Financiarnos mejor

Un fruct¨ªfero debate se ha iniciado a ra¨ªz de la demanda conjunta de varios grandes ayuntamientos espa?oles de que se abra una nueva v¨ªa de financiaci¨®n por medio de la cesi¨®n de un porcentaje del IRPF, a imagen y semejanza de lo hecho en las comunidades aut¨®nomas.Muchas son las aportaciones realizadas, varias las pol¨¦micas abiertas, mas el debate quedar¨ªa desvirtuado si s¨®lo se tuviese en consideraci¨®n la situaci¨®n de las grandes urbes metropolitanas-que exigen un tratamiento especial- y no se contemplasen los problemas de los peque?os y medianos ayuntamientos.

En los ¨²ltimos a?os, principalmente por el encarecimiento de la vivienda, se ha producido la expulsi¨®n de ciertos estratos de poblaci¨®n desde las grandes ciudades hacia los municipios perif¨¦ricos de poblaci¨®n media -de 50.000 a 100.000 habitantes-, con lo que ¨¦stos se han visto obligados a absorber grandes demandas de servicios municipales de todo tipo, vi¨¦ndose castigados en la fijaci¨®n de su participaci¨®n en los ingresos estatales.

As¨ª, las corporaciones locales asumen de facto multitud de competencias de otras administraciones sin contar para ello con un marco competencial normativo, ni gozar de financiaci¨®n para la prestaci¨®n de tales servicios, lo que ha llevado a una grav¨ªsima crisis financiera a la mayor¨ªa de las entidades locales. Veamos alguno ejemplos significativos:

Polic¨ªas locales. Han asumido de forma casi exclusiva las competencias de seguridad ciudadana ante la inadecuada prestaci¨®n de estos servicios por las fuerzas del Estado.

Protecci¨®n Civil. Tras un primer impulso coordinado entre las distintas administraciones, se ha hecho recaer sobre las corporaciones locales todo el coste de este servicio. Mantenimiento de centros escolares p¨²blicos. Los ayuntamientos han tenido que suplir la inactividad del ministerio y de las comunidades aut¨®nomas y se han convertido en inversores de reposici¨®n. Como se ve, una larga lista de obligaciones referidas a servicios esenciales para la colectividad, y que los ciudadanos reclaman a las corporaciones locales por ser la administraci¨®n m¨¢s cercana.

En virtud de lo anterior, deber¨¢ regularse claramente cu¨¢les son las competencias propias y exclusivas de los ayuntamientos, entre las que deber¨¢n estar en cualquier caso urbanismo, planificaci¨®n de infraestructuras b¨¢sicas, educaci¨®n y servicios sociales. Lo cual, para que realmente permita una gesti¨®n eficaz de las mismas, obligar¨¢ a una reordenaci¨®n de la financiaci¨®n local basada en:

a) Reforma de la financiaci¨®n procedente del Estado.

b) Objetivaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica.

Respecto al primer apartado, deber¨¢n fijarse nuevos criterios de reparto, m¨¢s solidarios, y que contemplasen, entre otros:

1. Un tratamiento diferencial a los municipios situados en las periferias de las grandes ciudades.

2. Aumento en la participaci¨®n en todos los ingresos estatales, no ci?¨¦ndose en exclusiva a la cesi¨®n de un porcentaje del IRPF, por la imputaci¨®n de redistribuci¨®n solidaria de otros tributos estatales como el IVA y el impuesto de sociedades.

3. Replanteamiento de los criterios de valoraci¨®n de la participaci¨®n de los ayuntamientos en los fondos provenientes del Estado, en especial, valoraci¨®n de los servicios efectivamente prestados por cada municipio, y modificar el criterio de reparto por esfuerzo fiscal ahora no solidario con aumento de la importancia del criterio del mantenimiento de centros escolares p¨²blicos.

En relaci¨®n al segundo apartado, hemos de partir de un escenario en el que la financiaci¨®n local por las comunidades aut¨®nomas es -en l¨ªneas generales- dirigista y arbitraria, fij¨¢ndose mayoritariamente una financiaci¨®n finalista y no participativa de los entes locales. Deber¨¢, por tanto, redefinirse el debate en atenci¨®n a dos criterios:

1. Conexi¨®n de las aportaciones a la inversi¨®n. Estableciendo un cuadro de las mismas, en el cual las finalistas sean anualizadas para el mantenimiento de inversiones, en especial las de importancia estrat¨¦gica o supralocal.

2. Establecimiento de un criterio objetivo de aportaciones no finalistas, de participaci¨®n en ingresos auton¨®micos, para financiar las competencias descentralizadas, que en su cuant¨ªa debe igualar al menos el coste real de la prestaci¨®n de los servicios descentralizados.

En cualquier caso, los criterios de reparto debieran atender a aspectos de solidaridad y nivel de prestaci¨®n de servicios asumidos por el ente local, tanto en calidad como en intensidad y extensi¨®n.

Los aspectos rese?ados permitir¨¢n comprender mejor la realidad cotidiana de muchos de los ayuntamientos espa?oles, para as¨ª conseguir que el debate sobre financiaci¨®n local lleve a soluciones duraderas, y no quede en un mero "parche coyuntural" que s¨®lo primar¨ªa las gestiones deficientes.