Goma de mascar

EL DOCUMENTO base -a¨²n no definitivo- de Jordi Pujol para el giro auton¨®mico contiene dos elementos altamente preocupantes: la coloraci¨®n confederal con que culmina su dise?o de Administraci¨®n ¨²nica y el desequilibrio con que aborda la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica, basado en una lectura sesgada de la cooficialidad de los idiomas catal¨¢n y castellano. El resto parece insertarse sin mayores problemas en la l¨®gica de una razonable profundizaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas.La casi total absorci¨®n del poder ejecutivo por el Gobierno aut¨®nomo viene a equiparar el dise?o pujolista al de la Administraci¨®n ¨²nica que propugn¨® Manuel Fraga. Tiene un elemento positivo: deber¨ªa suponer, al menos te¨®ricamente, una dr¨¢stica simplificaci¨®n de la mara?a administrativa, evitando duplicidades. Pero contiene elementos peligrosos por totalizantes: la Constituci¨®n dibuja claramente un equilibrio entre los tres niveles de Administraci¨®n (central, auton¨®mica, local). La desaparici¨®n, por absorci¨®n, de cualquiera de ellos tendr¨ªa repercusiones pol¨ªticas inconvenientes. Resulta satisfactorio que Pujol exija el reconocimiento de la Generalitat como basti¨®n del Estado com¨²n (y no de otro diferente). Pero no al precio de monopolizarlo, de anular pol¨ªticamente otros instrumentos b¨¢sicos de ese mismo Estado.

El documento de Pujol y su jefe de gabinete jur¨ªdico, Ram¨®n Llevadot, pasa por alto nociones constitucionales b¨¢sicas. A saber, que el Gobierno de la naci¨®n y su presidente constituyen ¨®rganos generales del Estado, seg¨²n la terminolog¨ªa del Tribunal Constitucional. A saber, ¨®rganos pol¨ªticos que tienen competencias en todo el territorio del Estado, como se deriva del art¨ªculo 97 de la Carta Magna. Sin reformar la Constituci¨®n es imposible esa pretensi¨®n de anular en la pr¨¢ctica la presencia del Gobierno espa?ol en todo su ¨¢mbito territorial/competencial. Y mientras haya una moneda ¨²nica, una pol¨ªtica exterior com¨²n, un Ej¨¦rcito com¨²n y unas fronteras comunes, el titular del Gobierno central, sea del partido que fuere, tendr¨¢ competencias en Catalu?a, al entenderse el territorio como ¨¢mbito competencial de la aplicaci¨®n de las leyes comunes.

La idea confederal no se basa en la uni¨®n de personas-ciudadanos, sino en la concordancia de organismos por la c¨²pula, evitando la relaci¨®n directa de los organismos ajenos con los ciudadanos propios. Por eso, la aspiraci¨®n de Pujol y sus consejeros de obtener una l¨ªnea de relaci¨®n directa y "sin intermediarios" con la Corona (retorciendo la formulaci¨®n estatutaria seg¨²n la cual el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Catalu?a) se antoja externa al marco constitucional. Primero, porque el Gobierno central es tambi¨¦n Gobierno de los catalanes, y ¨¦stos, como los madrile?os o los riojanos, tienen derecho a increparle o aplaudirle sin intermediarios. Segundo, porque la figura del Rey es inviolable y no est¨¢ sujeta a responsabilidad (art¨ªculo 56 de la Constituci¨®n), de manera que sus actos, para ser v¨¢lidos, deben ser refrendados "por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes", (art¨ªculo 64).

Estos mecanismos pueden discutirse. Pero para cambiarlos se requiere cambiar la Constituci¨®n. El texto inicial de Pujol no constituye, a estos efectos, una relectura de la Carta Magna, sino una interpretaci¨®n sesgada de la misma. La Constituci¨®n de 1978 es flexible. Pero no es goma de mascar: no avala cualquier sue?o confederal.