjudicatario. El ¨²nico al que le importa la forma en que se hace es el oficial corrupto.En estas circunstancias, cuando los agentes del sector privado compiten por hacerse con un flujo de renta emanado del sector p¨²blico, el valor de la renta puede dividirse en cuatro componentes: la ganancia o la empresa adjudicataria, las recompensas a los funcionarios y/o pol¨ªticos, el derroche en el que se incurre y los beneficios al p¨²blico que pueden desprenderse de la actividad de conseguir la licitaci¨®n p¨²blica. A priori, no se puede decir nada respecto al tama?o relativo de cada uno de estos componentes en el total; s¨®lo cabe se?alar que el beneficio al p¨²blico puede ser una parte muy peque?a y al derroche en que el proceso de licitaci¨®n incurre, muy grande, y entonces el da?o social producido por la corrupci¨®n es medible. El embalse de Ria?o, las torres KIO, son ejemplos vivos. Pero el mejor es el c¨ªrculo vicioso del caos circulatorio en Madrid: las industrias del autom¨®vil, del refino y las aseguradoras han condicionado a la autoridad competente, el Ayuntamiento, para que no exista traba alguna a la circulaci¨®n privada en autom¨®vil, en contra del transporte colectivo, los ciudadanos solidarios, la salud y comodidad de ni?os, ancianos e impedidos y los menores costes para la distribuci¨®n f¨ªsica y los negocios.

La corrupci¨®n p¨²blica (negra, gris o blanca) siempre ha existido, forma parte del paisaje. Su disminuci¨®n o irrelevancia s¨®lo podr¨¢ conseguirse mediante la combinaci¨®n del rechazo social, una inspecci¨®n preparada, una legislaci¨®n a la que acogerse y una publicidad de las penas.

En cualquier caso, emergen dos consideraciones: la primera es que un despotismo ilustrado, al estilo del postulado por Breman y Buchanan, no ser¨ªa corrupto en el sentido que se ha empleado en este art¨ªculo. La corrupci¨®n es como un impuesto establecido por los funcionarios y/o los pol¨ªticos para su propio beneficio en lugar de contribuir a engrosar las arcas del Tesoro P¨²blico, pero, siempre, la corrupci¨®n ser¨¢ una manifestaci¨®n de gobiernos inestables, con independencia de que sean o no desp¨®ticos en sus actuaciones.

La segunda consideraci¨®n se refiere a que el tama?o del Estado deber¨ªa ser m¨¢s peque?o cuando es corrupto que cuando es honesto. Aquellos pa¨ªses que est¨¢n seguros de la integridad de sus gobiernos pueden asumir el riesgo impl¨ªcito a una regulaci¨®n abundante de la econom¨ªa y a un elaborado sistema de redistribuci¨®n de la renta; por el contrario, en pa¨ªses que no tienen la seguridad de la integridad de sus gobiernos ser¨ªa m¨¢s conveniente un gobierno reducido y con pr¨¢cticas lo m¨¢s parecidas posibles al laissez-faire.