Di Pietro propone facilitar el arrepentimiento para que Italia venza la corrupci¨®n

Penas m¨¢s graves para los delitos de corrupci¨®n, pero tambi¨¦n sistemas m¨¢s ¨¢giles de perd¨®n que faciliten la colaboraci¨®n de los arrepentidos, es la receta que la magistratura de Mil¨¢n, por boca de su representante m¨¢s c¨¦lebre, Antonio di Pietro, propuso el s¨¢bado a la flor y nata de la clase dirigente italiana, reunida en un seminario junto al lago de Como. La declaraci¨®n del magistrado, que marca un hito en la l¨ªnea de actuaci¨®n de los jueces, tuvo, sobre todo, el sentido de una oferta de colaboraci¨®n a los empresarios para permitir a Italia salir de Tangent¨®polis.La esperada salida del atolladero de los procesos que agobian a los juzgados y de la inseguridad que los dirigentes italianos padecen como consecuencia de la investigaci¨®n de unas actividades delictivas que hab¨ªan llegado a convertirse en usos sociales corrientes s¨®lo puede ser de naturaleza legal, en opini¨®n de Di Pietro, y, en cuanto tal, compete al Parlamento resolverlo.

Pero ello no impide, estim¨® el juez, que "la sociedad civil tenga el deber y la posibilidad" de intervenir en el debate de los proyectos legislativos llamados a resolver el problema. En ese contexto, Di Pietro resalt¨® la importancia de las opiniones de los magistrados, "protagonistas que, queri¨¦ndolo o no, se han encontrado actuando en esa realidad". Y, por la misma raz¨®n, consider¨® fundamental la contribuci¨®n de los empresarios.

M¨¢s all¨¢ de la utilidad que estas ayudas concretas puedan suponer para el Parlamento, la oferta de Di Pietro tiene, sobre todo, el valor de proceder del ¨²nico estamento -la Magistratura- que, en Italia, puede proponer una soluci¨®n legal para acelerar la conclusi¨®n de las investigaciones sobre corrupci¨®n, sin despertar la sospecha de que trata de rehuir responsabilidades.

La ola de indignaci¨®n suscitada por la llamada ley del perd¨®n que el Gobierno de Giuliano Amato, en los ¨²ltimos d¨ªas de su existencia, intent¨® introducir infructuosamente hace dos a?os, y el fracaso del decreto de excarcelaci¨®n de los corruptos que el Gobierno de Silvio Berlusconi hubo de retirar, bochornosamente, en el pasado mes de julio, demuestran que ni los pol¨ªticos de antes, acosados por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, ni los de ahora gozan de la confianza popular imprescindible para dar un paso como ¨¦ste.

De ah¨ª que la intevenci¨®n de Di Pietro fuera muy bien acogida por un p¨²blico predispuesto a escuchar ideas de soluci¨®n en el que abundaban los ministros, pero sobre todo grandes empresarios.

Ante ¨¦stos, Di Pietro reconoci¨® que, con el tiempo, ha llegado a entender que, para que haya democracia, no basta con que las empresas sean "transparentes", ya que tambi¨¦n deben ser "eficientes".

Plan de los jueces

Entre las primeras, los jueces desean que los delitos de corrupci¨®n, concusi¨®n, prevaricaci¨®n y abuso de poder pasen a ser, considerados graves. En consecuencia, las penas, de cinco a?os de c¨¢rcel, con las que se castigan actualmente, deber¨ªan pasar a ser de 4 a 12 a?os para los funcionarios y pol¨ªticos, y de 3 a 8 a?os para los empresarios. En ambos casos, la condena lleva aparejada la confiscaci¨®n de bienes y la incapacidad para contratar con la Administraci¨®n.Pero se librar¨ªan de la condena todos los que se autodenuncien dentro de los tres meses de haber cometido delito y antes de que los jueces les investiguen, siempre que denuncien, adem¨¢s, a todos los que hayan participado en los hechos y reparen el da?o causado o devuelvan el beneficio.

Con respecto al pasado, el proyecto de los magistrados prev¨¦ el perd¨®n de la pena, en las mismas condiciones expuestas, para todos los que se autodenuncien por hechos anteriores a la publicaci¨®n de la ley en los seis meses siguientes.