Jugar con fuego

No hace mucho, en medios de lo que - fuera el Ministerio de Justicia, sugiriendo una explicaci¨®n y tal vez anticipando argumentos para la fusi¨®n, se dec¨ªa que, en el fondo, el problema de Interior es que all¨ª no hab¨ªa entrado realmente la democracia. Tard¨ªo reconocimiento (a la fuerza) de lo poco que esta mayor¨ªa -bien simbolizada por un ministro de triste memoria, hoy ex ministro de pat¨¦tica figura- ha contribuido al desarrollo de la cultura democr¨¢tica y del sentido de las libertades en a?os clave para este pa¨ªs.Pero en lo (que se sabe de lo) sucedido en Interior y su entorno hay m¨¢s, bastante m¨¢s que el simple d¨¦ficit de transici¨®n. El dato incontestable de que en el marco de aparatos esenciales de poder del Gobierno de un partido de izquierda han podido mantenerse e incluso crecer de nueva planta verdaderos reductos de criminalidad organizada (mafia policial, GAL, caso UCIFA, agentes o ex agentes -?c¨®mo saberlo?- del Cesid implicados en escuchas ?legales, affaires Rold¨¢n ... ) reclama una mayor radicalidad en los, t¨¦rminos de la explicaci¨®n. ?Por qu¨¦ en esos ¨¢mbitos se ignor¨® o toler¨® la permanencia de lo que en otros -por mucho menosse hab¨ªa denunciado violentamente como franquismo residual? Dir¨ªa que por razones no confesadas, te?idas a medias de ingenuidad y de cinismo. Por la c¨®moda creencia en la imposibilidad de renunciar a la fontaner¨ªa de cloaca y en la naturaleza pasivamente instrumental y reconvertible de cierto tipo de recursos oscuros (esos qu¨¦, ya se sabe, est¨¢n presentes y activos incluso en los mejores Estados democr¨¢ticos). Por la infundada convicci¨®n de que la miseria heredada deja de ser tal cuando cambia el proyecto, cuando eg un dedo ungido el que la administra, olvidando una vieja receta marxiana sobre la inexorable predeterminaci¨®n de los fines por el car¨¢cter de los medios realmente puestos en juego.

Aplicando una regla tan conocida en la sociolog¨ªa de los fen¨®menos criminales como1a que acredita la alt¨ªsima incidencia de la cifra negra en las manifestaciones de toda delincuencia de cierto nivel hay, adem¨¢s, buenos motivos para pensar que de la que nos ocupa s¨®lo conocemos la punta del iceberg. Es decir, que bien pudiera ser mucho mayor y muy diversificada la corrupci¨®n que se esconde en el interior de las instituciones del Estado especializadas, precisamente, en prevenir los m¨¢s graves fen¨®menos de ilegalidad. Instituciones o, mejor, aparatos de poder tout court, con frecuencia poder f¨¢ctico sin m¨¢s, que han demostrado hasta la saciedad un potencial crimin¨®geno que, para ser removido, reclamaba algo m¨¢s que el auxilio de la cosm¨¦tica y la confianza en la virtud del carisma envolvente de la nueva situaci¨®n.

El precipitarse de los acontecimientos ha probado lo mucho que hab¨ªa de raz¨®n en las denuncias y en las demandas de control que tanta irritaci¨®n produc¨ªan. Ha venido a confirmar la sospecha razonable de que ciertos instrumentos policiales y servicios de informaci¨®n son un objetivo factor de riesgo para la democracia (a la que no se sabe muy bien c¨®mo podr¨ªan servir con sus procedimientos), y tambi¨¦n extraordinariamente resistentes al cambio. Estos aparatos, adem¨¢s, tienden a perpetuar sus din¨¢micas por debajo de todo tipo de transformaciones, y, cuando ¨¦stas se producen en positivo, inducen persuasivamente en quienes las protagonizan actitudes funcional-operativas de aceptaci¨®n de sus l¨®gicas antidemocr¨¢ticas de funcionamiento, como si de mecanismos naturales se tratase.

