L¨®gica terrorista y moral democr¨¢tica

LA EXTRADICI?N a Espa?a desde Uruguay de tres terroristas de ETA y la casi simult¨¢nea detenci¨®n en Francia de una activista de la banda armada con el historial criminal de Idoia L¨®pez Ria?o han sido dos grandes ¨¦xitos en los esfuerzos del Gobierno espa?ol por intensificar la cooperaci¨®n internacional antiterrorista. En uno de los casos se tuvo que luchar contra la falta de informaci¨®n y los viejos prejuicios a¨²n existentes en muchas capitales de Latinoam¨¦rica respecto a Espa?a y contra una persistente manipulaci¨®n de los hechos por parte de los colaboradores de ETA no suficientemente contrarrestada por nuestra diplomacia y los partidos democr¨¢ticos. La detenci¨®n cerca de Marsella de L¨®pez Ria?o demuestra que se han logrado vencer las dificultades que, para la cooperaci¨®n con Francia en materia antiterrorista, hab¨ªan creado recientes filtraciones irresponsables e interesadas de antiguos colaboradores del Ministerio del Interior. La limitaci¨®n de da?os en las relaciones con Par¨ªs ha funcionado.

La sensaci¨®n de alarma que la intensificaci¨®n de la actividad de ETA, y sobre todo el atentado contra el teniente general Veguillas, ha provocado se ha visto lamentablemente acompa?ada por una escalada de la controversia entre los partidos democr¨¢ticos sobre las f¨®rmulas de la lucha antiterrorista. Esto no ha hecho sitio envalentonar a los comandos de la banda terrorista en su empe?o por justificar su existencia sembrando la muerte.

ETA no s¨®lo ha renunciado a convencer, sino tambi¨¦n a vencer. S¨®lo aspira a sobrevivir: a demostrar que nadie puede hacerla desaparecer. Tras el atentado que en junio de 1993, inmediatamente despu¨¦s de las elecciones generales, cost¨® la vida a siete personas en Madrid, un portavoz de HB proclam¨® el objetivo de aquella masacre: "Este atentado pone en evidencia el fracaso de las v¨ªas policiales". La conclusi¨®n era que la ¨²nica forma de acabar con la violencia era aceptar su exigencia de negociaciones pol¨ªticas.

Desde hace a?os, ETA y HB no reclaman los contenidos de la negociaci¨®n -amnist¨ªa, por ejemplo-, sino la negociaci¨®n misma: el reconocimiento de que su recurso a la violencia era justo y necesario. Los m¨®viles pol¨ªticos originarios son ya meros pretextos para matar. Puesto que su solo objetivo es demostrar su imbatibilidad, ninguna medida es tan eficaz pol¨ªticamente como la eficacia policial: porque contribuye a acabar con la imagen de impunidad en que se funda buena parte de la adhesi¨®n pasiva que ETA suscita en algunos sectores de la poblaci¨®n. Est¨¢ demostrad o que es la p¨¦rdida de libertad, (Txelis), o la perspectiva de perderla (Etxebeste), lo que hace. descubrir a los jefes de ETA la falta de sentido de la violencia.

Pacto de Ajuria Enea

Pero la experiencia tambi¨¦n indica que en ocasiones los ¨¦xitos policiales en la desarticulaci¨®n de comandos se convirtieron en fracasos pol¨ªticos en la lucha contra la perpetuaci¨®n de Ia violencia. Por una parte, los cr¨ªmenes de los GAL y la sospecha de la tortura se convirtieron en poderosos factores de reproducci¨®n generacional de ETA sobre la base de la teor¨ªa de las dos violencias que alimenta la espiral de la venganza. Por otra, la divisi¨®n existente entre las fuerzas nacionalistas vascas y las que se extienden por toda Espa?a respecto al tratamiento represivo de la violencia -extradiciones, dispersi¨®n de presos, competencias de la Ertzaintza- fue explotada por ETA para pretender erigirse en representante del conjunto de la comunidad nacionalista.

El Pacto de Ajuria Enea naci¨® para evitar esa din¨¢mica. Se trata sustancialmente de un compromiso de rechazo tanto de la guerra sucia como de la pretensi¨®n de ETA de negociar contrapartidas pol¨ªticas al cese de la violencia. Su contenido supone la aceptaci¨®n del marco auton¨®mico y comprende una serie de propuestas destinadas a favorecer una salida no traum¨¢tica al problema de la violencia. Entre esas medidas figura la reinserci¨®n.

