Palabra de ministro
LA COMPARECENCIA del ministro del Interior, Anton? Asunci¨®n, ante los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para informarles sobre los fondos reservados ha puesto de manifiesto, por si hac¨ªa falta, la necesidad de que exista alg¨²n tipo de control exterior sobre el uso y destino de dichos fondos. Las democracias han erigido complejos mecanismos de verificaci¨®n precisamente porque la palabra de nadie, ministros incluidos, es garant¨ªa suficiente para dar por buena su gesti¨®n. Mucho menos cuando se trata de la de otros.Despu¨¦s de la polvareda levantada por la eventual asignaci¨®n de una parte sustanciosa de esos fondos a sobresueldos y gratificaciones de la c¨²pula antiterrorista y de Interior, la comparecencia parlamentaria de Asunci¨®n era obligada y oportuna. M¨¢xime cuando el anuncio del ministro de que, a partir de ahora, controlar¨ªa personalmente dichos fondos y su sibilina afirmaci¨®n de que "en la actualidad los fondos reservados se utilizan para lo que indica la ley" m¨¢s bien reforzaron la sospecha de una posible utilizaci¨®n irregular en el pasado.
Pero su explicaci¨®n no fue suficiente. No porque haya que dudar de su palabra, sino porque en un sistema democr¨¢tico la presunci¨®n de honestidad y buena fe de los gobernantes y administradores p¨²blicos en su gesti¨®n tiene que estar sometida en todo momento al escrutinio de los diversos mecanismos de control -pol¨ªtico, legal, administrativo- propios de la democracia. La cuesti¨®n que se plantea es si los fondos reservados -esos 3.000 millones de pesetas que el Estado destina cada a?o al pago de confidentes y esp¨ªas en aras de su seguridad- deben o no pasar tambi¨¦n por ese tamiz.
La pr¨¢ctica totalidad de responsables pol¨ªticos -tanto del Gobierno como de la oposici¨®n- han coincidido en que la obligada reserva del destino de dichos fondos no les exime de cierto control externo que garantice que no son desviados a fines distintos de aquellos para los que son librados. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, ha propuesto la creaci¨®n de una subcomisi¨®n parlamentaria, muy restringida, para llevar a cabo esa tarea, e incluso ha sugerido que, en caso de crearse, podr¨ªa "tener capacidad para indagar el conjunto de actividad global a que se han dedicado los fondos reservados". Y el que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Adolfo Su¨¢rez, Rodolfo Mart¨ªn Villa, ha propuesto incluso un triple control: el administrativo, a cargo de un interventor del Estado; el de legalidad, por un magistrado designado por el Tribunal Supremo, y el parlamentario, en manos de la ya constituida Comisi¨®n de Secretos Oficiales.
Pueden arbitrarse muchas f¨®rmulas de control, y de hecho existe una variada gama de ellas en los Estados democr¨¢ticos, pero lo que no puede ser es que la palabra de ministro se convierta en la ¨²nica garant¨ªa institucional que avale que los fondos reservados se usan legal y correctamente. Para ser m¨ªnimamente cre¨ªble, esa garant¨ªa deber¨ªa acreditarse con otras pruebas que la palabra de honor ministerial. Es preciso, como m¨ªnimo, la intervenci¨®n de una instancia exterior, en el sentido de ajena a la que dispone del poder de distribuir esos fondos.
La comparecencia parlamentaria de Asunci¨®n, respondiendo por s¨ª y por su antecesor, Jos¨¦ Luis Corcuera, con el exclusivo argumento de su palabra, s¨®lo es admisible en clave informativa y de cortes¨ªa ante una comisi¨®n que no pregunta y que carece de capacidad para contrastar lo que le dicen. Pero no lo hubiera sido de producirse ante una aut¨¦ntica comisi¨®n de control, con atribuciones definidas al respecto. Tras la comparecencia del ministro subsisten las mismas dudas que antes sobre si se pagaron o no sobresueldos a cuenta de los fondos reservados. Su palabra es digna de cr¨¦dito, pero no tanto como para constituirse en garant¨ªa de gestiones ajenas.
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