El Gobierno escarmienta del 'caso Roldan' y decide generalizar el control previo del gasto

Cualquier decisi¨®n de gasto, como adjudicar una obra, dar una subvenci¨®n o contratar nuevo personal, tendr¨¢ que ser supervisada previamente por los interventores del Estado. El Gobierno, escarmentado por el caso Rold¨¢n, ha decido as¨ª ponerse la venda aunque con la herida abierta. Mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, adoptado ayer, se generaliza la fiscalizaci¨®n previa antes reservada a los centros gestores. El Gobierno avanz¨® tambi¨¦n en la discusi¨®n de los presupuestos para el a?o pr¨®ximo que va pareja a la negociaci¨®n con los grupos nacionalistas. Seg¨²n el ministro de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, "se va a sacrificar todo" al objetivo de "consolidar la recuperaci¨®n y de crear empleo".

La comprobaci¨®n de que los adjudicatarios de contratos de obras y servicios o de subvenciones p¨²blicas y los nuevos contratos de personal laboral, cumplen los requisitos legales, ha reca¨ªdo hasta ahora fundamentalmente en los centros gestores. As¨ª, los ministerios, organismos y entes p¨²blicos, en general ten¨ªan la obligaci¨®n de verificar si, en el caso de los contratos y subvenciones, los beneficiarios estaban al d¨ªa en los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Una vez producido el gasto, los interventores del Estado comprobaban si efectivamente se hab¨ªan cumplido todos los requisitos.En la pr¨¢ctica, este sistema no ha permitido evitar casos como el del ex director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n. Por ello en el ¨²ltimo debate sobre el Estado de la Naci¨®n el Gobierno adopt¨® el compromiso de reforzar los mecanismos de control del gasto p¨²blico por parte de la Intervenci¨®n General del Estado. Como explic¨® P¨¦rez Rubalca, tras el Consejo de Ministros de ayer, se trata de "que el control sea mayor y m¨¢s eficaz".

La medida se engloba dentro de un acuerdo adoptado por el Gobierno -de 32 folios- y supone, en t¨¦rminos generales, que los interventores deber¨¢n fiscalizar previamente las decisiones de gasto y no s¨®lo, como ahora, una vez producidas. La vigilancia se centrar¨¢ en comprobar que las empresas que contraten con el Estado obras, suministros, servicios y asistencia t¨¦cnica, est¨¢n al d¨ªa en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El control se efectuar¨¢ antes de que se paguen las correspondientes facturas.

Adem¨¢s, la contrataci¨®n directa deber¨¢ estar debidamente justificada y se exigir¨¢ que se aporten un m¨ªnimo de tres ofertas por parte de otras tantas empresas. En los contratos de asistencia t¨¦cnica, deber¨¢ razonarse la falta de medios propios de la Administraci¨®n. Se exigir¨¢n, as¨ªmismo, requisitos adicionales en n¨®minas, subvenciones, expedientes de reclamaciones de da?os y perjuicios, en contratos patrimoniales, en convenios de cooperaci¨®n y en el reconocimiento de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social tanto para los funcionarios civiles, como en el r¨¦gimen especial de las Fuerzas Armadas. Se trata de verificar que la documentaci¨®n es la correcta y que se cumplen todos los requisitos legales.

Adem¨¢s, los interventores deber¨¢n realizar un control financiero posterior, es decir, una especie de auditor¨ªa sobre todos los expedientes de gasto. Esta posibilidad ya estaba contemplada en la Ley General Presupuestaria pero s¨®lo para los servicios p¨²blicos, organismos aut¨®nomos y sociedades estatales.

El Gobierno avanz¨® ayer tambi¨¦n en la discusi¨®n de los presupuestos para 1995. Los objetivos, seg¨²n P¨¦rez Rubalcaba, son "consolidar la recuperaci¨®n econ¨®mica y crear empleo" y a ellos "vamos a sacrificar todo los dem¨¢s". As¨ª, por ejemplo el ministro anunci¨® que el cap¨ªtulo destinado a la compra de bienes y servicios "va a crecer muy poco" de forma que "nos permita dedicar el m¨¢ximo dinero al est¨ªmulo de la econom¨ªa productiva". Tambi¨¦n "se apostar¨¢ decidamente por la formaci¨®n profesional".

La discusi¨®n del presupuesto en el Gobierno es, seg¨²n Rubalcaba, paralela a las negociaciones con los grupos nacionalistas para obtener su apoyo parlamentario. El ministro confirm¨® que el Gobierno no tiene intenci¨®n de flexibilizar a¨²n m¨¢s el mercado de trabajo, tal como ha propuesto CiU. No se ha descartado que para 1995 se rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de un nuevo impuesto sobre la energia.

Veh¨ªculos industriales

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha aprobado un plan renove para veh¨ªculos industria les, similar al que ya est¨¢ en marcha para los autom¨®viles de uso particular. Seg¨²n el ministro Juan Manuel Eguiagaray, "¨¦ste es el momento adecuado para que la incipiente recuperaci¨®n del sector pueda consolidarse". Seg¨²n este plan, los veh¨ªculos industriales que tengan m¨¢s de 10 a?os podr¨¢n acogerse a una subvenci¨®n de entre 90.000 y 100.000 pesetas por unidad hasta diciembre de 1995. El coste de las subvenciones que ha calculado Industria asciende a una cantidad entre 10.000 y 14.000 millones de pesetas.El ICO establecer¨¢ una l¨ªnea de cr¨¦dito de hasta 100.000 millones de pesetas, en condiciones especiales destinada a la compra de veh¨ªculos de uso industrial. Los tipos de inter¨¦s que se aplicar¨¢n ser¨¢n los del mercado menos cinco puntos, justos los que subvencionar¨¢ el Gobierno. El Plan estar¨¢ instrumentado a mediados de septiembre.