?sta se ha convertido ahora en objeto de una pol¨¦mica que amenaza con romper el consenso democr¨¢tico antiterrorista. Es una pol¨¦mica absurda, alimentada por varios equ¨ªvocos inexplicables. El Partido Popular viene manteniendo desde hace tiempo la conveniencia, por una parte, de endurecer la legislaci¨®n penal en el sentido de excluir a los condenados por terrorismo de los beneficios de redenci¨®n de penas.

Por otra, cuestiona la conveniencia de mantener indefinidamente abiertas las "v¨ªas de, reinserci¨®n de las personas que decidan abandonar la violencia" ofrecidas en el Pacto de Ajuria Enea. Son posiciones que pueden ser discutidas, pero no a gritos y en la calle. El esp¨ªritu del pacto habr¨ªa aconsejado plantearlas en reuni¨®n entre miembros del mismo. Es evidente que el PP ha ca¨ªdo en la tentaci¨®n de utilizar esta espinosa cuesti¨®n en su ofensiva global de acoso al Gobierno. Y tambi¨¦n que parece asumir el riesgo de que esta t¨¢ctica produzca una seria fisura con otras fuerzas que son imprescindibles en la estrategia general antiterrorista del Estado, como son CiU, pero sobre todo el PNV, entre otras cosas, hoy responsable de la Ertzaintza.

Pero lo absolutamente ileg¨ªtimo es acusar al Gobierno de convertir la pol¨ªtica de reinserci¨®n en una amnist¨ªa encubierta para los terroristas. Aznar insinu¨®, horas despu¨¦s del atentado del 29 de julio, que la escalada actual era fruto de la supuesta lenidad del Gobierno ante ETA. Es una acusaci¨®n grav¨ªsima que no ha probado. Ni siquiera que haya habido un cambio en esa pol¨ªtica que justifique su repentina alarma.

Si la discusi¨®n se ha hecho tan confusa es porque algunas de las r¨¦plicas a estas acusaciones del PP han acabado d¨¢ndoles verosimilitud: as¨ª, cuando desde el PNV se dice que tambi¨¦n se beneficiaron de la amnist¨ªa los antiguos franquistas pasados a la democracia. Es un razonamiento absurdo. Lo que el PP cuestiona es precisamente si lo que estuvo justificado en 1977 puede seguir vigente indefinidamente. S¨®lo si ETA renunciase definitivamente a las armas y accediera a su disoluci¨®n, como hizo ETA Pol¨ªtico-militar en 1981, podr¨ªa considerarse un proceso de medidas de gracia comparable al de entonces.

Otra cosa son las medidas aplicadas por el Gobierno individualmente a algunos reclusos para favorecer su emancipaci¨®n del ambiente coactivo a que les somete la banda. Esa pol¨ªtica, orientada a propiciar la ruptura del monolitismo etarra, incluye facilidades para que los reclusos estudien una carrera, se comuniquen con la sociedad civil, etc¨¦tera. Uno de los ejes de esa pol¨ªtica es la dispersi¨®n; pero para que ¨¦sta produzca efectos es conveniente mantener abierta la expectativa de concesi¨®n del tercer grado. Nada tiene esto que ver con una amnist¨ªa encubierta.

Al lanzar la pol¨¦mica, Aznar puso en marcha un pe ligroso mecanismo: basta escuchar estos d¨ªas algunas emisoras de radio para comprobar qu¨¦ tipo de instintos ha movilizado: los que alientan la ley del tali¨®n. Es f¨¢cil lograr as¨ª -apelando a ciertos instintos del ser humano opuestos a los criterios de vida civilizada y democr¨¢tica- encontrar audiencias masivas.

La actitud del Gobierno socialista tampoco ha favorecido la claridad del debate. Si se tratase s¨®lo de aplicar el mandato constitucional de reinsercion de los presos, como pretende, no habr¨ªa habido necesidad de plantear la cuesti¨®n en el pacto. Estamos hablando de medidas pol¨ªticas, y no s¨®lo penitenciarias, y, de ah¨ª que su aplicaci¨®n corresponda al Gobierno. Pero es tambi¨¦n el Gobierno el responsable de recomponer el consenso, separando lo fundamental de lo secundario, no arrojando m¨¢s le?a al fuego, y agotando todas las v¨ªas para recomponer el di¨¢logo bilateral con el PP y el multilateral con todos los firmantes de los pactos antiterroristas. Dividir a los presos ser¨ªa un mal negocio si el resultado es dividir tambi¨¦n a los dem¨®cratas.