El Estado pagar¨¢ 35 millones por ocho casos de errores y mal funcionamiento de la justicia

Un trabajador de Villena (Alicante) no s¨®lo perdi¨® una pierna en un accidente laboral, sino tambi¨¦n, diez a?os despu¨¦s, el proceso judicial, ya que desaparecieron los papeles del caso. Un argelino sufri¨® 112 d¨ªas de c¨¢rcel por ser confundido con un marroqu¨ª al que la polic¨ªa persegu¨ªa en M¨¢laga. Otro ciudadano fue condenado por el hurto de una cazadora que no cometi¨®, porque un testigo se confundi¨® al apuntar la matr¨ªcula de un coche. Son tres de los 12 casos estudiados en los ¨²ltimos tres meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha informado a favor de que se indemnice en ocho de ellos con una cantidad total de casi 35 millones de pesetas, por errores de la justicia.

Las reclamaciones que llegan al Ministerio de Justicia por quienes se consideran perjudicados por errores judiciales o anormal funcionamiento de la justicia son sintom¨¢ticas de la deficiente actuaci¨®n del sistema judicial y de las posibilidades que la Constituci¨®n, en su art¨ªculo 121, brinda a los ciudadanos para obtener indemnizaciones del Estado por los da?os causados. Los informes del CGPJ, en su gran mayor¨ªa favorables, muestran que cuando el perjuicio se debi¨® a retraso an¨®malo, falta de diligencia debida errores que se pudieron subsanar, el criterio es, por lo general, que se indemnice.Entre los ¨²ltimos casos estudiados y que dan la raz¨®n al ciudadano, figuran ¨¦stos:

Perdi¨® la pierna y el caso. Vicente Corbi Santos perdi¨® la pierna izquierda en un accidente laboral, del que consider¨® responsable al operario que manejaba la pala mec¨¢nica y al propietario de la misma. La demanda presentada en 1981 en un juzgado de Villena no lleg¨® a la Audiencia Territorial de Valencia porque desaparecieron los documentos de la causa. En 1987 formul¨® una nueva demanda. En 1989 tal Audiencia consider¨® que exist¨ªa responsabilidad patrimonial del Estado y en 1991 el Supremo elimin¨® la referencia a tal responsabilidad. El CGPJ estima ahora que se produjo defecto en el funcionamiento judicial y avala la indemnizaci¨®n de ocho millones de pesetas.

112 d¨ªas de c¨¢rcel por error. El argelino Nour-Eddine Nehila lleg¨® a Madrid en 1992 con 30 a?os. Cuando pretend¨ªa convalidar su t¨ªtulo de licenciado en Lengua espa?ola, lo que encontr¨® fue su detenci¨®n. Ingres¨® en la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre (M¨¢laga), al confundirle la polic¨ªa con el marroqu¨ª de 29 a?os Nail Nourdine, contra el que exist¨ªa una orden de busca y captura. El detenido protest¨® reiteradamente desde la c¨¢rcel a autoridades judiciales y administrativas, y solicit¨® que se comprobaran sus huellas dactilares. Cuando finalmente se comprob¨® el error, hab¨ªan pasado 112 d¨ªas de prisi¨®n, por los que el reclamante pide 1.120.000 pesetas, m¨¢s 500.000 por la depresi¨®n sufrida y 10 millones por los da?os morales: en total, 11.620.000 pesetas, con el aval del CGPL

El ladr¨®n era otro. Jos¨¦ Cleries Barber¨¢ fue condenado en 1991 por un juez de Carlet (Valencia) como autor del hurto de una cazadora del interior de un veh¨ªculo. Apelada la sentencia, el condenado fue absuelto en 1993 porque no hab¨ªa asistido al juicio, a causa de no haber sido debidamente citado. El reclamante alega que, de haber asistido al juicio, se hubiera comprobado que estaba muy lejos de medir 1,70 metros, que no contaba entre 20 y'25 a?os y que su coche no es gris ni de marca Opel. Su ausencia permiti¨® condenarle por el error de un testigo al apuntar la matr¨ªcula del veh¨ªculo. Cleries Barber¨¢ estima que la duda sobre ¨¦l en una poblaci¨®n de unos 5.000 habitantes le ha causado un da?o moral por el que pide 10 millones de pesetas.

La fianza se extravi¨®.

Eustaquia Herrero Garc¨ªa pide al Estado que le indemnice porque pag¨® la fianza de 300.000 pesetas que se le exigi¨® para garantizar la libertad provisional de un hijo suyo y cuando ¨¦ste muri¨®, el 26 de marzo de 1993, hizo varias gestiones para reclamar dicha suma y no tuvo ¨¦xito. Le informaron que la cantidad fue devuelta en 1987 por la Caja General de Dep¨®sitos al entonces secretario del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 19 de Madrid, procesado por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Herrero pide a Justicia que le indemnice y el CGPJ estima que tiene raz¨®n.