El Gobierno pide responsabilidades al Cesid

El Gobierno ha dado instrucciones al director general del Centro Superior de In formaci¨®n de la Defensa (Cesid), teniente general Emilio Alonso Manglano, para que exija responsabilidades por la implicaci¨®n de ex miembros o colaboradores del servicio de espionaje en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona. La exigencia de responsabilidades afectar¨¢, como m¨ªnimo, a quienes sacaron documentos internos del Cesid, que han sido requisados a la trama mafiosa, violando las normas de seguridad del centro, seg¨²n fuentes gubernamentales. La instrucci¨®n evidencia que el servicio de inteligencia no se considera totalmente ajeno a las actividades de la red y no va a permanecer cruzado de brazos a la espera de que los jueces concluyan sus pesquisas.

El ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, comparecer¨¢ ma?ana en el Congreso para informar, a petici¨®n del Grupo Catal¨¢n, sobre la presunta implicaci¨®n del principal servicio de inteligencia del Estado en el esc¨¢ndalo de las escuchas ilegales y extorsi¨®n a conocidos empresarios, especialmente del mundo de la comunicaci¨®n.La Mesa del Congreso, con los votos de socialistas y nacionalistas catalanes y canarios, rechaz¨® una petici¨®n del Partido Popular e Izquierda Unida para que fuese el vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, quien informase sobre el tema.

El Gobierno sigue sosteniendo que el Cesid como instituci¨®n. no est¨¢ implicado en el caso, pero se muestra preocupado por el hecho de que algunos de sus miembros o colaboradores est¨¦n relacionados con organizaciones maflosas como la desmantelada en Barcelona.

Las actividades del Cesid, por su car¨¢cter secreto, escapan al conocimiento y control del Parlamento. Lois miembros del servicio tienen prohibido revelar sus actividades al juez si fueran interrogados sobre ellas. S¨®lo un f¨¦rreo control interno pueden garantiza que los agentes no utilicen en beneficio propio las t¨¦cnicas o informaciones a las que tienen acceso por su trabajo.

Control interno

Este autocontrol, del que hasta ahora el Gobierno se mostraba satisfecho, es el que ha quedado en entredicho con la detenci¨®n de Fernando Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez, coronel del Cesid hasta el pasado 27 de julio, Manuel Mar¨ªa S¨¢nchez, ex guardia civil del centro, y Mikel Legarza Egu¨ªa, El Lobo, antiguo infiltrado en ETA del Cesid, como miembros destacados de la trama ilegal que operaba alrededor del diario La Vanguardia.

Nada m¨¢s destaparse el esc¨¢ndalo, el pasado 15 de noviembre, el Cesid envi¨® dos agentes a Barcelona para conocer de primera mano, en medios judiciales y policiales, el desarrollo de la investigaci¨®n y el grado de implicaci¨®n de personal de La Casa, como se conoce coloquialmente al servicio de espionaje.

Estas primeras indagaciones permitieron al ministro de Defensa, Jull¨¢n Garc¨ªa Vargas, en cuya departamento est¨¢ encuadrado el Cesid, aunque depende de Presidencia del Gobierno, afirmar que ning¨²n agente en activo figuraba entre los acusados.

La exculpaci¨®n p¨²blica no ha significado, sin embargo, la paralizaci¨®n de la investigaci¨®n interna y de la exigencia de las consiguientes responsabilidades. Los tribunales deber¨¢n despejar todav¨ªa la sospecha de si los ex agentes del servicio secreto facilitaban a sus antiguos jefes y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, al propio Gobierno, la informaci¨®n que obten¨ªa la red sobre cuestiones tan controvertidas como las operaciones para controlar medios de comunicaci¨®n.Pero al margen de lo que decida la Justicia, corresponde al propio Cesid aclarar, como m¨ªnimo, el trasvase a la red de extorsionadores de documentos internos del centro, que han sido incautados por el juez e incorporados al sumarlo. En la hip¨®tesis m¨¢s grave, dicha filtraci¨®n constituir¨ªa un delito de revelaci¨®n de secretos, tipificado tanto por el C¨®digo Penal militar como por el ordinario.

En el caso m¨¢s leve, se tratar¨ªa de una violaci¨®n del compromiso, que adquieren todos los miembros del Cesid al ingresar en el centro, de guardar en secreto lo que conozcan mientras trabajan en el mismo, incluso despu¨¦s de haberlo abandonado. En cualquiera de los supuestos, se trata de un fallo en los sistemas de seguridad internos del servicio de inteligencia.

Relevo descartado

Fuentes gubernamentales se?alan que, en estas condiciones, la sustituci¨®n de Manglano, sobre la que se han multiplicado las especulaciones durante los ¨²ltimos meses, est¨¢ descartada.Aunque el relevo del director, con una edad de 67 a?os y m¨¢s de 12 en el cargo, deber¨¢ abordarse a medio plazo, sustituirle ahora se interpretar¨ªa como una aceptaci¨®n de culpabilidad y har¨ªa m¨¢s dif¨ªcil llegar hasta el final en la determinaci¨®n de responsabilidades y en la adopci¨®n de medidas que impidan que hechos similares puedan repetirse, seg¨²n las mismas fuentes.El prop¨®sito, sin embargo, es que tanto la investigaci¨®n interna como las medidas correctivas que puedan adoptarse se desarrollen con la m¨¢xima discreci¨®n, evitando que el servicio se vea salpicado por el esc¨¢ndalo en mayor medida que hasta ahora.

El control interno del Cesid se vuelve m¨¢s necesario por el extraordinario desarrollo que ha experimentado en Espa?a el mercado de la informaci¨®n confidenc?al, que sirve a muchas empresas para adoptar decisiones estrat¨¦gicas o conocer los planes de sus competidores. Los agentes de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, pueden multiplicar sus ingresos si utilizan en beneficio privado la experiencia adquirida en obtener informaci¨®n para el Estado.

Por ello, el caso de Barcelona ha vuelto a poner sobre el tapete la posibilidad de aplicar un r¨¦gimen de incompatibilidades m¨¢s severo a los agentes del Cesid cuando abandonen el servicio. Aunque fuentes de Defensa consideran "muy complicado" aplicar un r¨¦gimen espec¨ªfico a a los ex miembros del centro, el asunto volver¨¢ a debatirse cuando se apruebe el estatuto del personal del Cesid, pendiente desde 1989.

Este estatuto deber¨¢ poner orden en la heterog¨¦nca plantilla del centro, casi 2.000 personas entre militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, que est¨¢n sometidos a reg¨ªmenes penales y disciplinarios distintos en funci¨®n de su procedencia.