La juez procesa a Carmen Salanueva por fraude de m¨¢s de 500 millones en el BOE

Carmen Salanueva, directora general del Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) entre 1985 y 1991; Julio Fern¨¢ndez Gonz¨¢lez, jefe de su departamento de producci¨®n de 1982 a 1992, y otras nueve personas -en su mayor¨ªa empresarios- han sido procesados por la juez de instrucci¨®n Ana Mar¨ªa Ferrer por malversaci¨®n y, otros delitos en relaci¨®n con la compra de papel prensa para el diario oficial, que, seg¨²n el auto judicial., perjudic¨® a la Hacienda p¨²blica en m¨¢s de, 500 millones pesetas. Las penas previstas por malversaci¨®n pueden, ir de 12 a 20 a?os de c¨¢rcel.

Los 11 procesados quedan en libertad provisional Salanueva fue detenida en noviembre de 1993 y qued¨® en libertad bajo fianza de 15 millones. La resoluci¨®n con, el procesamiento, firmada por la juez Ferrer el pasado d¨ªa 15 de julio -antes de iniciar su permiso de maternidad- y notificada ayer a las partes, considera que los hechos investigados desde 1991 revisten los caracteres de los delitos de prevaricaci¨®n (dictar resoluci¨®n injusta a sabiendas), malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y cohecho (aceptaci¨®n u ofrecimiento de d¨¢diva o regalo por una actuaci¨®n il¨ªcita). Como resultado de la investigaci¨®n, la juez considera que Salanueva y Fern¨¢ndez "adoptaron la decisi¨®n de comprar el papel que deb¨ªa utilizar el organismo para la confecci¨®n del peri¨®dico oficial a determina das empresas, por un precio muy superior al del mercado".

Para ello, Salanueva relev¨® al funcionario Faustino San cho Hern¨¢n y dio. instrucciones concretas para que las compras las controlase Fern¨¢ndez quien conoc¨ªa el mercado, pape lero y organiz¨® "una actividad defraudatoria, que, bajo la apariencia de legalidad y utilizan do siempre el procedimiento de contrataci¨®n directa", explica la magistrada, "( ... ) posibilit¨® la adjudicaci¨®n de los suministros de papel a precios previamente acordados y mucho m¨¢s elevados que los de rnercado". Las 11 adjudicaciones realizadas por ese procedimiento, con la participaci¨®n de empresas invitadas para dar la apariencia de legalidad y concurrencia, supusieron un total de 2.385,5 millones, con un perjuicio inicial para la Hacienda P¨²blica superior a los 500 millones, aunque las pruebas periciales pendientes pueden todav¨ªa elevar este importe.

Malversaci¨®n y cohecho

Al margen de otras penas como las de inhabilitaci¨®n y multa, la privaci¨®n de libertad que, en su caso, corresponde por cada uno de los delitos oscila entre 12 y 20 a?os por la malversaci¨®n y de seis meses a seis a?os tanto por el fraude como por el cohecho. Seg¨²n la resoluci¨®n, de 15 folios, existen indicios racionales de criminalidad contra Salanueva sobre todos los delitos mencionados y contra Fern¨¢ndez, sobre todos menos el de cohecho. Los indicios de malversaci¨®n existen, adem¨¢s de en los dos principales implicados, en Guillermo-Rafael Cervera Monfort, administrador ¨²nico de la empresa Toixima; Santiago S¨¢nchez Ezquerra y su hijo Luis S¨¢nchez Acevedo -el primero, antiguo ingeniero de instalaciones en el BOE y ambos propietarios de la empresa Tecnicel-; Jos¨¦ Mar¨ªa Olmo Ortega, coadministrador de Grolpinsa; Enrique Jos¨¦ Vidal Lorenzo, director de ventas del grupo Enso; Anton Soroa Carrera, consejero-delegado de Papelera Udalar; Lorenzo Cavanillas Garc¨ªa de Carellan, administrador ¨²nico de Papel-6 SA, y Ohto Mikael Nu¨®ttamo, director gerente de Enso Ib¨¦rica y representante en Espa?a de Enso Gutzeit.

Por lo que se refiere a la participaci¨®n en el cohecho, adem¨¢s de en Salanueva, la juez aprecia indicios de este delito en los empresarios Vidal Lorenzo, Soroa Carrera y Mikael Nuottamo, as¨ª como en Jack Kelly, amigo de la ex directora del BOE y que, seg¨²n la magistrada, actu¨® de testaferro suyo.

La magistrada se?ala que, a pesar de la gravedad de los hechos, dado que no se puede determinar el tiempo que falta para completar la instrucci¨®n y que "no concurren motivos para pensar que tratar¨¢n de sustraerse a la acci¨®n de la justicia", declara la libertad provisional de todos ellos.

Para garantizar posibles responsabilidades pecuniarias, la juez ratifica la. fianza de 60 millones impuesta a Salanueva y la incrementa en 140 millones. Asimismo, impone a Fern¨¢ndez Gonz¨¢lez una fianza de 125 millones; a Soroa, Mikael Nuottamo y Vidal Lorenzo, 65 a cada uno; a Cervera Monfort, S¨¢nchez Ezkerra, S¨¢nchez Acevedo, Cavanillas y Olmo Ortega, 50 a cada uno, y a Kelly, 15 millones. Tambi¨¦n se decreta la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas implicadas.

[La juez Ana Mercedes del Molino ha sido enviada en comisi¨®n de servicio por el Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 para sustituir a Ana Mar¨ªa Ferrer durante su baja por maternidad].