Ira popular en Per¨² por la levedad de las penas impuestas a militares asesinos

La Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar de Per¨² ha impuesto penas de uno a 20 a?os de prisi¨®n a nueve oficiales y subalternos del Ej¨¦rcito que dieron muerte a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta de Lima en julio de 1992 La sentencia del m¨¢s sonado caso de derechos humanos en Per¨² ha suscitado duras cr¨ªticas de diversos sectores ciudadanos, que consideran inadecuado que el juicio se haya realizado en un tribunal militar e impropias las penas impuestas por la Sala de Guerra.A las seis de la tarde del lunes, la Sala de Guerra abri¨® sus puertas, en una decisi¨®n de ¨²ltimo minuto, a la prensa local e internacional, para que fueran testigos de la celeridad, eficiencia y dureza de las penas impuestas por el Tribunal Militar. Con tono marcial y voz entrecortada, un oficial fue el encargado de leer la sentencia contra sus compa?eros de armas. Mientras esto suced¨ªa, 11 militares, unos uniformados y otros de civil, escuchaban atentamente los cargos que se les imputaban y la sanci¨®n respectiva.

Los principales autores materiales del crimen, los comandantes Santiago Mart¨ªn Rivas y Carlos Pichiling¨¹e, fueron condenados a 20 a?os de prisi¨®n, lo que significa que saldr¨¢n en libertad en el a?o 2013. Los suboficiales Pedro Suppo, Julio Chuqui, Nelson Carvajal y Jes¨²s Sosa, fueron sentenciados a 15 a?os.

Al general del Ej¨¦rcito, Juan Rivero, jefe de la direcci¨®n de Inteligencia del Ej¨¦rcito (Dinde) y al coronel Federico Navarro, jefe del frente interno del mismo organismo se les impuso la pena de cinco y cuatro a?os, respectivamente. En cuanto al capit¨¢n Jos¨¦ Velarde, quien estuvo a cargo de la guarnici¨®n militar de la Universidad La Cantuta en la fecha en que ocurrieron los hechos, recibi¨® la pena de un a?o de prisi¨®n por el delito de negligencia en agravio del Ej¨¦rcito.

Cr¨ªticas ciudadanas

En la tolerancia del Tribunal Militar hacia los jefes de los autores materiales del crimen se origina una parte de las cr¨ªticas. A los superiores acusados de negligencia se les ha impuesto penas de uno a cinco a?os.Casi la totalidad de juristas de Per¨² as¨ª como los familiares de las v¨ªctimas y los organismos de derechos humanos, juzgan que han quedado sin sanci¨®n los autores intelectuales del crimen, entre quienes se incluye a las m¨¢ximas autoridades del Ej¨¦rcito y del Servicio de Inteligencia.

Otras fuentes de cr¨ªticas es la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso hace unos d¨ªas para arrebatarle el caso a la justicia ordinaria y pas¨¢rselo a la militar. Esta violaci¨®n, constitucional ha hecho descender diez puntos de popularidad de Alberto Fujimori.

Fujimori se encuentra en el periodo m¨¢s bajo de su popularidad desde el golpe de Estado de 5 de abril de 1992. Aunque su popularidad sigue estando en el nivel del 50%, el caso La Cantuta la hace declinar continuamente.