Por eso la sorpresa frente a algunos fen¨®menos odiosos recientemente descubiertos resulta tan poco cre¨ªble: ?de verdad esperaban que del cruce del poder incontrolado y el dinero reservado podr¨ªa nacer otra cosa que un ingente mont¨®n de basura? Por eso tambi¨¦n la sorpresa ante la sorpresiva creaci¨®n del supermisterio como supuesta forma de poner fin a tales fen¨®menos aberrantes.

El asombro en este punto est¨¢ tanto m¨¢s justificado a la vista de la pobreza de la fundamentaci¨®n expl¨ªcita (ahora que hasta las condenas por faltas suelen anularse por defecto de motivaci¨®n). Y tampoco resulta nada tranquilizadora la explicaci¨®n plausible de que la arriesgada maniobra ser¨ªa simplemente la forma ret¨®rica de salir al paso de una situaci¨®n apurada. Es decir, una operaci¨®n distractiva de pol¨ªtica de coyuntura, que tendr¨ªa m¨¢s que ver con las dificultades dom¨¦sticas de un partido en aprietos que con exigencias profundas de democratizaci¨®n del Estado, que, porque reclaman un cambio radical en Interior, hacen desaconsejable la ampliaci¨®n de su campo de influencia a Justicia.

En efecto, si algo demanda la democratizaci¨®n del Estado es la diversificaci¨®n de los momentos de poder -de ciertas formas de poder sobre todo- y nunca su concentraci¨®n. Reclama el reforzamiento de los mecanismos de control desde la legalidad, en especial los de control externo.

Y desaconseja las salidas extraordinarias, y m¨¢s si son fruto de la improvisaci¨®n y no se han visto precedidas de un m¨ªnimo de reflexi¨®n y de debate. (En algo s¨ª ten¨ªa raz¨®n el ex ministro, aunque no lo practicara: "Los experimentos, con gaseosa").

No hace falta un especial ejercicio de agudeza anal¨ªtica para saber en qu¨¦ t¨¦rminos se han producido, y, en general, tienden a producirse, las relaciones ordinarias Interior-Justicia, sobre todo en las situaciones de conflicto. Ni lo dificil que resulta hacer prevalecer frente a las duras exigencias pragm¨¢ticas de la primera de ambas ¨¢reas las -usualmente moderadas y d¨¦biles- posiciones de principio que emanan de la naturaleza de la jurisdicci¨®n. De ah¨ª lo funcional a la democracia de esa abolida expresi¨®n de pluralismo institucional, lo sano del mantenimiento de la modesta dial¨¦ctica que propiciaba, y lo inquietante de su sustituci¨®n por la reductio ad unum que, contemplada desde el ¨¢ngulo de la necesidad pol¨ªtica, es f¨¢cil adivinar en qu¨¦ clase de equilibrio va a traducirse. Sobre todo para la -ya bastante comprometida posici¨®n del fiscal respecto de la polic¨ªa y en el proceso penal, y m¨¢s cuando ¨¦ste tenga que ver con sujetos p¨²blicos.

Se ha argumentado con el prestigio del art¨ªfice en favor del cr¨¦dito de la reforma. Pero, sin ser ello indiferente, debe evitarse caer, por esa v¨ªa, en una peligrosa confusi¨®n de planos. La ejecutoria personal de un pol¨ªtico puede abrir expectativas razonables sobre la calidad de su gesti¨®n, sin embargo, no es una garant¨ªa. Lo que realmente garantiza en el Estado constitucional de derecho es la previsi¨®n de ciertas cautelas objetivamente inscritas en el tejido institucional, que hagan que, con independencia de quienes sean en cada momento los titulares de las funciones, en el ejercicio de las mismas, "el poder frente al poder", ya que es el abuso de ¨¦ste lo que se trata de prevenir.

es magistrado, miembro de Jueces para la Democracia.